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Manifestantes en la ciudad de Maracaibo marcharon este 20 de abril para apoyar a Rosales | Foto: AP

VENEZUELA

Opositor venezolano pide asilo en Perú

El ex candidato presidencial y cabeza visible de la oposición, Manuel Rosales, fue acusado de corrupción por lo que decidió huir pues dice no confiar en la justicia de su país.

21 de abril de 2009

Manuel Rosales, quien es presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) está siendo investigado desde 2008 por supuestos hechos de corrupción en la gobernación, que incluyen la apropiación de varios millones de dólares, convertidos en fincas y propiedades en su región natal y en la ciudad estadounidense de Miami.

Omar Barboza, presidente del UNT, le confirmó a la corresponsal de BBC Mundo en Caracas, Yolanda Valery, que el alcalde de Maracaibo se encuentra en la capital peruana.

"Rosales tomó la decisión de hacer uso del derecho de asilo para proteger su integridad personal y sus derechos políticos", dijo Barboza.

El dirigente político señaló que el trámite para conseguir asilo territorial "va bien", porque el alcalde y ex candidato presidencial "ha acreditado las pruebas de su condición de perseguido político" y dijo confiar "en la vocación democrática de Perú y su compromiso con el derecho de asilo".

Acusaciones encontradas
La corresponsal de BBC Mundo en Caracas indicó que, según portavoces de oposición, el caso Rosales es sólo el principio de una ofensiva contra los gobernadores y alcaldes opositores que se impusieron en las elecciones regionales de noviembre del año pasado.

Una de las medidas que señalan como parte de la estrategia es que el Ejecutivo designó recientemente un "jefe de gobierno" para el Distrito Capital, que asumió funciones antes asignadas a la alcaldía metropolitana, en manos del opositor Antonio Ledezma.

Rosales, ex gobernador del occidental estado Zulia, fue el principal contendor del presidente Chávez en las elecciones de 2006, en las que capitalizó cerca del 35% de los votos. Luego se convirtió en alcalde de Maracaibo.

El oficialismo niega la supuesta persecución de los líderes opositores y asegura que las medidas y decisiones que los afectan se han tomado en el marco de la Constitución y las leyes.