Nacionalismo local

El presidente interino de Bolivia, Carlos Mesa, sigue haciendo concesiones para tratar de mantener una precaria gobernabilidad en el país andino. Pero de seguir por ese camino, el futuro de la unidad nacional de ese país parece en entredicho.

El último capítulo del calvario que ha sido su paso por el poder tuvo lugar la semana pasada en Santa Cruz, la región más próspera, que se encamina a asumir una autonomía que resulta para muchos peligrosa. Allí la situación comenzó el 30 de diciembre, cuando fue decretada el alza del 23 por ciento en los precios del combustible, que condujeron a una serie de cortes de ruta y hasta huelgas de hambre para protestar por lo que se percibe allí como una injusta injerencia centralista. De nada valió que el gobierno cediera en el precio de los carburantes. Las exigencias de los dirigentes de las protestas pasaron a otro nivel cuando el Comité Pro Santa Cruz exigió que se entregara la autonomía política y administrativa a la región.

Lo cierto es que esos dirigentes, entre los que se encuentran los gremios agroindustriales y los terratenientes, aprovecharon la debilidad que el gobierno demostró ante las protestas de la ciudad de El Alto contra los altos precios del servicio de acueducto y alcantarillado. Mesa no pudo resistir la presión popular en las vecindades de La Paz y accedió a la exigencia extrema, de cancelar el contrato con la multinacional francesa Lyonnaise Des Aux.

La situación en Santa Cruz se salió muy pronto del control del gobierno central. Después de tomarse las oficinas y lograr la renuncia del gobernador Carlos Hugo Molina el 26 de enero, los revoltosos llamaron al pueblo a un cabildo abierto el 28 de enero para elegir un nuevo gobernador. "Los cruceños sabían que este sería un acto de sedición y que obligarían al gobierno a actuar", dijo a SEMANA Juan Carlos Rocha, director del diario La Razón. Mesa había amenazado con renunciar a su cargo si se veía obligado a usar la fuerza. Por lo tanto la única salida era, de nuevo, acceder a todas las peticiones.

En esas condiciones, los dirigentes del Comité pro Santa Cruz consiguieron un acuerdo para la elección de prefectos (gobernadores) por voto directo y para la celebración de un referéndum autonómico y vinculante no sólo para Santa Cruz sino para todas las regiones el 8 de mayo, el mismo día que se eligirá a los miembros de la Asamblea Constituyente.

Pero los dirigentes del autonomismo cruceño no tienen una base real de apoyo popular. Dirigentes como Evo Morales los acusan de representar los intereses de los 'oligarcas' en asocio de los inversionistas internacionales. Y los críticos sostienen también que detrás de todo está la tenencia de la tierra. "Lo que está ocurriendo es una respuesta para evitar una constituyente; es que se quieren blindar con la autonomía para evitar una posible repartición de la tierra", dijo a SEMANA el analista político Carlos Toranzo. Santa Cruz es el estado que genera la mayor riqueza del país. Por eso el Comité no tendría interés en la unidad nacional, a costa de los estados más pobres, Potosí y Oruro. Y eso explica que los campesinos e indígenas de todas las regiones, incluido Santa Cruz, rechazan la autonomía.

Lo que más preocupa a los analistas es que el autonomismo se contagie. Para la muestra Tarija, una de las ciudades más pobres pero asentada sobre un tesoro de gas natural, tendría mucho interés en disfrutar de esa riqueza sin compartirla con regiones que carecen de las mismas perspectivas.

Es difícil pensar que se calmarán los ánimos, a pesar de que el Presidente haya cedido a todas las demandas. "La gente lo apoya porque no es represivo", dijo Toranzo. Pero no pertenece a un partido político, ni tiene un gran apoyo en el Congreso. "Mesa ha cedido bastante, ha querido quedar bien con todos, pero no ha podido gobernar porque no se puede gobernar sin hacer política", agregó el analista.