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| 12/1/2014 8:30:00 PM

Los dos años amargos de Enrique Peña Nieto

El presidente mexicano vive su peor momento, mientras sus políticas se hunden en medio de casos marcados por la violencia y la impunidad.

Todo parecía salir a pedir de boca. Enrique Peña Nieto había conseguido redefinir las políticas gubernamentales del país hacia la productividad, la renovación y el crecimiento económico. México estaba dejando de ser el foco de violencia que se promulgó durante el mandato de Felipe Calderón.

La propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras una ausencia de doce años en el poder era clara: impulsar el crecimiento económico de México a través de las reformas estructurales.

Sin embargo, la ofensiva militar que emprendió el 11 de diciembre de 2006 Felipe Calderón contra el crimen organizado desencadenó una ola de violencia que no respetó tiempos y saltó sin problema de un gobierno al otro.

"Calderón estaba entregando un país con mayor violencia que como lo recibió. Hay violencia en secuestro, el delito se incrementó un 300 %, cuando entró había 620 secuestros al año y en el 2011 tuvimos cerca de 3.000", manifestó José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano y Justicia Social, meses antes de que Peña Nieto asumiera las riendas del país Azteca.

Desde el inicio de su gobierno el 1 de diciembre de 2012, la prensa ha seguido de cerca el proceso legislativo de reformas de gran calado, incluyendo una que abrió el sector energético a la iniciativa privada después de más de siete décadas de monopolio estatal.

Mientras, Peña cosechaba elogios de dignatarios extranjeros que visitaban México, de cuyos discursos desaparecieron las expresiones de preocupación por la violencia vinculada al combate al crimen organizado y a las violaciones a los derechos humanos que marcaron el gobierno de Calderón.

Todo iba bien para Peña pero desde junio del 2014 el discurso comenzó a derrumbarse. El asesinato de 22 civiles el 30 de junio en el municipio de Tlatlaya (Estado de México), de los cuales 15 fueron ejecutados por militares según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puso una vez más sobre la agenda los problemas de criminalidad que vive el país.

A este ya lamentable episodio se sumó la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero. Ambos episodios minaron no sólo la confianza de la comunidad nacional sino también la internacional, quien exige respuesta por la presunta participación de miembros del Estado Mayor en la configuración de estos dos crímenes.

La masacre de Ayotzinapa lo cambió todo. Ahora, Peña cumple dos años de gobierno en medio de una crisis desatada por la violencia y la infiltración de los narcos en varias autoridades municipales.

Lo que pocos sabían es que esta era apenas una de las trágicas realidades que vive el país. A los ya dos desgarradores episodios se sumó el horror de las fosas clandestinas y asesinatos. Desde 2009 se han encontrado fosas en 16 de los 32 estados. Según las autoridades la mayoría son producto de la guerra contra el narcotráfico que inició el expresidente Felipe Calderón.

De lo que hasta ahora se ha conocido, para agosto del año pasado el número total de desaparecidos reportados ascendía a 22,323 personas. Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Distrito Federal y Coahuila concentran el 50 % de las cifras, de acuerdo con estadísticas que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) entregó a CNN México el 15 de octubre.

Apremiado en el país y con su estrella internacional en declive por estos hechos, Peña Nieto anunció el jueves pasado un nuevo plan de seguridad para México, que no parece solucionar el problema de fondo. Este incluye crear policías únicas en las 32 entidades federales del país, otra para combatir la infiltración del crimen organizado en las alcaldías y una más para definir la competencia de cada autoridad en la lucha contra el delito.

El anuncio de Peña Nieto se produjo en una nueva jornada de violencia, tras el hallazgo de los cuerpos decapitados y con signos de calcinación de 11 jóvenes en Chilapa de Álvarez, Guerrero.

A dos años de su mandato la inseguridad y la violencia nunca se resolvieron, los seis años de Calderón no fueron suficientes para poner fin a una problemática que ha venido trabajando coludida con el Gobierno.

Mientras las críticas hacia su gobierno aumentan, Peña parece llegar a un punto de no retorno en la implementación de sus propuestas iniciales. El discurso del progreso y la renovación se quedó corto, y ahora la violencia y la impunidad marcan la agenda nacional. Ayotzinapa fue la punta del iceberg para su Gobierno.
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