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| 3/2/2012 12:00:00 AM

Panamá: ¿espionaje al más alto nivel?

La oposición y diversos líderes sociales denuncian un permanente espionaje telefónico por parte de los servicios secretos del gobierno del presidente Ricardo Martinelli.

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Radned
"Este es un teléfono intervenido por los servicos secretos del gobierno de Martinelli. Tenga cuidado con lo que dice", es el mensaje del buzón de voz del móvil de Miguel Antonio Bernal. El profesor universitario y defensor de derechos humanos dice ser una de las decenas de víctimas del espionaje télefonico que lleva a cabo el Consejo de Seguridad del Estado de Panamá por orden expresa del presidente de la República.
 
Esta misma semana, el secretario general del Partido panameño Revolucionario Democrático (PRD), Mitchell Doens, presentó una demanda por la supuesta interceptación y escuchas ilegales de sus llamadas telefónicas.
 
Al parecer una grabación en la cual el politico habla con indigenas de la comunidad Ngäbe Buglé y que fue realizada durante el conflicto entre esta comunidad y el Gobierno, fue subida al portal de YouTube. Días después, denuncia el político, la grabación fue utilizada por miembros del partido oficialista en el congreso para acusar a la oposición de azuzar a los indígenas en contra del gobierno.

Espionaje político, extorsivo e intimidatorio
 
No solo los políticos opositores denuncian que el gobierno de Panamá, a través de su Consejo de Seguridad, está realizando escuchas telefónicas ilegales. El profesor universitario Miguel Antonio Bernal asegura que el presidente Ricardo Martinelli se vale del espionaje para ejercer un control sobre sus adversarios políticos pero que además, las grabaciones ilegales están siendo utilizadas con fines extorsivos.
 
"Este espionaje, además de la oposición política, está dirigido a los activistas de derechos humanos y a aquellas personas con las cuales el gobierno en algún momento, tiene interés de conocer cuales son sus actividades por asuntos de negocios o por asuntos comerciales y así, poder practicar una descarada extorsión. Se ha dado el caso de personas que les dicen que tienen una grabación suya y si no hacen lo que ellos quieren, los amenazan con sacarla a la luz pública", dijo.
 
Los pinchazos telefónicos estarían siendo utilizados igualmente para infundir miedo. Según Bernal todo esto sucede con conocimiento, protección y apadrinamiento del propio presidente Ricardo Martinelli.
 
"Durante su gobierno esto se ha convertido en una práctica política desde el día uno y forma parte, en mi opinión, de una concepción del poder que se rige por criterios para nada democráticos, para nada respetuosos de los derechos humanos. Una práctica que se basa sobre todo en el miedo. Hay mucho miedo en la población panameña".

Esté espionaje telefónico no solo estaría violando convenios internacionales que Panamá ha ratificado, sino su propia Constitución. Luego de una reforma en el 2004, la carta magna panameña prohíbe que se pueda proceder a escuchas telefónicas, si estas no cuentan con una previa orden de una autoridad judicial competente dentro de un proceso.

Una cuestionable 'asesoría'
 
El defensor de derechos humanos Miguel Antonio Bernal llama la atención sobre un hecho que por lo menos, levanta ciertas suspicacias.
 
Nos referimos a que la principal imputada en el famoso escándalo de espionaje telefónico o como se le conoce en Colombia el de las 'chuzadas' del gobierno del presidente Alvaro Uribe, está asilada en Panamá. El asilo de María del Pilar Hurtado, quien está imputada por la Justicia colombiana ha sido muy criticado fuera y dentro de Panamá por políticos y por diversas organizaciones de abogados y de derechos humanos.

Bernal y otras personalidades de Panamá han seguido muy de cerca el caso y están convencidos de que la exfuncionaria colombiana asesora al presidente en asuntos de pinchazos telefónicos.
 
"En mi opinión, Martinelli ha copiado, como un muy buen alumno, todas las practicas de escuchas telefónicas que tenía el gobierno de Uribe y está siendo asistido técnicamente por la señora Hurtado, quien no está sola en el país, sino que cuenta con un equipo de cinco personas que la ayudan en su trabajo".

Entretanto, la Fiscalía de Panamá ya abrió una investigación sumaria por denuncias de escuchas telefónicas a líderes opositores.

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