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Morales vs. Mesa

Quien en un principio parecía ser el gran aliado del presidente boliviano Carlos Mesa, el líder del partido MAS, Evo Morales, tiene a Bolivia en medio del caos.

13 de marzo de 2005

El bloqueo de las principales vías bolivianas continúa. Los manifestantes se han volcado a las calles de nuevo, desde hace dos semanas, a protestar por la ley de hidrocarburos que fue aprobada en un referendo popular en julio de 2004. Liderados por Evo Morales, diputado del Senado y cabeza del partido Movimiento Al Socialismo (MAS), acompañado por el líder de los indígenas aymará, Felipe Quispe, y el líder vecinal de la ciudad de El Alto Abel Mamani, han logrado llevar al país a un paro que, por lo que parece, no tiene fin a la vista.

El domingo 6 de marzo, en un discurso televisado a la nación, Carlos Mesa anunció su renuncia ante el Congreso, y argumentó que los bloqueos y las manifestaciones, al igual que las exigencias, habían llevado al país a una situación incontrolable. "Este es el país de los ultimatos, el país de las personas que se enrollan con dinamita para exigirnos que hagamos cualquier cosa que se les ocurra, buena, mala o regular", dijo. Y el lunes por la mañana envió la carta correspondiente.

Carlos Mesa lleva 18 meses a la cabeza del gobierno boliviano. Durante este período el país ha vivido en total 820 paros, bloqueos, manifestaciones y marchas en las cuales se han hecho todo tipo de exigencias al Presidente. Una de las razones para la poca gobernabilidad de Mesa es que no pertenece a ningún partido político y esto ha dificultado su gestión con el Congreso. Además, siempre ha reiterado su posición en contra del uso de la violencia para calmar a los manifestantes. Debido al uso de la fuerza contra un paro en 2003, con un saldo de 59 muertos, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada fue retirado del cargo. Y el presidente Mesa había advertido que si se veía obligado a utilizar la violencia, renunciaría a su cargo en forma irrevocable.

Al día siguiente, el 8 de marzo, el Congreso en pleno y unánimemente rechazó la renuncia de Mesa y los diputados firmaron el primer acuerdo político en los 18 meses de administración de Mesa en el que se comprometen a trabajar con el gobierno. Como dijo a SEMANA el analista político Carlos Toranzo, "este acuerdo con el Congreso hará que se creen las leyes y los términos para cumplir con las peticiones a las que ha accedido el Presidente". Pero resulta muy significativo que en el acuerdo no participó Morales.

El pacto está dividido en cuatro puntos principales. El primero es la aprobación de la ley de hidrocarburos tal y como fue votada en el referendo popular de 2004. El segundo incluye la creación de una asamblea constituyente, la aprobación de un referendo sobre las autonomías para los nueve departamentos y la elección popular de gobernadores. El tercero es un acuerdo nacional para que el legislativo y el ejecutivo puedan trabajar conjuntamente y se creen las leyes respectivas a las peticiones anteriores que ya habían sido aprobadas por el presidente Mesa. El cuarto punto busca acabar con los bloqueos.

No fue por simpatía con Mesa que el MAS rechazó su renuncia, sino porque consideran la acción un chantaje político. "Es un acto irresponsable con el país, el presidente Mesa debe asumir el momento histórico que está viviendo", explicó a SEMANA Gustavo Torrico, diputado de la Cámara por el MAS. Y en vez de tratar de apaciguar a los manifestantes, el movimiento hizo un pacto revolucionario con la Central Obrera Boliviana, que busca radicalizar aún más las protestas.

La situación es clara. A menos que el Presidente cambie la ley de hidrocarburos para subir el porcentaje de las regalías que deben pagarle las empresas multinacionales al Estado, de 18 por ciento a 50 por ciento, no se levantarán los bloqueos. Pero la probabilidad de que esta exigencia sea aceptada por el gobierno es mínima. Precisamente, el gobierno había bajado el valor de las regalías para incentivar a las empresas petroleras extranjeras a invertir en este país, el segundo más pobre de América Latina.

Bolivia posee las más grandes reservas de gas natural de América y en su mayor parte se encuentran sin explotar. A partir de la ley 1689 de hidrocarburos, estas son propiedad de la nación mientras se encuentren en el subsuelo, pero pasan a ser propiedad de las empresas una vez son extraídas. Este punto crea una gran controversia, porque los partidos populares siempre han luchado por una nacionalización de la tierra y de las materias primas que son extraídas de ella.

LA DISPUTA

Evo Morales fue segundo en las elecciones presidenciales de 2002 y es un político populista con gran acogida en el país, donde el 70 por ciento de la población es indígena y pobre. En un principio, después de la caída de Sánchez de Lozada, Morales y su partido respaldaron al presidente Mesa, tratando de calmar los ánimos de los manifestantes en diferentes puntos del país. Como dijo Torrico a SEMANA: "Hemos apoyado al Presidente, fuimos sus bomberos particulares". Pero en cuanto a esta ley específicamente, no piensan dar un paso atrás. La capacidad de movilización de este partido ha quedado demostrada durante estas semanas.

A pesar de esto, después del anuncio de renuncia del Presidente miles de bolivianos de clase media y alta mostraron su apoyo al primer mandatario y salieron a las calles a apoyarlo y tratar de detener a los manifestantes. Al haber sido ratificado por el Congreso, se podría creer que la popularidad del Presidente está en su punto más alto. La verdad es que los bloqueos han dividido al país entre los que no desean continuar con la violencia y la radicalización, y quienes apoyan las visiones bolivarianas del partido MAS. Este paro le está costando aproximadamente 3,8 millones de dólares diarios en pérdidas al país, según la revista The Economist.

La tensión entre Morales y Mesa es evidente, a tal punto que en su carta de renuncia, el Presidente hace referencia específica a que uno de los grandes responsables de su decisión es el dirigente del MAS. "Las posiciones de algunos de los más importantes protagonistas de la política boliviana y de algunas organizaciones sociales, regionales y sindicales están llevando a Bolivia a un punto de confrontación que pone en riesgo, a mi entender, nuestro futuro y nuestra viabilidad".

Y por esto mismo, el Presidente ha decidido "dar paso de la pasividad a la pro actividad en casos donde los manifestantes son más violentos, lo que muestra un cambio de política", como explicó Toranzo a SEMANA. Mesa ya advirtió que utilizará la justicia y el apoyo policial para controlar a los manifestantes. Por medio de detenciones y el levantamiento de cargos judiciales espera acabar con el paro y que el pueblo vea las consecuencias que pueden tener estas acciones; todo esto, evitando al máximo las acciones violentas. Pero esto podría radicalizar aún más los bloqueos y hasta tornar a los manifestantes violentos, ya que ellos no creen que se deban criminalizar sus muestras de inconformidad a las medidas del gobierno. Por ahora todo indica que Carlos Mesa continuará en la presidencia, pero en un país tan políticamente explosivo como Bolivia es muy difícil de asegurar que llegará hasta 2007.