Muerte a Saddam

Que Saddam Hussein debe pagar por sus crímenes es una afirmación prácticamente unánime en el mundo. El ex dictador iraquí se mantuvo en el poder por más de 20 años a sangre y fuego, sobre todo a costa de los kurdos que habitan el norte del país, y de la mayoría chiíta de la población, y su prontuario delictivo es de una barbarie impresionante. Pero esa unanimidad desaparece frente al juicio que se adelanta contra él en Bagdad. Quienes critican el procedimiento coinciden, irónicamente, con los abogados y con el propio Saddam, en sostener que el tribunal especial iraquí creado y financiado ad hoc por los norteamericanos carece de legitimidad, por cuanto fue establecido a partir de una invasión ilegal. Pero esos críticos no buscan, como los defensores, que el acusado sea dejado libre, sino todo lo contrario: temen que si al menos el juicio no es completamente ajustado a los estándares internacionales, y el acusado es condenado a muerte y ejecutado, Saddam pase a la historia no con la ignominia de los criminales, como correspondería, sino con el aura inmortal de los mártires. Muchos piensan que el objetivo de un juicio impecable sólo se conseguiría si se llevara al ex dictador ante una corte internacional patrocinada por la ONU como las que existen para los crímenes cometidos en los casos de Ruanda, Sierra Leona y la antigua Yugoslavia. Así opina el iraquí Chibli Mallat, uno de los fundadores de Indict, una ONG que lleva años buscando que la comunidad internacional juzgue los crímenes de Saddam, quien dijo al Christian Science Monitor que "este juicio que le están haciendo no es lo que queríamos, pues inevitablemente será visto como la justicia de los vencedores". En sentido semejante opina la ONG Human Rights Watch, para la cual "el juicio de Hussein es una desviación de los que se siguen actualmente contra los responsables políticos en situaciones de posconflicto". Esa posición se sostiene también en el argumento de que un juzgado creado al efecto, en medio de una virtual guerra civil, en el que el dirigente de una de las facciones es el acusado, tiene muy pocas posibilidades de funcionar adecuadamente. No es posible, por ejemplo, esperar un procedimiento ajustado a los estándares internacionales cuando la mayoría de los magistrados actúan tras el anonimato, viven refugiados con sus familias en la Zona Verde, el sector mejor resguardado de Bagdad, y cuando dos de los abogados de los compañeros de Saddam en el banquillo de los acusados ya han sido asesinados. Y para empeorar las cosas, las reglas del tribunal especial están muy por debajo de las garantías consideradas básicas en el mundo. Por ejemplo, Hussein y los demás acusados sólo han podido ver a sus abogados mientras son interrogados por el magistrado investigador. Y, lo que es más grave, los estatutos requieren que los jueces estén solamente 'convencidos' de la culpabilidad de los acusados, sin que ese convencimiento deba estar "más allá de toda duda", como es lo usual en los regímenes penales. Por otra parte, las facciones políticas que se disputan el poder en Irak pugnan por el control del tribunal, lo que ha conducido a que los jueces hayan perdido la brújula. Las escasas audiencias celebradas hasta ahora han sido dominadas por el propio Saddam, quien no pierde oportunidad de desconocer al tribunal y gritar órdenes al juez, Rizgar Mohammed Amin. Cuando éste, un kurdo, le concedió la semana pasada un receso a la defensa para contratar nuevos abogados que reemplacen a los asesinados, los chiítas se quejaron de que la verdadera razón era demostrar que Saddam puede tener un juicio justo en Irak, y que ello era un irrespeto al sufrimiento de sus víctimas. Con frecuencia hay manifestaciones que piden su ejecución, y el propio primer ministro, Ibrahim al Jaafari, se queja públicamente de que el juicio avanza con lentitud y que si estuviera en sus manos ya lo habría fusilado. Pero lo que tal vez causa más indignación entre muchos analistas internacionales es la escogencia del crimen por el que se juzga a Saddam. El prontuario de éste es muy amplio y comienza desde el golpe que llevó al poder a su camarilla del partido Baath entre el 17 y el 30 de julio de 1968. Saddam y su consejo de comando revolucionario fusilaron, torturaron o apresaron ilegalmente a cientos de opositores, sobre todo líderes islámicos. Pero el juicio no se refiere a eso, ni a su responsabilidad en haber invadido a Irán en 1980, lo que desató una guerra que causó cientos de miles de muertos, ni por usar gas venenoso contra las tropas iraníes y sus propios conciudadanos kurdos, sobre todo en Halabja en 1988, donde murieron 5.000 en un solo episodio. Ni a su decisión de invadir Kuwait en 1990, y de aplastar la rebelión chiíta que siguió a su expulsión de ese país por una fuerza multinacional. La explicación oficial para la escogencia del crimen por el que se le juzga es que es un caso en el que la culpabilidad de Hussein es fácil de demostrar. Ocurrió en julio de 1982, cuando su caravana fue atacada sin éxito mientras atravesaba el poblado de Dujail. Hussein mandó asesinar, en retaliación, a más de 140 de los habitantes. En las audiencias se ha visto un video de Saddam en el pueblito, vestido de militar, cuando ordena"llevarse" a dos aldeanos que le ruegan por su vida. Y su jefe de seguridad, Waddah al Sheik, testificó en el juicio, poco antes de morir, que Saddam ordenó los fusilamientos. Pero muchos, como la columnista Gwynne Dyer, del Salt Lake Tribune, piensan que la razón para que el juicio se haya sustentado en este episodio reside en el interés del gobierno norteamericano de centrar la atención en un asunto que no tiene complicaciones, para dejar en el olvido el hecho de que el dictador era un cercano aliado de Estados Unidos en los años 80, cuando cometió la mayor parte de sus crímenes. Richard Falk, profesor emérito de derecho internacional de la Universidad de Princeton, confirmó a SEMANA que "la hipocresía del gobierno estadounidense existe en dos niveles: el gobierno norteamericano orquesta el juicio mientras libra una guerra de agresión contra Irak, y algunos líderes anteriores de Estados Unidos fueron cómplices de Saddam en relación con sus peores muestras de criminalidad" . En efecto, los observadores recuerdan que Saddam lanzó la guerra contra Irán, recientemente tomada por los ayatolas, por cuenta del gobierno de Ronald Reagan, y que cuando le comenzó a ir mal, contó con el apoyo militar de Estados Unidos. Este apoyo se habría traducido en información de inteligencia y aviones Awac de reconocimiento que, entre otras cosas, permitieron a los iraquíes conocer en detalle la localización de las trincheras iraníes para llenarlas de gas venenoso. También sostienen que el gobierno de Reagan evitó que el Congreso condenara al dictador por ese uso de armas químicas, y que permitió, e incluso estimuló, a firmas norteamericanas y europeas para que le vendieran los ingredientes de esas armas atroces. Recuerdan que incluso cuando los aviones de Saddam atacaron por error un destructor norteamericano en 1987 y mataron 37 marineros, Washington lo perdonó. Por todo ello, el juicio que se adelanta contra Hussein corre el peligro de resultar un remedo de justicia. Hussein podría ser colgado por su responsabilidad en la masacre de Dujail, pero el efecto político de su sentencia podría ser totalmente contraproducente.