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| 9/17/2016 12:00:00 AM

Nicolás Maduro: Yo, el supremo

El presidente de Venezuela ya ni siquiera se preocupa por aparentar ser un gobernante democrático. Así abusa del poder judicial.

Durante días, la suerte del periodista Braulio Jatar fue una incógnita. El 3 de septiembre, la Guardia Nacional venezolana lo detuvo en isla Margarita junto con otras 30 personas que participaron en un ‘cacerolazo’ contra el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, mientras que estas fueron liberadas en cuestión de horas, Jatar tuvo que permanecer tras las rejas.

La versión oficial es que, coincidencialmente, un tribunal le había imputado cargos por lavado, y que, en el momento de su captura, le habían incautado “una importante suma de dinero”. Una forma bastante burda, casi novelesca, de ocultar la verdadera razón de su detención: Jatar había cometido el crimen de publicar, en su periódico digital Reporte Confidencial, las humillantes imágenes del ‘cacerolazo’, en las que se ve al propio Maduro tratando de salir de un barrio de la localidad popular de Villa Rosa. “Tenemos hambre”, le gritaban los manifestantes entre insultos y abucheos.

Durante el fin de semana pasado, su caso cobró notoriedad cuando su familia denunció que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se lo había llevado con rumbo desconocido. Podría haberse convertido en otro de la ya larga cadena de abusos de los agentes del régimen que pasan relativamente desapercibidos. Pero esta vez la historia saltó a los titulares internacionales porque Jatar también tiene nacionalidad chilena y, como era de esperarse, la Cancillería de Santiago envió a Caracas una nota para exigir que sus familiares y abogados acompañaran el proceso.

Mientras tanto, la lista de presos políticos en Venezuela no para de crecer sin que sus seres queridos tengan recurso alguno para defenderlos. Según el Foro Penal Venezolano (FPV), una ONG fundada en 2002 que se dedica a brindarles asesoría jurídica a las víctimas de detenciones arbitrarias, desde enero de 2014 el régimen ha detenido a casi 6.500 personas por razones políticas, para un promedio de casi 200 arrestos mensuales.

Y a esas cifras dramáticas se suma una tendencia preocupante. Por un lado, aunque Maduro heredó de Hugo Chávez un país polarizado y una economía en crisis, lo cierto es que la detención masiva de ciudadanos ha sido una característica propia de su gobierno. De hecho, cuando llegó al poder tras las polémicas elecciones de 2013, en Venezuela había 11 presos políticos. Doce meses más tarde, esa cifra se había multiplicado por 30, y 2014 terminó con 300 personas tras las rejas sin debido proceso.

Por el otro, como dijo en diálogo con SEMANA el director ejecutivo del FPV, Alfredo Romero, “el número de presos en los últimos meses ha alcanzado niveles históricos”. En efecto, en lo corrido de 2016 ya van 2.500 detenciones, y en las primeras dos semanas de septiembre se han registrado 130, muchas de las cuales sucedieron tras las manifestaciones multitudinarias que se tomaron varias ciudades del país para exigir no aplazar más el referendo revocatorio contra Maduro. Pues es un hecho que a medida que su popularidad se extingue y que el control de los medios de comunicación no basta, el único recurso que le queda es silenciar a sus detractores encerrándolos en las cárceles del Estado con la complicidad de un Poder Judicial arrodillado por conveniencia o por miedo.

Esa es la suerte que han corrido líderes opositores como Leopoldo López, a quien el gobierno condenó a casi 14 años de prisión en un juicio que Human Rights Watch describió como “una farsa”. La jueza que le dictó esa sentencia se basó en los “pronunciamientos con mensajes subliminales” que este habría publicado en su cuenta de Twitter, para demostrar que él instigó la muerte de 43 personas durante las protestas de principios de 2014. Como confesó Franklin Nieves, uno de los fiscales que acusó a López pero huyó del país tras denunciar las irregularidades: “Hasta los testigos fueron falsos porque fueron obligados a declarar como nosotros queríamos”.

Una suerte similar han corrido los exalcaldes de Caracas y de San Cristóbal, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos, a quienes el régimen de Maduro acusa de “terrorismo” y de haber planeado un golpe en su contra. A su vez, el régimen ha acosado a sus familiares hasta el punto de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido para exigirle al gobierno respetar la integridad y la seguridad de Lilian Tintori, Patricia Ceballos y Mitzy Capriles, las esposas de López, Ceballos y Ledezma.

Sin embargo, advierte Romero, ni todas las detenciones corren la misma suerte ni todos los arrestos tienen el mismo objetivo. “Actualmente, unas 2.000 personas se encuentran con medidas restrictivas a su libertad y hay 94 presos políticos. Sin embargo, esa cifra oculta la realidad, pues existe un efecto de ‘puerta giratoria’: algunos salen, pero otros entran. Y el resultado de esa dinámica es que cada vez hay un número mayor de la población intimidada”.

Y en ese sentido, además de los opositores y de otras personas que representan una amenaza política para el gobierno, el FPV ha identificado a todo un conjunto de prisioneros políticos que, independientemente de su identidad, son retenidos por pertenecer a un grupo con el objetivo de intimidar a sus compañeros convirtiendo su proceso en un caso ejemplarizante. Ese es el caso de nueve estudiantes como Nixon Leal o Daniel Morales, o de abogados defensores de los derechos humanos como Marcelo Crovato. También de militares críticos con el chavismo, como Carlos Jiménez Alfonzo, o de simples tuiteros, como Skarlyn Duarte, una muchacha de 23 años acusada de trinar mensajes contra Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Desde 2014, su audiencia ha sido aplazada en varias ocasiones debido a que las presuntas víctimas (o sea Maduro y Cabello) no se han presentado a las audiencias.

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