PELEA DE GALLOS

Algunos, los independentistas, llaman invasión a lo que ocurrió hace 100 años en Puerto Rico, el 25 de julio de 1898. Otros, los partidarios del sistema actual de Estado Libre Asociado (ELA), le dicen "el desembarco" y los que prefieren que la isla se integre a Estados Unidos lo llaman "la llegada". Esa variedad de definicionespara ese hecho ilustra algunos de los matices de opinión que existen en Puerto Rico sobre la historia _y el futuro_ del país. Sea como fuere, en esa fecha las fuerzas estadounidenses del general Nelson A. Miles pusieron el pie en Puerto Rico y desde entonces la isla ha permanecido bajo la jurisdicción de Washington. A fines de la semana pasada, como a tiempo para el centenario, la Comisión de Recursos Naturales del Senado de Washington consideraba, por primera vez, darles a los puertorriqueños la posibilidad de votar al final del año y en definitiva sobre su relación con Estados Unidos. De ahí que haya renacido la expectativa sobre el futuro de la única colonia que queda en América.
La historia
Desde que eran súbditos de España los puertorriqueños discutían sobre el futuro de su país. En 1876, cuando la Constitución de la península les dio representación parlamentaria, se definieron quienes aspiraban a integrarse a la metrópoli, quienes preferían una asociación autonómica y quienes querían el estatus de las demás ex colonias, es decir, la independencia. Ya desde entonces prevaleció la opción intermedia, que fue pedida en 1886 y concedida en 1897. Pero un año después el presidente norteamericano William McKinley, luego del incidente del Maine, pidió autorización a su Congreso "para liberar Cuba del colonialismo español". Tras la breve guerra esa isla, Puerto Rico, Filipinas y las posesiones del Pacífico pasaron a manos de Washington. Pero aunque Cuba y Filipinas mantuvieron la presión y recibieron tarde o temprano la independencia política, Puerto Rico quedó como botín de esa guerra desigual. De hecho, fue un puertorriqueño exiliado en Nueva York, el doctor José Julio Henna, quien, decidido a expulsar a los españoles a cualquier precio, movió sus influencias con el secretario de Marina Teddy Roosevelt para convencer a McKinley de incluir a Puerto Rico en la guerra. Desde la ocupación se dividieron los exiliados puertorriqueños que, como los cubanos, abundaban en la Nueva York de fin de siglo. Algunos, como Henna, preferían que la isla se convirtiera en estado de la Unión. Otros, como el filósofo Eugenio María de Hostos, insistían en que sus habitantes celebraran un referéndum. Y una tercera tendencia, entre quienes se destacaban el sociólogo Arturo Schomburg y el revolucionario Emeterio Betances, exigía la independencia. El 2 de agosto de 1898, reunidos en un local neoyorquino, los patriotas no pudieron ponerse de acuerdo y, a pesar de los pedidos de Hostos de preservar la unidad, disolvieron el capítulo puertorriqueño del Partido Revolucionario Cubano de José Martí. De esa manera los norteamericanos se quedaron con la isla prácticamente sin oposición. Para 1917 la condición colonial era insostenible porque era el campo abonado para que creciera la idea de la independencia. Entonces el Congreso aprobó la ley Jones, que otorgó mayores facultades de autogobierno y, para vincularlos más al país, otorgó ciudadanía estadounidense a los isleños. La Gran Depresión económica de 1930 golpeó a la isla y en ese ambiente surgió el Partido Nacionalista, liderado por Pedro Albizu Campos, hoy prócer de los independentistas, quien organizó un movimiento armado para exigir la soberanía inmediata. Pero tras varias situaciones sangrientas, como la masacre de la manifestación del Domingo de Ramos de 1937, fue capturado y encarcelado.
Estado Libre Asociado
El movimiento de Albizu no logró sus objetivos pero mantuvo viva la llama de la independencia. Algunos grupos intentaron acciones desesperadas, como un atentado contra el presidente Truman, pero lo único que lograron fue estimular la represión y acilitar la criminalización de todos los movimientos independentistas, política que aún hoy mantiene a 15 activistas presos, muchos de ellos a condenas de una severidad desproporcionada. Por fin en 1952 el primer gobernador elegido, Luis Muñoz Marín, del Partido Popular Democrático, promovió la celebración de una convención y un plebiscito que aprobaron la propuesta de 'Estado Libre Asociado'. Según éste, los puertorriqueños sirven en el ejército norteamericano, contribuyen a la seguridad social, no pagan el impuesto a las ganancias y reciben ayuda federal hasta por 10.000 millones de dólares al año. Quienes viven en la isla no pueden votar por presidente y tienen un delegado en el Congreso sin voto. No tienen moneda propia ni relaciones internacionales y la última instancia judicial es en Estados Unidos. En cambio los boricuas mantienen soberanía sobre sus símbolos más queridos: una bandera que respetan enormemente y el derecho de enviar candidatas a los reinados de belleza y delegaciones deportivas a los eventos internacionales. Estados Unidos conservó el derecho a mantener 15 bases militares en la isla y sus empresas siguieron teniendo un mercado interesante y una mano de obra más barata. Los incentivos fiscales y la inversión norteamericana elevaron el ingreso per cápita a 8.000 dólares, poco para Estados Unidos pero muy alto para América Latina. Por eso no es raro que desde entonces varios plebiscitos sobre el futuro de la isla hayan resultado a favor de mantener el estatus ELA. Pero ese sistema es esencialmente transitorio y la decisión de Washington de eliminar los incentivos a la inversión hace presagiar que el cambio es inevitable.
El futuro
Hoy en día los puertorriqueños viven entre dos mundos. Uno de sus pasatiempos nacionales, las peleas de gallos, goza allí de la legalidad que no tiene en Estados Unidos, pero en sus calles predominan los avisos de firmas norteamericanas y se oye hablar un idioma cercano al spanglish. En el último referéndum no vinculante, celebrado en 1993, los puertorriqueños votaron en un 49 por ciento a favor de mantener el ELA y 46 por ciento a favor de la 'estadidad', con el 4 por ciento por la independencia. Como dijo a SEMANA el politólogo Juan Manuel García Pasalacqua, "aquí llevamos más de 30 años con ese equilibrio y no parece que las cosas vayan a cambiar". Eso no hace bajar la guardia a las tres tendencias principales, cuyos líderes se aprestan a librar una batalla política: el gobernador Pedro Roselló, jefe del Partido Nuevo Progresista, que promueve la 'estadidad'; el presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal Acevedo Vilá, defensor del ELA, y Rubén Berrío, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). El tema de Puerto Rico revivió en Estados Unidos desde que la Cámara aprobara en marzo pasado un proyecto para la celebración de un referéndum sobre esas tres opciones. El texto, de 22 páginas, pasó entonces al Comité de Recursos Naturales del Senado, que redujo el inicial, criticado por favorecer la opción estadista, a unos cuantos artículos. "En ese comité, que tan extrañamente trata nuestros asuntos, ha surgido una nueva opción, que es la 'Libre asociación', semejante a la que se les otorgó a otros territorios como Palau, la Micronesia y las islas Marshall", explicó Pasalacqua. Esta nueva opción sería una especie de ELA dignificado en la que Puerto Rico tendría plena soberanía e igualdad ante Estados Unidos. En Washington también se agrupan las fuerzas en torno a Puerto Rico. Los mayores impulsores de la 'estadidad' son los demócratas, con Richard Gephardt a la cabeza. La razón es clara: "Nadie en la isla vota republicano y la integración plena de Puerto Rico les reportaría a los demócratas un aumento de dos senadores y ocho representantes", dijo a SEMANA un observador puertorriqueño. Pero también hay enemigos, sobre todo entre los medios más conservadores. La columnista Phyllis Schiafly escribió que admitir a Puerto Rico en la Unión sería "nuestro caballo de Troya" porque convertiría a Estados Unidos en un país bilingüe y binacional, como Quebec en Canadá, y añade que se trata de una población mucho más pobre y dependiente en la que opera un grupo extremista, Los Macheteros, de escasas acciones pero supuestamente aún en armas. Otros, como la organización U.S. English, que propende por el uso exclusivo del inglés en Estados Unidos, afirma, por encuestas recientes, que el 65 por ciento de los puertorriqueños no se considera american y menos del 14 por ciento saben inglés. Como una muestra más de la ambigüedad del tema, los mismos argumentos son esgrimidos por quienes piden la independencia desde el ángulo puertorriqueño. Al cierre de esta edición se esperaba que el miércoles de esta semana la Comisión decidiera sobre el plebiscito y definiera las opciones con miras a que el Senado en pleno votara sobre las mismas después del receso de septiembre. Pero, como dijo Pasalacqua, si es que se vota, lo más probable es que se siga el camino del medio: "En estos casos el que define es el que decide. Porque si se propone la estadidad con inglés como idioma oficial y de la educación, la independencia con obligación de mantener 15 bases militares o una ELA ampliada con doble ciudadanía, es obvio que la tercera va a ser la opción ganadora. Entonces, ¿quién ha decidido? Pues Estados Unidos, que sigue y seguirá teniendo la sartén por el mango en Puerto Rico. Y Estados Unidos no va a recibir tan fácilmente a tres millones de mulatos".