Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 1996/09/02 00:00

PALABRAS, TAN SOLO PALABRAS

La reforma electoral mexicana no implica necesariamente una pérdida de poder para el PRI.

PALABRAS, TAN SOLO PALABRAS

Sin dudas el presidente mexicano Ernesto Zedillo respiró tranquilo el jueves pasado, pues ese día pudo concretar una de las promesas que hizo en su discurso de posesión el primero de diciembre de 1994. Al asumir el poder, Zedillo dijo a los mexicanos que adelantaría una reforma electoral que permitiera un real ejercicio de la democracia.Que un presidente se haya comprometido con una reforma de tales magnitudes en un país como México resultaba utópico. Hacerlo era ir en contra de los intereses de su propia colectividad: el Partido Revolucionario Institucional _PRI_ que ha estado en el poder desde 1929. Sin embargo su idea comenzó a caminar; claro que fue más una reacción a la crisis generada por el desmoronamiento de la imagen del ex presidente Carlos Salinas de Gortari que fruto del convencimiento de los partidos políticos que un cambio semejante fuera posible. En el balance de su primer año de gestión Zedillo retomó el tema y aseguró que la reforma estaría lista antes de diciembre de 1996. Y así fue. Durante siete meses el gobierno, el PRI y los tres partidos de oposición (el Partido de Acción Nacional _PAN_, el Partido de la Revolución Democrática _PRD_ y el Partido del Trabajo _PT_) negociaron los términos de un cambio constitucional al sistema electoral. Tanto el PRD como el PAN se alejaron temporalmente de las conversaciones, situación que demoró la redacción del acuerdo. Finalmente, el pasado 25 de julio las partes anunciaron oficialmente que habían llegado a un acuerdo. El paso siguiente, entonces, era convocar al Congreso para que las nuevas normas fueran incluidas en la Constitución.Pero haber logrado un acuerdo no significaba que hubiera un consenso o que los partidos de oposición estuvieran absolutamente convencidos de que ese es el medio ideal para el establecimiento de una democracia real en México. El PAN y el PRD criticaron principalmente el nuevo sistema de elección de senadores: la adopción de la circunscripción nacional para escoger la cuarta parte de la Cámara alta es, a su juicio, un retroceso del sistema federalista, que terminará favoreciendo a las élites del Distrito Federal. El PRI, por su parte, se opuso al establecimiento de topes del 10 por ciento a los aportes que los particulares pueden hacer a las campañas políticas: ese mecanismo contribuiría al debilitamiento de las finanzas públicas.El partido de gobierno tampoco quedó contento con la fórmula adoptada para la elección del regente _alcalde mayor_ del Distrito Federal. En adelante, éste será escogido por sufragio universal y no podrán aspirar quienes ya hayan ejercido el cargo. Con esta fórmula quedan fuera de competencia importantes figuras del PRI, como Manuel Camacho Solís, antiguo burgomaestre de Ciudad de México a quien todos los observadores señalaban como el 'gallo tapado' del Carlos Salinas de Gortari.Otros de los cambios que le fueron introducidos al sistema electoral mexicano son la separación del Tribunal Federal Electoral de la Presidencia de la República, éste pasó a depender de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y el mecanismo de selección del presidente del Consejo General Instituto Federal Electoral, que estará a cargo de la Cámara de Representante en lugar del Ejecutivo.A pesar de esas discrepancias la reforma tuvo una votación unánime a favor tanto en la Cámara como en el Senado: a pesar de sus deficiencias los parlamentarios estaban convencidos de la necesidad de apoyarla. Claro que voceros de las bancadas del PRD y del PT aseguraron que ésta es apenas un abrebocas de las modificaciones que deben hacerse al Estado mexicano. La oposición no fue la única en expresar esa necesidad, unos días antes de la votación de la reforma electoral en el Congreso el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo énfasis en la urgencia de convocar a una asamblea constituyente.Y es que si bien la reforma introdujo grandes cambios al sistema electoral mexicano, éstos pueden ser insuficientes para acabar con las debilidades del sistema político. El columnista del diario Excelsior Gastón García Cantu señaló en su columna del viernes pasado: "Las reformas presentadas, como una conquista de la democracia mexicana, ponen a salvo de revisiones las 54 facultades constitucionales del Presidente". Además, el pueblo azteca ya sabe que las modificaciones constitucionales no son una garantía de cambio de las costumbres políticas: en 1994 el Congreso aprobó por decimonovena vez una enmienda al sistema electoral en 85 años. La vigésima reforma tendría a su favor el hecho de que es mucho más amplia que todas las anteriores.Claro que para medir los verdaderos alcances de los cambios aprobados por los parlamentarios la semana pasada habrá que esperar hasta julio de 1997, cuando se realicen las elecciones de Congreso, alcalde del Distrito Federal y algunas gobernaciones. Entonces se sabrá si la reforma sirvió para que el PRI no siguiera rigiendo el destino de México sin límite alguno o, simplemente, para que Ernesto Zedillo pudiera cumplir con una de sus promesas.

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