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| 4/9/2001 12:00:00 AM

No hay escondite

Cuando se acercan los 25 años del golpe en Argentina una decisión judicial podría abrir el camino para juzgar a los militares

En un fallo historico el juez argentino Gabriel Cavallo declaró “la invalidez, la inconstitucionalidad y la nulidad insanable” de las leyes de obediencia debida y de punto final que pusieron fin a los procesos contra militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que ensombreció al país desde 1976 hasta 1982.

Las dos normas habían sido aprobadas por el Congreso en 1986 y 1987, cuando el gobierno de Raúl Alfonsín estaba bajo una fuerte coacción militar con intentonas de golpe incluidas. Quiere la historia que esta justa reparación se realice cuando se cumplen, este 24 de marzo, 25 años del derrocamiento del gobierno constitucional de Isabel Martínez viuda de Perón y su reemplazo por una junta militar al mando del general Jorge Rafael Videla.

La anulación de las “leyes de impunidad”, como las llama el juez en su sentencia, por ahora es sólo válida en la causa de Claudia Poblete, que a los 8 meses de vida fue secuestrada junto a su madre y su padre, un tornero chileno que había perdido sus piernas en un accidente automovilístico.

Aunque la sentencia todavía debe pasar por la Cámara Federal y luego por la Corte Suprema la decisión abre las puertas para juzgar a los criminales culpables del más grave de los delitos, el genocidio, en el que cerca de 30.000 personas fueron torturadas, secuestradas, arrojadas al mar o desaparecidas.

El fallo de Cavallo continúa una serie de decisiones históricas que han abierto un nuevo curso en la persecución internacional a los crímenes de Estado cometidos por gobiernos totalitarios y represivos.

Primero fue el juez español Baltasar Garzón, quien pidió la extradición de un centenar de militares argentinos, decisión que fue confirmada por la Corte española, que reafirma que no hay prescripción ni ley de obediencia debida que disculpen un crimen de lesa humanidad y genocidio.

Luego vino el fallo de los jueces británicos, que concedieron la extradición del ex dictador Augusto Pinochet a España, algo que finalmente no sucedió por una decisión administrativa basada en su supuesta mala salud, lo cual no impidió que en su propia patria, Chile, la misma Corte designada por Pinochet confirmara su desafuero como senador vitalicio, lo que abrió el camino del juicio que hoy se le adelanta. Y más tarde un juez y el gobierno mexicano pusieron contra las cuerdas a un torturador argentino que trabajaba en México y que podría ser extraditado a Madrid.

Siguiendo las mejores tradiciones del juicio de Nüremberg, que permitieron perseguir, juzgar y condenar a los nazis donde quiera que se encuentren, el juez Cavallo fundamentó su decisión en las normas de derecho internacional y en el derecho de gentes.

Para el juez argentino las desapariciones y tormentos “tienen el triste privilegio de poder integrar las conductas señaladas por la ley de las naciones como criminales, con independencia del lugar donde ocurrieron y de la nacionalidad de las víctimas y autores”, pues son crímenes de lesa humanidad que no pueden ser objeto de amnistías y son imprescriptibles, lo que quiere decir que son castigables aunque haya pasado mucho tiempo.

Cavallo argumenta que es imposible aceptar la aplicación del concepto de obediencia debida cuando “el personal que secuestró a José y a Gertrudis (los padres de Claudia), las personas que los torturaron y que denigraban a Poblete cuando, aludiendo a su condición de lisiado lo llamaban ‘cortito’ y lo arrojaban al suelo desde lo alto sabiendo que la falta de miembros inferiores impedía evitar que se golpeara al caer, actuaron cumpliendo órdenes superiores, no pudiendo resistirlas porque pesaba sobre ellos un estado de coerción”.

Que pasara

Irónicamente, el recién nombrado ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, ocupó ese cargo durante el gobierno de Alfonsín, que hizo sancionar las leyes hoy cuestionadas. Jaunarena comentó la decisión judicial diciendo que los fallos que eximieron a los militares eran “cosa juzgada”. Pero el gobierno de Fernando de la Rúa ya hizo saber que no va a hacer nada al respecto.

Los militares ya no tienen quién los defienda. Es que, un cuarto de siglo después, la mayoría de los que son responsables de crímenes pasaron a retiro o están llegando a la edad jubilatoria, de manera que un fallo contra ellos no traerá muchas consecuencias entre los uniformados. Aunque todavía no se sabe si la Corte confirma el fallo la decisión de Cavallo es un hecho político y jurídico de trascendencia. Distintos organismos de derechos humanos anunciaron que iniciarán causas contra otros militares, entre los cuales se destacan el actual jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni; Antonio Bussi, ex gobernador de Tucumán y Guillermo Suárez Mason, comandante del primer cuerpo del Ejército, bajo cuya jurisdicción se encontraba Campo de Mayo, donde muchas madres desaparecieron luego de dar a luz y muchos hijos recibieron la paternidad de sus secuestradores.

El abogado Marcelo Parrilli, que representa a Patricia Walsh, hija del periodista Rodolfo Walsh, desaparecido por la dictadura, comentó a SEMANA que “es un paso importante, aunque todavía queda mucho camino pues el fallo se aplica a una causa referida a la prescripción de menores y falta la confirmación de la Cámara y de la Corte. En varias oportunidades la Corte ratificó la constitucionalidad de las dos leyes anuladas pero puede cambiar de parecer”.

Un cuarto de siglo ha pasado desde aquel 24 de marzo. Veinticinco años de búsqueda para 30.000 familias. Las madres no encontraron a sus hijos, los hijos no encontraron a sus padres pero, en su lucha, han ido acorralando a los criminales para que la historia nunca más vuelva a repetirse.
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