Las ‘chuzadas’ de Martinelli en Panamá

A Colombia y Panamá no sólo la une una larga historia en común, sino ahora también el destino de dos gobiernos señalados por un tema común: las interceptaciones ilegales de comunicaciones a opositores.

Hace pocas semanas dos de los funcionarios más importantes de la administración de Álvaro Uribe -María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno-, fueron condenados a 14 y ocho años de prisión por el escándalo de las interceptaciones ilegales.

Ellos dos se sumaron a otros altos funcionarios de la Casa de Nariño investigados y a cerca de 30 miembros del desaparecido DAS que han sido condenados por ese escándalo. Durante años, los funcionarios del gobierno anterior siempre ha dicho que se trata de una persecución política y que, tanto el DAS como sus integrantes cuestionados solo cumplieron con su deber.

En Panamá una situación similar se desarrolla y tiene contra las cuerdas al expresidente y empresario Ricardo Martinelli, que le otorgó asilo político durante cuatro años a la exdirectora del DAS.

Martinelli es protagonista de lo que allá se conoce popularmente como las ‘pinchadas’, que es el equivalente a la ‘chuzadas’ colombianas. La prensa de su país registra este martes que la Corte Suprema de Justicia panameña abrió causa penal en contra del exmandatario.

Se le acusa al exmandatario por delitos contra la administración pública y la inviolabilidad del secreto a la intimidad. Es decir ‘pinchazos’ que se dieron durante su gobierno contra 150 personas, entre empresarios, periodistas, dirigentes de la sociedad civil y políticos opositores al gobierno.

Martinelli reaccionó a través de su cuenta Twitter con el argumento de ser un perseguido político. Según dice el diario La Prensa de Panamá, se fue del país el 28 de enero pasado y en enero fue localizado en un condominio de lujo en Brickell Avenue, Miami (EE. UU.).

Registra el rotativo que para los próximos 17, 18 y 20 de agosto se llevarán las audiencias preliminares contra Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional, por la presunta comisión de los delitos contra la inviolabilidad de secreto y el derecho a la intimidad.

También fueron llamados dos exfuncionarios de ese gobierno, Ronny Rodríguez y William Pittí, que actualmente están prófugos. Dice el medio que los ‘pinchazos’ se realizaron con equipos que costaron 13,4 millones de dólares y adquiridos a una empresa israelí con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN). Dichos equipos están actualmente desaparecidos.