PASOS DE ANIMAL GRANDE

En poco más de una semana el gobierno de Felipe González ha tenido sendos encontronazos con dos de los llamados "poderes fácticos" en España: el Ejército y la Iglesia. Ambos estamentos, sin embargo, habían manifestado hasta el momento una voluntad de coexistencia pacífica con el poder socialista.

El primero y más grave de estos episodios se produjo tras las declaraciones del teniente general Fernando Soteras Casamayor al semanario "Intervill", en las que el máximo responsable de la Región Militar de Valladolid hablaba del estado de cabreo de los militares por la situación política española y se mostraba favorable al indulto para los golpistas del 23 de febrero de 1981. El gobierno consideró inadmisibles las declaraciones del alto militar y decidió sin demasiados rodeos el cese fulminante del teniente general. El hecho era prácticamente inédito en la historia de España: un capitán general había sido cesado por el Poder Civil. La decisión provocó algunas tensiones en las diferentes capitanías generales, en las que, según medios militares, se comentaba que Soteras se había atrevido a decir en voz alta lo que muchos piensan y se callan.

En sus declaraciones al semanario el capitán general de Valladolid afirmó que se había hablado mucho del intento de golpe de Estado de febrero de 1981 pero que nadie había dicho nada de la situación de España por esas fechas. "El hecho en sí podrá ser condenable --dijo-- pero había una motivación". Asegurando más adelante que sería una satisfacción para el Ejército que los golpistas saliesen a la calle. "Ese día --recalcó-- no se produjo derramamiento de sangre por ninguna parte, si bien fue un acto inconstitucional condenable, pero ¡caramba! yo no puedo asegurar que esos señores fueran antimonárquicos, ni creo que atentasen contra la democracia en general, sino contra un momento en el que el sistema democrático no estaba marchando".

Pero una de las afirmaciones que mayor inquietud causaron fue aquella según la cual "en esa situación teórica, fantástica, en ese momento en que la soberanía, la integridad territorial y el ordenamiento jurídico de España estuviera en peligro real, la Junta de Jefes de Estado Mayor instaría al presidente del Gobierno de ese momento a que reconociera su ineficacia e incapacidad, y el Ejército asumirá su misión constitucional". Era una forma como otra cualquiera de justificar el golpe.

Ruido de sables
Sin nombrar directamente al cesado teniente general el presidente del Gobierno, Felipe González, manifestó ante el Congreso su preocupación porque "todavía haya algunas personas, militares o civiles, que pretendan pensar que la Constitución prevé un supuesto de hecho en el cual no es el Parlamento quien tiene que controlar al gobierno". El jefe del ejecutivo, que abría con estas palabras su discurso sobre el estado de la nación, insistió además en que "si se da un supuesto de mayor o menor vulneración de la constitucionalidad, son los poderes del Estado los que tienen que decidir el juicio de valor que les merece esa situación".

Al día siguiente de esta afirmación presidencial, el diario ultraderechista "El Alcazar" en cuyas páginas son asiduos colaboradores notorios golpistas, ponía debajo de las palabras del señor González la afirmación de un teniente general durante un acto castrense según la cual un cuerpo del Ejército --la Legión-- estaba "a punto para intervenir en cumplimiento de la Constitución ". Y para que no quedara ninguna duda subrayaba que en el acto se habían pronunciado palabras de recuerdo a Francisco Franco.

Precisamente el hecho de que no haya sido ese diario el medio que diese a conocer el pensamiento de Soteras es algo que no ha pasado inadvertido a la hora de buscarle el "por qué" a las declaraciones que sabía iban a motivar, en el mejor de los casos, la amonestación del mando militar o el cese fulminante por decisión del gobierno.

Según una versión muy extendida, el desencanto personal de un militar que había visto pasar dos veces la oportunidad de ser capitán general de Madrid y a quien ya quedaban pocos meses en activo, habría servido de acicate para convertirlo en el portavoz de un descontento generalizado por una serie de hechos a todas luces inquietantes para el estamento militar: que el gobierno no haya puesto fin a los ultrajes a la bandera española en el País Vasco y que el Tribunal Constitucional haya echado abajo la LOAPA, una ley redactada a toda prisa por centristas y socialistas tras el intento de golpe de febrero del 81, que tenía por finalidad no confesada recortar los poderes a las comunidades autónomas para tranquilizar a los militares que veían en esta especie de federalismo a la española un peligro para la unidad de España.

Nadie piensa en este momento en España en otra intentona del tipo de la de Antonio Tejero entrando pistola en mano en el Congreso. El propio Soteras Casamayor se limitó a comentar al conocer su destitución: "Soy un hombre muy disciplinado, y acato la orden que me han dado respecto a mi cese" pero no se descarta una creciente presión de las Fuerzas Armadas sobre el Poder Ejecutivo. Quizá con otros sistemas, tal vez desde otras tribunas.

De ahí que no haya sido "El Alcázar", un diario para nostálgicos franquistas, el portavoz de ese descontento sino "Interviú", una revista que justamente la semana de las polémicas declaraciones agotó su millón de ejemplares publicando unos desnudos de Lola Flores. Como se dijo en otro conocido semanario, "todo un símbolo de toda una época".

Guerra de los catecismos
Y como haciendo eco al dicho "Los males nunca vienen solos", a los pocos días de este ruido de sables, los socialistas españoles se encuentran en medio de una guerra un tanto decimonónica a causa de unos catecismos. Desde junio pasado, representantes del ministerio de Educación y de la Conferencia Episcopal española trataban de ponerse de acuerdo para la publicación de unos catecismos de segunda enseñanza que contenían textos sobre el aborto que fueron juzgados por los representantes del ministerio como "susceptibles de crear confusión " entre los escolares, al equiparar el aborto con el homicidio, la guerra o el terrorismo.

El contencioso, que apenas había salido a la luz pública se hizo presente con virulencia, explotó al decidir el organismo representante de los obispos españoles la publicación de los controvertidos textos y al responder las autoridades académicas con la prohibición a los colegios de utilizar tales catecismos. La orden ministerial, sin embargo, no hacía ninguna mención de las sanciones que podrían aplicarse y que, legalmente, podrían consistir en la retirada de las subvenciones a los colegios privados que desobedezcan la circular y en multas de hasta 1.700 dólares.

Un representante de la jerarquía eclesiástica, el arzobispo de Zaragoza, monseñor Elías Yañes, declaró que "la prohibición de que entren los catecismos escolares editados por la Iglesia en los centros docentes sería un paso de especial trascendencia que ahora no me atrevo a calificar ".

Para muchos comentaristas esta escaramuza puede ser la espoleta de la batalla que van a mantener el ejecutivo y los rectores de la Iglesia católica española por el control económico e ideológico de la enseñanza cuando el próximo mes comience a debatirse en el Congreso la ley orgánica de derecho a la educación.

La jerarquía eclesiástica ya ha manifestado sus "reservas críticas" a los apartados económicos de dicha ley, ya que, según portavoces de los obispos, "la escasez de dotaciones presupuestarias no permite prever la supervivencia de la mayor parte de los centros privados". De estos centros, que agrupan a 12.000 empresas educativas, la mayoría de ellos son propiedad de la Iglesia católica.

Este parece ser el trasfondo de esta llamada guerra de los catecismos que de momento ya ha dado oportunidad a la oposición para calentar el ambiente y presentar una pregunta al gobierno para que explique los pormenores del enfrentamiento con la Conferencia Episcopal.

Muy difícil se ve en todo caso, que el gobierno español logre imponer su criterio en este asunto. Como sentenciaba el editorial de un periódico madrileño, "lo que el partido socialista tiene que hacer es evitar que la gente vaya a la cárcel por abortar, no que salven sus almas". --

Juan González Restrepo, desde Madrid para SEMANA