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| 6/5/2009 12:00:00 AM

Ocho policías y 22 indígenas mueren en enfrentamiento en Perú

LIMA (AP) — Al menos ocho policías y 22 indígenas murieron el viernes en la región selvática de Amazonas durante el desalojo de unos 5.000 nativos que bloqueaban una carretera para presionar al gobierno a que derogue decretos que consideran vulneran sus derechos de propiedad sobre sus tierras comunales y ancestrales.

El presidente Alan García lamentó las muertes y acusó a un líder indígena de caer en actos delincuenciales, mientras que la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, confirmó que ocho policías murieron baleados, y que otros cinco resultaron heridos.

Servando Puerta, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (Orpian) indicó en conferencia de prensa que 50 indígenas se encontraban heridos, 14 de ellos de gravedad.

El director de la Policía Nacional, José Sánchez Farfán, dijo que los agentes fueron atacados por los nativos con armas de fuego y que éstos también incendiaron la gobernación y otros locales públicos.

El líder indígena Alberto Pizango denunció, por su parte, un "genocidio" contra los pueblos nativos ya que señaló que helicópteros de la policía lanzaron gases lacrimógenas y balas contra los manifestantes que acataban un paro pacífico y bloqueo de la carretera Fernando Belaunde desde el 9 de abril pasado.

Los violentos incidentes ocurrieron en la zona conocida como la Curva del Diablo, en la provincia de Utcubamba, región Amazonas, a 730 kilómetros al norte de Lima, cuando a las cinco de la mañana se inició el despeje de la vía por parte de la policía.

Al hablar ante periodistas, el presidente García dijo deplorar los incidentes.

"Lamentamos mucho la pérdida de vidas humanas y este es un tema que ya estaba anunciado. El señor Pizango ha caído así en un nivel delincuencial. Asaltar una comisaría, arrebatar armas a los policías, victimar policías que mueren en el cumplimiento de su deber", dijo García.

Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), negó en una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros en Lima que los nativos hayan asesinado a los policías, pues dijo que ellos no portan armas.

Precisó que "tenemos una relación de 22 nativos muertos", entre ellos un alto dirigente de la zona llamado Santiago Manuin que era el presidente del comité de lucha de la zona amazónica conocida como Bagua Chica.

"Esto es muy grave.... nosotros los pueblos indígenas más bien responsabilizamos (al gobierno) y vamos a denunciar este genocidio", dijo, al mismo tiempo que pidió la intervención de veedurías internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Washington.

"Hemos sido atropellados, violentados ilegalmente... Pedimos garantías para nuestras vidas", manifestó, al informar que habían sido expedidas órdenes de detención contra él y otros dirigentes acusándolos de delitos de rebelión, conspiración y sedición.

Los indígenas adoptaron medidas de fuerza como bloqueo de carreteras e interrupción de las operaciones petroleras y gasíferas en la selva en reclamo de la derogatoria de un paquete de decretos dados por el ejecutivo --en virtud de facultades legislativas otorgadas por el congreso-- que los nativos denuncian vulneran sus derechos sobre sus tierras ancestrales, a la vez que amenazan la conservación de la Amazonía.

"No es posible que a los cuidadores del medio ambiente hoy en día nos estén culpando, que el gobierno nos quiera responsabilizar", dijo Pizango.

La posición de los indígenas ha sido respaldada por la Defensoría del Pueblo, que el jueves presentó ante el Tribunal Constitucional, el máximo organismo judicial de Perú, una demanda de inconstitucionalidad contra uno de los polémicos decretos legislativos, el 1064, porque vulneraría la "protección reforzada" que la Constitución establece a favor de las tierras de los pueblos indígenas.

En la víspera, sin embargo, el Congreso que había previsto debatir la derogatoria de otro de los decretos cuestionados, el 1090, referido a ley forestal, decidió postergar el debate, hasta conocer los resultados de las conversaciones entre el gobierno y los indígenas en busca de una solución al problema.

Pero Pizango dijo el viernes que en vista de los acontecimientos las conversaciones con el gobierno "están cortadas".
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