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| 1/31/2015 10:00:00 PM

México pide verdad sobre los estudiantes

El gobierno de Enrique Peña Nieto concluyó la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos. Pero su versión ha hecho crecer el descontento.

Desde hace cuatro meses México está indignado por la de-saparición de 43 estudiantes en septiembre del año pasado en el estado de Guerrero. Tanto, que el gobierno de Enrique Peña Nieto está contra las cuerdas y desde entonces ha afrontado un rosario de acusaciones por corrupción e incompetencia. Y en una medida que logró enfurecer aún más a la opinión pública, la semana pasada decidió intentar convencerla de pasar la página con la hipótesis según la cual todo se debió a un malentendido entre mafiosos respaldados por policías corruptos.

Con tal fin, el procurador general de su país, Jesús Murillo, reunió el martes a la prensa para transmitirle los últimos avances de la investigación. Entre los hechos clave, citó la detención de Felipe Rodríguez, un mando medio del grupo Guerreros Unidos, quien confesó que uno de sus secuaces –respaldado por la Policía municipal– le había entregado varias decenas de jóvenes para que los matara y desapareciera sus cuerpos. Según su declaración, su grupo los confundió con miembros del grupo rival Los Rojos y los ejecutó e incineró en el basurero de la vecina Cocula. Solo los restos de uno de los desaparecidos, Alexander Mora, pudieron ser identificados en un laboratorio austriaco con tecnología de punta.

Tras presentar un video con la reconstrucción de los hechos, Murillo concluyó que “los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan”. Lo que en plata blanca significa que terminó la búsqueda, pues la fase de investigación está superada. Una “verdad histórica” que, sin embargo, rechazan sus padres, las organizaciones de derechos humanos y tanto la prensa local como la extranjera.

En primer lugar, los críticos señalan la falta de rigor en el manejo de los restos calcinados de los jóvenes, que según sus familiares fueron “plantados” en el basurero de Cocula. Una irregularidad que los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (los únicos en los que confían los familiares de los desaparecidos) ya habían advertido en un comunicado de principios de diciembre, donde afirman que fueron convocados al basurero “cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta”. A su vez, los expertos le dijeron la semana pasada a AP que la evidencia aportada por la Procuraduría no ofrece “certidumbre científica” pues “es esencialmente testimonial”.

Y esa observación señala otro punto débil de la historia de Murillo: que se basa en las confesiones de los sospechosos. Como dijo el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, si bien la tesis del gobierno es verosímil, “es difícil confiar en la palabra del procurador, pues en México se arrancan confesiones sobre la base de apremios, torturas, irregularidades y presiones”.

Y a lo anterior se suman las graves denuncias del abogado de los padres, Vidulfo Rosales, quien aseveró en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui que el día de los hechos “el Ejército (...) no actuó, al contrario, estuvo en la escena del crimen, brindando una especie de protección a los grupos delincuenciales”. Esa acusación tuvo eco en la carta que la directora para América Latina de Amnistía Internacional, Erika Guevara, le envió el miércoles a Murillo para pedirle investigar las denuncias según las cuales el Batallón 27 de Iguala favoreció los asesinatos, e incluso impidió que los estudiantes pidieran ayuda por sus teléfonos celulares.

A tres años del final de su mandato, el gobierno de Peña Nieto está decidido a continuar con sus reformas en los sectores de la educación, la energía y el transporte. “Estoy convencido de que este instante de pena, tragedia y dolor no puede dejarnos atrapados, no podemos quedarnos ahí”, dijo el martes en una reunión de representantes de las universidades de México. Sin embargo, solo logró afectar aún más sus ya bajísimos niveles de popularidad. La creciente irritabilidad de los mexicanos con su gobierno es un claro indicio de que si el presidente no afronta con seriedad la impunidad que azota a su país, toda su agenda política seguirá comprometida
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