Viernes, 19 de diciembre de 2014

| 1993/03/08 00:00

A palabras necias

La decisión colombiana de no extraditar a Alan García provocó insultos anticolombianos en Perú. Pero el Gobierno tenía razones de peso.

A palabras necias

NO HABIA SIDO AUN ANUNCIADA OFICIALmente la negativa colombiana a la solicitud de extradición del ex presidente peruano Alan García, cuando algunos medios oficialistas de Lima se lanzaron a criticarla.
Ello era de esperarse, pero los términos resultaron sorprendentemente agresivos. Un editorialista llegó al extremo de sostener que se confirmaba "una creciente sospecha internacional sobre la ecuanimidad y objetividad en sus decisiones (del gobierno colombiano) vinculada a su negativa a extraditar a probados narcotraficantes con endebles razones". Otro periódico se atrevió a decir que la solicitud no había sido evaluada "con asepsia jurídica" y que no se había seguido "el curso establecido", que para el periodista correspondía en Colombia a la Corte Suprema de Justicia.
Aunque la reacción no era oficial, el tono de los ataques pareció borrar las dudas sobre la existencia de una persecución política contra García. Peor aun, la estridencia de las protestas no pudo ocultar una absoluta ignorancia del derecho de asilo, de los precedentes y del derecho interno colombiano.
La historia se remonta al golpe constitucional del presidente Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992. García, como secretario general del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) debió entrar a la clandestinidad hasta el primero de junio, cuando se refugió en la embajada de Colombia, donde permaneció durante las 48 horas que tardó el gobierno peruano para otorgarle el salvoconducto de salida hacia el exilio.
García había sido acusado en 1991 de corrupción durante su presidencia y aunque los cargos no fueron probados en año y medio de debates, al final el Congreso aprobó llevar adelante la acusación en votación dividida. Pero en la siguiente instancia la Corte Suprema desestimó los cargos. Fue solo después de que García estaba ya en Colombia que el gobierno de Fujimori, apoyado por una nueva Corte, decidió revivir el proceso y pedir la extradición. Pero esa solicitud estaba perdida y no por las razones que mencionan los editorialistas de Lima. Los principios del derecho de asilo otorgan al país receptor el derecho de calificar el delito y la eventual solicitud de extradición.
Esa potestad recae en Colombia en cabeza del Ejecutivo. La actuación de la Corte Suprema, tan reclamada por los peruanos, sólo es procedente en caso de controversia y como recurso a favor del afectado. En desarrollo de esa potestad, el gobierno evaluó los documentos a la luz de las normas aplicables, el Tratado Bolivariano de Extradición de 1911 -que excluye esa figura cuando tiene motivos políticos- y la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954.
Con base en ese análisis, Bogotá consideró que nada de lo expuesto demostraba que la solicitud de extradición tenía base legal. El gobierno presentó su decisión a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, la cual la encontró ajustada a derecho y sobre todo a la tradición colombiana sobre el derecho de asilo.
El análisis colombiano concluyó que la nueva Corte Suprema del Perú no podía solicitar la extradición de alguien por acusaciones que ya eran cosa juzgada. Los peruanos alegaban que la anterior Corte estaba compuesta por amigos de García, pero eso no garantizaba que la nueva, llena de amigos de Fujimori, actuara mejor que la anterior, con el agravante de que la primera era legítima y la segunda tenía una legitimidad cuestionable.
En segundo lugar, resultó evidente que el gobierno peruano revivió el tema para consumo interno, para que coincidiera con sus elecciones municipales. Ello parece demostrado por el hecho de que la solicitud fue presentada a la cancillería de Bogotá por un funcionario de segunda categoría, la embajada no efectuó gestiones especiales y el Canciller del Perú ni siquiera se tomó la molestia de llamar para interesarse por el asunto.
En tercer lugar, poco más tarde se presentó en Bogotá una comisión parlamentaria peruana. No sólo se trataba de una actitud insólita, contraria a los procedimientos del derecho internacional. El que estuviera compuesta por parlamentarios en plena campana acabó por demostrar que la solicitud tenía una motivación electoral. Que el gobierno peruano hubiera otorgado el salvoconducto a García para acogerse al derecho de asilo, y lo hubiera hecho en sólo 48 horas, evidenciaba además que una cosa era la situación del ex presidente en junio y otra cuando se acercaban las elecciones.
Independientemente del mérito de las acusaciones, el gobierno colombiano no podía ir más allá de lo que se le presentó. El antecedente de Victor Raul Haya de la Torre, fundador del APRA y asilado varios años por Colombia, debería ser suficiente para demostrar que la actitud colombiana no era improvisada, y así lo recogieron observadores de Lima de la talla del ex presidente Fernando Belaúnde Terry. Al final de la semana, el ambiente estaba dominado por los desproporcionados insultos de los peruanos. Pero a pesar de tan desafortunado incidente, no se esperaba que las relaciones de los dos países resultaran empañadas.

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