Muerte en la plaza

Una vez más, las voces de los pueblos indígenas se escucharon. Esta vez fuerte, muy fuerte. En las alturas de la sierra sur del Perú, enardecidos pobladores del distrito de Ilave, frontera con Bolivia, lincharon al alcalde municipal y dos funcionarios suyos por corruptos y por ganar demasiado dinero. Sólo a partir de ese horrendo hecho, los ojos de Lima se voltearon hacia ese rincón olvidado. Sin embargo, la crisis se había iniciado 25 días antes y poco o nada habían hecho las autoridades del gobierno central para calmar la desesperación de las comunidades aymaras, acosadas por la miseria. El gobierno había prometido obras, descentralización y atención para esta zona. Promesas incumplidas que culminaron en una de las revueltas indígenas más sangrientas de los últimos años. Tras la ola de frío de 2003, el gobierno de Alejandro Toledo prometió ayuda para que la población pudiera reconstruir su devastada economía. Sin embargo, tras más de un año de incumplimiento poco a poco se caldearon los ánimos. Ante los hechos de sangre, el gobierno de inmediato nombró una comisión mediadora. Pero los aymaras gritaban: "Es demasiado tarde". Sólo 24 horas después, las fuerzas públicas pudieron ingresar a la zona. Pero la dirigencia aymara seguía empeñada en no hablar con las autoridades y pedían su anexión a la cercana Bolivia, ya que estaban "cansados de ser peruanos". Lo ocurrido en Perú no es ajeno a otras realidades suramericanas. En Bolivia, revueltas indígenas acabaron con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en violentas manifestaciones que cobraron la vida de 80 personas y dejaron más de 200 heridos. Hechos similares se registraron en Ecuador en 2000, cuando indígenas y militares derrocaron al entonces presidente ecuatoriano Jamil Mahuad. El olvido de estas ancestrales comunidades es una constante que poco a poco va tomando matices cada vez más desesperados para poblaciones como las aymaras o quechuas. Pero la atención a los reclamos indígenas está ausente en las agendas políticas latinoamericanas. Sociólogos y expertos peruanos en desarrollo consultados por SEMANA declararon que la justicia social y la atención a estos pueblos son esenciales en el desarrollo sostenido de los países andinos. En los parlamentos de Perú, Bolivia y Ecuador, la representación indígena es menor del 5 por ciento. En Perú, a pesar de la descentralización parlamentaria, sólo dos congresistas son auténticos representantes indígenas. En Ecuador, el grupo parlamentario indígena ha logrado por primera vez en la historia de ese país una representación importante con el grupo Pachakutik, e incluso logró que una de sus figuras, Nina Pakari, fuera ministra de Relaciones Exteriores. De otro lado, en Bolivia el partido del dirigente cocalero indígena Evo Morales ha logrado reivindicaciones en asuntos tan importantes como la explotación del gas. A pesar de estos logros, la representación aún es poca, y poco o nada se puede hacer por los verdaderos intereses indígenas. Paulina Arpasi, representante de los aymaras en el Congreso peruano, deploró los hechos pero dijo al gobierno de Alejandro Toledo que "es necesario empezar a tomar en cuenta a los indígenas para no lamentar hechos como los sucedidos pero de mayor alcance en un futuro". Al cierre de este informe, una tensa calma reinaba en el sur del Perú. El gobierno del presidente Toledo guardaba silencio y los partidos de oposición exigían culpables ante los hechos de sangre. Pero los culpables son todos; unos por no escuchar, otros por no cumplir y muchos por sólo usar a los indígenas con fines políticos y seguir dejándolos en el olvido.