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| 2/6/2014 12:00:00 AM

Un juez español ordena el arresto de expresidente chino

El hecho de enorme repercusión muestra el alcance de justicia internacional.

La justicia internacional no se detiene a pesar de las enormes presiones de todo orden. El juez español de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictará la orden internacional de detención contra el expresidente chino Jiang Zemin y el ex primer ministro Li Peng, entre otros antiguos altos cargos de la cúpula política y militar del gigante asiático, por el genocidio en el Tíbet.

La Audiencia Nacional española había rechazado la petición de la Fiscalía de anular las órdenes internacionales de detención dictadas en noviembre contra cinco exlíderes comunistas chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin, por la represión en el Tíbet.

La Sala de lo Penal del tribunal, presidida por Ángela Murillo, notificó su resolución y en la que rechaza la petición nulidad presentada por el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Martínez Torrijos.

El fiscal argumentaba que para dictar las órdenes de arresto, que causaron un “fuerte malestar” en el Gobierno chino, tenía que existir en el procedimiento un auto de prisión motivado, pero el tribunal dijo que ese trámite corresponde al juez instructor, Ismael Moreno, quien debía haber dictado el auto y luego ordenar las detenciones.

Así, el tribunal ordenó a Moreno el pasado 18 de noviembre que dictara los arrestos al apreciar, en contra del criterio de este magistrado, que había indicios de delito contra los exdirigentes por su participación en lo que las víctimas califican de un ataque “generalizado y sistemático contra la población tibetana” entre finales de la década de los años 80 y principios de los 90.

Aparte de Jiang, presidente de China entre 1993 y 2003, la sala ordenó la detención de Li Peng, quien era primer ministro a finales de los años 80 y principios de los 90; Qiao Shi, exjefe de la seguridad y responsable de la policía armada; Chen Kuiyuan, secretario del Partido Comunista de China en Tíbet entre 1992 y 2001, y Peng Peiyun, ministra de Planificación Familiar en los años 80.

Lo hizo atendiendo un recurso de los querellantes -dos organizaciones y un lama de nacionalidad española- contra la decisión del juez de rechazar su detención, al entender que sí había indicios de que participaran en este supuesto genocidio del pueblo tibetano “habida cuenta de la responsabilidad política o militar de cada uno de ellos”.
En virtud al principio de jurisdicción universal, la Audiencia Nacional investiga esta querella presentada contra siete exdirigentes chinos, entre ellos el expresidente Hu Jintao (sucesor de Jiang Zemin en el cargo hasta marzo pasado), sobre quien no se ha dictado orden de detención.

Fue admitida a trámite en 2006, cuando la Audiencia Nacional se declaró competente para investigar el genocidio denunciado ante la imposibilidad de que pueda ser investigado por jueces chinos o por el Tribunal Penal Internacional.
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