MINISTROS AL BANQUILLO

El Presidente Osvaldo Hurtado que hace una semana inició el cuarto año de gobierno demócrata en Ecuador, enfrenta ahora el juicio político parlamentario a su gestión por parte de la oposición y la repentina dimisión del principal responsable en materia monetaria.
El ministro de Petróleo, Eduardo Ortega, actual presidente de la OPEP concurrió esta semana a la primera audiencia de interpelación ante el pleno del congreso unicameral, para que explique sobre el manejo de la política energética a su cargo. Ortega fue llamado por los legisladores Hugo Caicedo, de la izquierda Democrática (Social-democracia) y el social-cristiano León Febres Cordero, este último líder de la oposición al gobierno demócrata-cristiano que encabeza Hurtado.
En estos días, convocados por un legislador de la izquierda maoísta, Jaime Hurtado, se sometarán a interpelación los cinco ministros responsables de la política económica, para dar cuenta de medidas que, en opinión de grupos opositores, derivaron en un incremento general del costo de la vida.
Las interpelaciones, que según el ordenamiento legal ecuatoriano puedan llevar a la censura de un ministro y a su posterior dimisión, "tienen al gobierno preocupado, por el nerviosismo administrativo que generan y la consiguiente paralización en programas en marcha': dijeron funcionarios consultados.
Algo de esa inquietud pareció reflejarse en la imprevista renuncia del presidente de la Junta Monetaria, Jaime Acosta, un banquero privado que hace diez meses aceptó encabezar el organismo asesor del ejecutivo en materia monetaria. Fue precisamente la Junta Monetaria, entre cuyos miembros se cuentan los ministros del área económica a ser interpelados, la que en mayo pasado recomendó a Hurtado devaluar el sucre en un 32% con relación al dólar.
Ese cambio de paridad, el primero en diez años, constituye otro de los argumentos de la oposición empresarial y política que acusa al gobierno de "haber conducido al desastre a la economía ecuatoriana". Mientras la labor gubernamental es objeto de análisis en el Congreso, los transportadores sindicalizados de carga y pasajeros han planteado al gobierno una revisión del 100% en sus tarifas, amenazando con declarar un paro nacional si no son atendidos.
Entre tanto, los 800 policías que hace una semana declararon aquí un paro de actividades, denunciando "poca atención gubernamental a las necesidades económicas de la institución"--de 13.000 miembros--, llevaron sus problemas al congreso, después que el gobierno rechazó el movimiento, calificándolo de "amotinamiento e insubordinación"
Ese clima de inquietud se ha extendido también al aparato estatal, una de cuyas dependencias--el Instituto de Investigaciones Agropecuarias--se encuentra paralizado desde hace una semana por la huelga de su personal, que reclama mejores salarios.
Al momento de decidir sobre las interpelaciones, sin embargo, los partidos que apoyan al gobierno en el congreso, anunciaron que votarán "no necesariamente a favor de los ministros sino en función del acatamiento a la constitución y las leyes de la república" -