PALABRAS MAYORES

El lenguaje de las "notas verbales" que con frecuencia intercambian los gobiernos (que entre otras cosas tienen de todo menos de verbales) se asocia siempre con el uso de los más refinados eufemismos, reverencias y frases rimbombantes. Sin embargo, las que se cruzaron los gobiernos de Colombia y Venezuela la semana pasada se caracterizaron por una crudeza que muchos calificaron de insólita.

El episodio se desató a raíz de una nota de la cancillería colombiana en la que protestaba por la muerte de dos ciudadanos colombianos en la masacre de El Amparo y por otras atribuidas, en confusas circunstancias, a la acción de la SIP y la PTJ, dos organismos de seguridad del vecino país. El documento, a más de "expresar el estupor y enorme preocupación del gobierno colombiano" por los hechos de El Amparo, afirmaba que las víctimas de esa masacre habían sido "consideradas erróneamente" como guerrilleros y requería la investigación de los hechos, la sanción de los responsables y la indemnización de las familias de las víctimas. Sobre las demás muertes, se hacían consideraciones sobre la veracidad de las conclusiones de una investigación realizada en Venezuela según la cual los occisos planeaban un secuestro.

La reacción venezolana no se hizo esperar. Con una redacción que los expertos comparan con la de alguien que "tira en la cara", en la misiva recibida el gobierno de Venezuela rechazó "en forma categórica las apreciaciones subjetivas" contenidas en la nota colombiana y protestó "de la manera más enérgica, por los juicios temerarios", que constituían una intromisión en la jurisdicción interna de ese país.

Lo cierto es que al gobierno venezolano le debió caer como un balde de agua fría la acción diplomática en un momento en que está enfrentando violentos disturbios causados por la masacre de El Amparo y en que el candidato oficialista, Carlos Andrés Pérez, ha perdido puntos en las encuestas por cuenta del escándalo. Una situación que se vio agravada a última hora por la decisión de un tribunal militar de procesar por "rebelión" a los dos únicos sobrevivientes de la matanza.

Pero además, en opinión de expertos como el ex canciller colombiano Alfredo Vázquez Carrizosa, la nota del gobierno colombiano adolece de fallas técnicas que justificaron la extrema reacción de 105 venezolanos. Para Vázquez, "el gobierno colombiano tiene la obligación de velar por los nacionales que residen en el exterior, pero algunas de las frases de la nota, como la que califica de `errónea, la apreciación del Ejército, entra a terciar en un asunto que está siendo objeto de un juicio no sólo jurisdiccional sino político en ese país".

Pero a despecho de las fallas técnicas que pudiera tener, la nota reflejó la exasperación del gobierno de Colombia por el excesivo número de incidentes fronterizos presentados con Venezuela, en los que ciudadanos colombianos resultan víctimas de atropellos. Las relaciones entre los dos países llegaron a un punto "sensible", según declararon los respectivos embajadores. Pero la verdad para el ciudadano de la calle era que, de una u otra forma, habían tocado fondo.--