¿ORGIA DE SANGRE?

LOS DISPAROS NO LLEGAron a durar un día, pero las repercuciones del fallido atentado contra el presidente Carlos Andrés Pérez y el consecuente derrocamiento de su Gobierno democrático podrían afectar a Venezuela por mucho tiempo. Los interrogantes que deben despejarse ahora giran en torno a lo que ocurrió y su porqué, así como lo que debe hacerse para asegurar que nadie vuelva a intentar jamás instalar un régimen dictatorial en la nación que fue cuna de Simón Bolívar.


El presidente Pérez elogió como héroes a los jóvenes soldados y demás funcionarios leales que murieron defendiendo su Gobierno, "a quienes una nación agradecida recordará para siempre". Pero la amarga verdad es que ninguno de esos jóvenes debió haber muerto. Dos semanas antes de que las tanquetas y unidades de paracaidistas asaltaran el Palacio Presidencial de Miraflores y la residencia de La Casona, un informante reveló a Carlos Julio Peñaloza, general de división (r.) y comandante del Ejército venezolano hasta junio de 1990, que en febrero se produciría un golpe de Estado.

Esta información fue transmitida a oficiales del Ministerio de Defensa y dos altos jerarcas del partido de Gobierno Acción Democrática. Peñaloza había venido siguiendo las carreras de los conspiradores desde 1984, y había advertido repetidamente al Ministerio de Defensa y a otras autoridades gubernamentales del peligro que estos representaban para la democracia venezolana. Y a pesar de que se realizaron varias investigaciones, ninguna evidenció prueba alguna de conspiración por parte de los ahora involucrados.

Las identidades de la mayoría de los jefes golpistas también eran conocidas para las autoridades militares, porque en noviembre de 1989 la División de Inteligencia del Ejército había obtenido una copia de un plan detallado para derrocar al Gobierno y asesinar al Presidente y al entonces ministro de Relaciones Interiores, Alejandro Izaguirre. Sin embargo, no se hizo nada, los insurrectos intentaron tomar el poder y ahora muchas familias venezolanas lloran a sus hijos perdidos. Si los sediciosos merecen una larga condena en prisión por su traición, también los oficiales, funcionarios de Gobierno y políticos de AD que sabían de la inminencia del complot, merecen ser juzgados y castigados, porque no hicieron nada por evitar la asonada.

El intento de golpe comenzó simultáneamente en las ciudades de Caracas, Valencia, Maracay y Maracaibo, poco después de la media noche del lunes 4 de febrero, participando en ella varios millares de soldados adscritos a batallones blindados y de paracaidistas pertenecientes al Ejército venezolano. En las ciudades de Caracas y Valencia, los insurrectos también fueron apoyados por algunos civiles, en su mayoría estudiantes universitarios, que quisieron apegarse a un golpe cuyo objetivo principal era el de acabar con el orden democrático e instalar una junta de gobierno cívico militar para "rescatar" a Venezuela.

En un comunicado dirigido al país desde la ciudad de Maracaibo, los militares rebeldes justificaron su acción como una iniciativa inspirada en el pensamiento del Libertador Simón Bolívar, y convocaron a "... todos los estudiantes y obreros, a los intelectuales, la Iglesia y hombres libres quienes sueñan y están dispuestos a participar en la reconstrucción de Venezuela. No tenemos sed de poder. No buscamos una dictadura militar".

La asonada fue planeada por un grupo de tenientes coroneles, mayores y capitanes, todos ellos con menos de 40 años y soldados profesionales de primera, cuyas mentes estaban infectadas por el convencimiento de que eran más perfectos que los demás en la sociedad venezolana, y que los dirigentes civiles de su nación eran estúpidos, corruptos y responsables de la crisis que ha venido sufriendo Venezuela desde hace años.

Todos los conspiradores pertenecían al Ejército. No hubo oficiales de la Fuerza Aérea o de la Guardia Nacional involucrados. Por los menos 12 batallones tomaron parte en el fallido golpe, o sea un 10 por ciento de los 120 batallones que componen el Ejército venezolano.

Los principales cabecillas fueron los tenientes coroneles Hugo Chávez Frías, Miguel Ortiz Contreras, Francisco Arias Cárdenas y Francisco Urdaneta Rivas. Se trataba de grupo en el que parte de la influencia es izquierda y parte es de tendencia derechista, pero todos sus integrantes compartían al convencimiento de que su "deber bolivariano" consistía en librar a Venezuela de la dirigencia política corrupta y reparar el empañado honor de la nación, y que esto sólo podría lograrse a través de un baño de sangre.

Su primer objetivo era asesinar al presidente Pérez y asumir el poder, pero su muerte habría sido sólo el comienzo. Una vez al mando, los alzados tenían la intención de ejecutar sumariamente a todo político al que pudieran echarle el guante. Indudablemente, la lista de candidatos a ser ejecutados también habría incluido a dirigentes sindicales, empresarios y demás miembros de las élites tradicionales de la nación. El "honor" de Venezuela iba a ser restablecido a través de un ritual sangriento.

No está claro por qué las Fuerzas Armadas y el Gobiemo no reaccionaron hace dos semanas. Un factor causal puede haber sido una confianza exagerada en la lealtad de los militares y la notabilidad de la democracia venezolana. Los venezolanos han venido murmurando acerca de un golpe désde hace años, como fórma de "limpiar" el estamento político plagado de corrupción, pero muy pocos creían en realidad que las tanquetas rodarían hasta el Palacio Presidencial de Miraflores.

Otro motivo posible es que los dos altos dirigentes de Acción Democrática, a quienes se informó sobre la inminencia del golpe, no hayan creído en lo que se les dijo, o quizás decidieron no decir nada esperando que Pérez se viese obligado por los acontecimientos a "rectificar" un programa económico al que el partido de Gobierno se ha opuesto desde principio de 1989.

Una tercera posibilidad que explicaría por qué no se hizo nada para evitar la asonada se relaciona con la credibilidad personal del general retirado, Peñaloza, y la antipatía que persiste en su contra por haber sacado a la luz pública la compra fraudulenta de municiones y armas por funcionarios del Ministerio de Defensa, lo cual llevó en última instancia a la renuncia del jefe de seguridad personal del Presidente, Orlando García. y dejó una sombra de incertidumbre tras el retiro del entonces ministro de Defensa, Héctor Jurado Toro. Los militares venezolanos han detestado siempre a cualquier oficial que saque sus trapitos al sol.

Aunque el ex presidente Rafael Caldera aprovechó la ocasión en el Congreso Nacional para atacar el programa de reajustes económicos, los sediciosos no buscaban dar marcha atrás al reloj y "rectificar" las políticas del Gobierno de Pérez. Su golpe era un ataque contra la corrupción, despilfarro y desorden que han llegado a caracterizar al sistema político venezolano.

¿Puede volver a ocurrir? Jamás, afirman el presidente Pérez y su ministro de Defensa. Pero la verdad es que sí podría ocurrir si la dirigencia política de Venezuela no cambia su conducta y se moviliza más agresivamente para reformar el sistema económico, político y judicial.

Esto significa que las reformas institucionales postergadas deliberadamente por los partidos políticos deben ser llevadas adelante con rapidez: que los sistemas judicial, político y electoral también deben ser reformados rápidamente; que la tradición de corrupción generalizada sin sanciones de clase alguna debe terminar; que debe cesar la práctica de lanzar acusaciones infundadas y falsas con el fin de socavar a oponentes políticos; y que se debe atender con urgencia la grave crisis social que padece más del 60 por ciento del pueblo venezolano.

Mientras el petróleo mantuvo en Venezuela la ilusión de la riqueza inagotable, las Fuerzas Armadas pudieron ser mantenidas cómodamente tranquilas de la misma forma en que se había controlado políticamente a otros sectores: a través de la generosidad económica del Estado; pero esos días ya se han ido, y deben desarrollarse mejores formas de encarar y satisfacer las necesidades reales del país.

Sin embargo, el daño causado por esos tenientes coroneles podría afectar a Venezuela durante años. El principal atractivo que ofrecía Venezuela a la inversión extranjera era la estabilidad de su democracia de 34 años. Infortunadamente esa estabilidad ya no puede darse por descontada.