¿NUEVO WATERGATE?

Que el proceso judicial contra el general panameño Manuel Antonio Noriega iba a estar lleno de dificultades, era una tesis compartida desde un principio por la mayoría de los observadores. Los esfuerzos por conseguir pruebas de la vinculación de Noriega con el narcotráfico no sólo produjeron episodios risibles (como la nevera llena de tamales que según los soldados gringos era cocaína pura). Lo cierto es que las pruebas documentales, además de escasas, resultaban controvertibles, entre otras cosas por la ausencia de formalidades legales de su obtención.

Por eso, quienes han seguido de cerca el proceso contra Noriega afirman que la fiscalía está pasando por las duras y las maduras para lograr la condena del panameño. Uno de los problemas es que el departamento de Estado ha negado el acceso a ciertos archivos de la CIA, que resultarían cruciales pero que involucrarían en asuntos no muy presentables, al actual Presidente de los Estados Unidos.

Las dificultades que enfrenta la fiscalía quedaron demostradas -Y al mismo tiempo agudizadas- la semana pasada. La cadena de televisión por cable CNN anunció que tenía en su poder siete cintas en las que el Departamento de Justicia habría grabado las conversaciones telefónicas de Noriega. Frank Rubino, el principal abogado de la defensa, no tardó en denunciar que la grabación de las charlas privadas de un acusado con su cliente eran una violación de las garantías procesales. Por eso, Rubino anunció que pediría el levantamiento de los cargos contra el General.

CNN, por su parte, presentó en su noticiero del jueves el sonido de una de las cintas, y anunció que había sido obtenida por un reportero de uno de sus noticieros, Telemundo, un informativo en español destinado al mercado de la Florida. La cinta en cuestión contenía las voces de Noriega y un antiguo funcionario panameño. Allí, el general le decía a su interlocutor que había que mantener en alto la moral de su gente en el país, y que ahora su estrategia legal le pasaría la pelota del juicio a la CIA y al presidente norteamericano George Bush.

Lo cierto es que el juez William Hoeveler prohibió la continuación de las transmisiones. Esa decisión se basó al menos aparentemente, en el interés por proteger el desarrollo del juicio. Pero dejó la sensación de que las cintas podrían contener revelaciones de gran trascendencia. Los analistas piensan que esa censura podría ser contraproducente para los intereses oficiales, sobre todo ante la importancia y el poder de la cadena de noticias más importante del país.

El abogado Rubino, por lo pronto no parece tener dudas de que la grabación de sus conversaciones revela la desesperación del fiscal Dexter Lehtinen por llevar a feliz término su cometido. Los procesos por tráfico de droga son especialmente detallados en sus procedimientos, y muchos abogados estiman que una brecha de esta naturaleza, podría terminar poniendo a Noriega de patitas en la calle.

La grabación de las llamadas de los presos es algo frecuente, pero no lo es la de las conversaciones con sus abogados. CNN afirmó que en los últimos tres meses se grabaron más de 60 horas y que al menos una parte sustancial habría sido entregada al fiscal.

En caso de que Hoeveler accediera a la cesación de procedimientos contra Noriega, el resultado sería un grave revés para el presidente norteamericana George Bush. El momento resultaría especialmente inoportuno, pues en estados Unidos crece el cuestionamiento por los excesos cometidos en Panamá a raíz de la invasión. Recientemente, el programa periodístico de televisión "60 minutes" afirmó que los muertos civiles producidos por los soldados norteamericanos serían por lo menos 4 mil, lo que contradice la cifra oficial gringa de 314 víctimas militares y 202 civiles.

El programa desató una avalancha de editoriales en demanda de una investigación de lo que un columnista llamó "un escándalo potencial de proporciones semejantes a Watergate".

Si los efectos políticos para Bush podrían ser graves, lo que enfrentaría el gobierno de Guillermo Endara en Panamá, podrían ser catastróficos. Su vicepresidente y ministro de Justicia Ricardo Arias Calderón se apresuró a anunciar que Panamá pediría la extradición del General para juzgarle por delitos cometidos allí. Pero para nadie es un misterio que Noriega sigue teniendo gran ascendiente en amplios sectores de la población, y que llegaría al país en momentos en que el régimen de Endara ha caído en un desprestigio total.

Hay quienes opinan la prohibición de trasmitir los cassetes podría ser el caso del año en materia de libertad de expresión en Estados Unidos. Pero combinado con el caso del general Manuel Antonio Noriega, y los miles de muertos panameños, el asunto podría adquirir dimensiones insospechadas. -