PACTO SECRETO?

CUANDO SE SUPO QUE Luis Roldán había caído por fin en manos de la Interpol en Laos, los suspiros de alivio se sintieron a lo largo y ancho de España. El gobierno socialista de Felipe González, pensaron muchos de sus partidarios, había conseguido un golpe de opinión al poner tras las reias a ese hambre oscuro que había logrado, en pocos años, pasar de ser un miembro más del partido socialista a director de la poderosa Guardia Civil para terminar, por cuenta de sus delitos, como el hombre en quien los españoles aprendieron a personalizar sus frustraciones y su odio por la corrupción estatal.
Sin embargo la fiesta se aguó mucho más pronto de lo esperado cuando diversos medios de comunicación revelaron que la extradición de Roldán de Laos a España había requerido de la firma de un convenio con las autoridades locales que, según esos medios, podía implicar ventajas para Roldán.
Cuando el ministro de Justicia y del Interior, Juan Alberto Belloch, admitió públicamente la existencia del pacto, la credibilidad del triunfo gubernamental se fue al piso. Según la versión oficial, Laos únicamente aceptó permitir la extradición de Roldán si sólo es juzgado por cohecho y malversación de fondos, con el argumento de que de las acusaciones contra Roldán, su legislación sólo admite esas dos figuras. Eso dejaría por fuera al abuso de autoridad, fraude fiscal, prevaricato y apropiación indebida, con consecuencias muy determinantes a la hora de las condenas: Si se le condenara por todos los delitos, podría enfrentar 60 años de cárcel. Pero si la Justicia española aceptase la exigencia de Laos, Roldán estaría sujeto a penas de entre cinco y siete años y saldría luego de apenas pagar un año de pena.
Ese panorama tiene muy mala presentación para el gobierno de Felipe González, porque desde cuando Roldán huyó de España a comienzos de 1994 (meses después de renunciar a su cargo en la Guardia Civil), el ex funcionario amenazó con "tirar de la manta' para poner al descubierto la supuesta corrupción generalizada del gobierno. Políticos como José María Aznar sostuvieron entonces que el gobierno había permitido la desaparición de Roldán para evitar que con su captura se produjeran males mayores. Por eso, según la oposición, no sería raro que se hubiera producido un acuerdo con Roldán para que no dijera nada a su regreso a cambio de un tratamiento benévolo.
Belloch ha dicho en forma airada que Laos es un país soberano y que la inexistencia de un acuerdo bilateral de extradición lo obligó a aceptar la firma del convenio, en aras de traer rápidamente a España al prisionero. Pero cuando afirmó que sólo los jueces decidirán sobre si lo aplican o no, dejó muy mal parada su credibilidad como ministro de un gobierno serio.
En cualquier caso, el desgastado gobierno de González tiene de nuevo una papa caliente entre manos. Si resultara cierto lo del acuerdo favorable a Roldán, el episodio podría convertirse en la estocada final para la permanencia de González, que cumple este año los fatídicos 13 en el poder.