MAS SOLO QUE NUNCA

ESTA VEZ NO HUBO GRITOS destemplados ni amenazas veladas a la débil democracia chilena. Esta vez la
decisión tomada por el ministro de Gobierno Británico, Jack Straw, de dar curso al proceso para extraditar a
España al ex dictador y actual senador vitalicio, Augusto Pinochet, no sorprendió a nadie. Esta vez, a
diferencia de los cuatro fallos anteriores, el avión de la Fuerza Aérea no lo esperaba en la base de Brize Norton
para llevarlo de regreso, ni los seguidores del anciano militar lo acompañaban para recibir la noticia. Su familia
incluida su esposa se encontraba en Santiago ocupándose de sus multiples negocios. El general por primera
vez estaba solo en la fría mansión de Virginia Water.
Algo nuevo está sucediendo en Chile y todos lo notan. El miedo a la imagen de Pinochet todo poderoso parece
estar quedando atrás y poco a poco las reuniones de generales dejan de atemorizar. Todos saben que no
pueden dar un golpe de Estado y que los generales se reunen para demostrar que aún tienen poder, pero que
su poder no alcanza hasta las autoridades de Gran Bretaña y España, que le han desconocido a Pinochet su
investidura de intocable.
Así lo analizó para SEMANA el decano de sociología de la Universidad de Chile, Manuel Antonio Garretón:
"Por primera vez el gobierno, las Fuerzas Armadas y la clase política han visto la dimensión real de la división
en la socied ad que causa la impunidad en las violaciones a los derechos humanos. Ellos nunca se
imaginaron que Pinochet iba a ser puesto en el banquillo de los acusados y que con eso se iba a destrozar
todo el entramado que se había ido construyendo, entre el gobierno, la oposición y las Fuerzas Armadas, para
debilitarlo que la mayoría de los chilenos señalaban: la participación de las Fuerzas Armadas en la represión.
Este nuevo escenario político, con Pinochet quedándose definitivamente en Europa, ha generado una urgente
busqueda de solución al problema de los derechos humanos y nadie quiere quedarse fuera".
Por eso la mayoría de los sectores políticos, el poder judicial y las Fuerzas Armadas han declarado estar
dispuestos a sentarse a conversar para resolver las demandas de verdad y justicia en materia de derechos
humanos; quienes parecen estar más dispuestos a encontrar un final feliz son la derecha y las Fuerzas
Armadas. Es decir, los que son señalados por la sociedad no quieren quedar consignados en la historia con
esa marca.
Y a esta carrera por alcanzar un acuerdo que permita sepultar el conflicto también se han sumado los dos
candidatos que postulan a la presidencia por la coalición gobernante, Concertación de Partidos por la
Democracia.
El Comando de Ricardo Lagos que representa al Partido Socialista y al Partido por la Democracia desde
noviembre ha tenido conversaciones secretas con su archienemigo de ultraderecha, la Unión Demócrata
Independiente, para buscar una solución negociada. Para Lagos, que representa el partido que llevó a Salvador
Allende a la presidencia, la busqueda de un punto final esta ligado a aspectos practicos: no quiere heredar un
conflicto que lo expondría a tener que elegir entre sectores que lo apoyan y que sufrieron la persecución
política y las Fuerzas Armadas.
Más abierta es la disposición de Andrés Zaldívar. De hecho, había comenzado a negociar, con el propio
Pinochet, algunos puntos conflictivos de la vida política chilena, como eliminar como feriado nacional la fecha
del golpe de Estado de 1973. Sin embargo le ha sido difícil obtener acuerdos en su partido, Democracia
Cristiana, que tiene un importante sector que se opone a los acuerdos de punto final sin verdad y justicia.
Quienes se niegan a entrar en negociaciones son los familiares de detenidos desaparecidos. Asi lo dijo a
SEMANA Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos: "A
nosotros no nos interesa una verdad arqueolígica, o sea que se traduzca en la entrega de restos y punto.
Nosotros hemos pedido desde el principio verdad, justicia y ahí veremos si perdonamos para reconciliarnos ".