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| 12/20/1982 12:00:00 AM

PERDIENDO EL GLAMOUR

Una ola de huelgas parece anunciar un cambio de actitud de los sindicatos ante el gobierno socialista.

Los sindicatos obreros están pasando de una actitud crítica a una oposición abierta al gobierno socialista.
La intransigencia patronal y la política salarial del gobierno Mitterrand parece explicar la tensión y el deterioro del clima social que se observa actualmente.
A su vez, el principal gremio patronal, CNPF, anunció el 15 de noviembre -su decisión de retirarse del organismo que se ocupa desde hace más de 20 años del reembolso de los desocupados. ¿La razón invocada? Los sindicatos rechazan unánimemente la propuesta de reducir en veinte millones de francos el presupuesto dedicado a los dos millones de personas privadas de trabajo .
La conducta patronal que incrementa, según los sindicatos, la intervención del Estado, coincidió por otro lado, con la resolución del gobierno de retardar en un mes, y de disminuir de 4 a 3% el aumento del salario mínimo anunciado para el primero de noviembre.
Esta decisión, según el gobierno, corresponde al nuevo dispositivo adoptado el 1 de noviembre para regular los salarios, ajustándolos a la evolución de los precios y a los objetivos de los dirigentes socialistas, que son claros: "Francia, señaló Mitterrand el 16 de noviembre, debe permanecer o volverse la gran potencia que era". Vetusto, su aparato industrial debe ser renovado y la investigación favorecida, con el fin de pensar, como los japoneses, en los productos competitivos del futuro. Todas las capacidades de trabajo, ahorro, gestión y creación deben ser concentrados, según el jefe de Estado, en empresas capaces. "Las empresas del futuro". Esta adecuación que necesitará, por lo menos tres años de esfuerzos debe movilizar a todo el país.
Las mismas prioridades justificarían el paquete de medidas, anunciadas tres días después, a favor de las empresas "mas no de los empresarios " -subrayó el primer Ministro- y la decisión del gobierno de revisar sus promesas salariales, decretando, por ejemplo, en el sector público, un aumento de 8% para el año próximo, suma que corresponde a las previsiones inflacionarias.
Edmond Maire, secretario general de la Confederación Francesa de Trabajo (CFDT) denunció, por su lado, la "hipocresía" del gobierno que piensa que habrá una reducción del poder adquisitivo, pero no lo dice.
Con un millón de afiliados, la CFDT, de sensibilidad socialista, exige que los salarios hasta 4.100 francos sean garantizados. "Si el gobierno no cumple con sus promesas", advirtió otro miembro de su comisión ejecutiva, "habrá un conflicto abierto entre él y la CFDT". El mismo sindicato ha enjuiciado en términos severos la política de bloqueo de salarios y precios decidida por el gobierno del 14 de junio al primero de noviembre. "Es la consagración de un fracaso" declaró su principal responsable al periódico "Le Matin". "Se trata explicó Edmond Maire, de una confianza excesiva en los cambios de estructura impulsados desde arriba para cambiar la sociedad".
El sindicato teme además, que basándose en "fantasmas ideológicos" el gobierno oriente su gran proyecto de política industrial en una dirección contraria a las aspiraciones de los trabajadores.
Cuatro peligros asechan según la CFDT, la política del gobierno de Mitterrand: la confianza ciega en la tecnología, el mantenimiento de una visión puramente productivista, el repliegue nacionalista y el carácter tecnocrático de las decisiones.
De hecho, la CFDT que comienza a hablar de la "izquierda clásica y nosotros", repite su mismo análisis, tras 18 meses de gobierno socialista, la crisis no será superada: si las relaciones sociales no cambian y si el gobierno no tiene en cuenta el derecho de expresión, la iniciativa de los trabajadores y las propuestas de los sindicatos.
Por su parte, la Confederación General de Trabajo (CGT), aliada del Partido Comunista, se ha opuesto vivamente a las medidas en favor de las empresas. "Verdaderos regalos" exclamó su secretario general Krasuki antes de reconocer que algunas de ellas podrían beneficiarse de la ayuda del Estado si previamente se comprometían a crear puestos de trabajo y a "producir francés".
Partidaria del "rigor económico" mientras éste no se convierta en "gestión capitalista de la crisis", la CGT se opone sin embargo a la pérdida del poder adquisitivo, pues esa política no favorece ni la reactivación económica ni las inversiones, ni la lucha contra el desempleo. "Las decisiones del gobierno -advirtió- son perjudiciales a la credibilidad de la izquierda y por consiguiente, al apoyo popular indispensable para triunfar".
Estas advertencias y las huelgas provocadas por la CFDT, la CGT o el sindicato Fuerza Obrera, son concebidos como medios importantes de presión ante un gobierno que "contrariamente a la derecha acepta la negociación".
Pero los sindicatos ocultan mal el malestar de sus afiliados divididos entre el deseo de no rechazar una gestión económica que no hubieran aceptado de la derecha y la voluntad de no desestabilizar el poder socialista. "Nadie entre los trabajadores, declaró el líder de la CGT, desea el retorno de la derecha al poder. las acciones y las reivindicaciones se adaptan a la situación actual. Los sindicalistas obreros, contrariamente a los ejecutivos, que han declarado su oposición al gobierno, no son, según él, ni pasivos, ni excesivos.
Pocas veces sin embargo, se ha comprobado una división sindical tan importante como la que se observa actualmente. Los grandes temas de movilización general: 35 horas de trabajo por semana, lucha contra el desempleo, defensa de los desempleados, apoyo a los inmigrantes, parecen haber desaparecido para dar lugar únicamente a huelgas corporativistas.
Los sindicalistas se dicen convencidos de que, a pesar de todo, la acción del gobierno, sigue siendo positiva, pero su optimismo es mesurado. El gobierno debe cumplir con sus promesas y cesar de desesperar a su electorado, advirtió recientemente un dirigente de la CFDT, de lo contrario los socialistas pueden sufrir una seria derrota en las próximas elecciones municipales.
En realidad, el gobierno socialista encuentra grandes dificultades para convencer a los sindicatos de que la justicia social y el rigor económico pueden formar una buena pareja, incluso cuando el rigor concierne a los más desfavorecidos.
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