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| 3/23/2017 7:26:00 AM

Odebrecht: Contraloría de Bogotá investiga a nueve exfuncionarios del Acueducto

Tres exgerentes de la EAAB están entre los investigados. Se abrieron dos procesos de responsabilidad fiscal que suman $259.000 millones, por los contratos del interceptor Tunjuelo - Canoas.

La Contraloría de Bogotá tomó medidas en el caso Odebrecht. El ente de control abrió procesos de responsabilidad fiscal y medidas cautelares de embargo contra nueve exfuncionarios del Acueducto de Bogotá, entre ellos tres exgerentes, por los contratatos que se firmaron para construir el interceptor Tunjuelo - Canoas, según reveló Caracol Radio.

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En el foco de la Contraloría Distrital están Jorge Enrique Pizano, Luis Fernando Ulloa y Diego Bravo, quienes fueron gerentes de la EAAB durante la administración de Samuel Moreno (los dos primeros) y Gustavo Petro. Los otros funcionarios involucrados ocuparon cargos directivos dentro del Acueducto.

Los dos procesos de responsabilidad fiscal suman 259.502 millones de pesos y caen sobre el contrato que se llevó el consorcio Canoas (integrado por Odebrecht y una compañía de la familia Solarte) para construir el interceptor, y sobre el convenio firmado para terminar la obra, que fue suspendida durante la administración de Gustavo Petro cuando su avance era del 95%.

Además, informó Caracol Radio, la Contraloría de Bogotá investiga el pago que hizo la EAAB para extraer las dos máquinas tuneladoras de Odebrecht que quedaron enterradas en el predio Canoas, en Soacha, cuando la obra fue suspendida.

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En medio del caso Odebrecht, la Fiscalía investiga si la compañía brasilera entregó coimas para quedarse con el contrato del interceptor. Las investgaciones apuntan a que un soborno de mil millones de pesos llegó hasta los bolsillos de los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas.

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La entrega del contrato fue hecha el 30 de diciembre del 2009, en el encargo por vacaciones que le dejó el entonces alcalde Samuel Moreno a Héctor Zambrano (condenado por el ‘carrusel’ de las ambulancias por contratos firmados ese mismo año). Según la Fiscalía, los sobornos se abrían tramitado a través de Andrés Cardona, un lobista de la administración de Moreno Rojas.

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