Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2009/03/20 00:00

Piden arresto de alcalde opositor a Chávez

La Fiscalía venezolana solicitó encarcelar al alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, a pocos días de que el gobierno de Hugo Chávez arrebató el estratégico control de puertos y aeropuertos a los gobernadores opositores.

Manuel Rosales, alcalde de Maracaibo Foto: Foto: AP

“Yo estoy decidido a meter preso a Manuel Rosales. Una calaña como esa tiene que estar en prisión, no gobernando un estado”, había dicho el presidente venezolano Hugo Chávez el 20 de octubre de 2008, en medio de la campaña hacia las elecciones regionales de noviembre donde Rosales, entonces gobernador del Zulia, fue elegido como alcalde de Maracaibo, la capital del estado. “No puede estar suelto”, sentenció el mandatario venezolano. Y en la Republica Bolivariana, donde la separación de poderes se ha ido desvaneciendo en los 10 años que el ex militar golpista lleva en el poder, sus deseos son órdenes. El jueves, la Fiscalía de Venezuela acusó formalmente a Rosales de enriquecimiento ilícito y pidió que lo encarcelaran como medida preventiva. Un tribunal deberá decidir en los próximos 20 días si Rosales será juzgado bajo arresto.

El anuncio encendió todas las alarmas en la oposición venezolana, que lo atribuye a una persecución política. Un Nuevo Tiempo, el partido de Rosales, atribuyó la medida a una “venganza electoral” porque el chavismo no ha podido derrotarlo en su región. Teodoro Petkoff, director del diario Tal Cuál, la calificó como una “aberración”. Y el propio Rosales, además de asegurar que era una “patraña” montada y ordenada por el Presidente, advirtió que “el pueblo se va a alzar”. Varios sectores ya anunciaron movilizaciones en los próximos días.

Aunque no desborda carisma, Rosales es un personaje popular en su natal Zulia, el estado más rico y poblado de Venezuela, donde ha sido gobernador y alcalde de Maracaibo en varias ocasiones. Tanto, que a pesar de las amenazas de Chávez, en noviembre los zulianos votaron a Rosales para la alcaldía y a su protegido Pablo Pérez para lo gobernación.

El alcalde alcanzó una dimensión nacional cuando obtuvo la candidatura unitaria de la oposición para las presidenciales de 2006. En esa ocasión Chávez ganó por paliza con más de siete millones de votos (un récord que no ha podido igualar), pero la candidatura de Rosales fue un punto de quiebre. Sirvió para agrupar a la fragmentada oposición y superar la estrategia abstencionista que le había entregado al chavismo en bandeja de plata la Asamblea Nacional. Esa campaña abonó el terreno para las posteriores conquistas opositoras: el triunfo del ‘No’ en el referendo de 2007 y el avance en las elecciones regionales de noviembre donde se quedó con cinco de las gobernaciones más importantes del país (Zulia, Carabobo, Miranda, Táchira y Nueva Esparta) y con la Alcaldía Mayor de Caracas. Pero Chávez ha recuperado el terreno perdido a las malas. Logró que fuera aprobada la reelección indefinida en un nuevo referendo a comienzos de este año y les ha arrebatado competencias a alcaldías y gobernaciones.

El ataque contra Rosales no fue un hecho aislado. Llegó pocos días después de que Chávez ordenó al ejército, el domingo pasado, tomar los puertos y aeropuertos del país que se encontraban hasta entonces bajo la administración de los poderes regionales. También ordenó, si hacía falta, detener a los gobernadores y alcaldes que se opusieran a la medida. Por supuesto, se refería a los opositores elegidos en noviembre, los más perjudicados con la medida.

Este nuevo pulso entre el gobierno y los opositores se enmarca en la reforma a la Ley de Descentralización. La medida (que no había sido sancionada cuando Chávez dio la orden al ejército) otorga al gobierno central el control de los puertos, los aeropuertos y las carreteras. Según la Carta, la administración de esas instalaciones es competencia exclusiva de las regiones, que sacan de allí buena parte de sus ingresos.

La iniciativa oficialista le apunta a desmontar el sistema “federal y descentralizado” planteado en Venezuela desde 1988, según explicó a SEMANA Román Duque Corredor, ex magistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia y presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. “Se trata de una disyuntiva entre la consolidación de un gobierno autocrático y un modelo descentralizado más democrático”, asegura.

Varios de sus adversarios atribuyen los últimos ataques de Chávez a una cortina de humo diseñada para desviar la atención de las medidas económicas que está a punto de anunciar, el sábado, para enfrentar la crisis económica y los bajos precios del petróleo. Sectores de la oposición anticipan un impopular paquete de ajuste, algo inédito para el líder de la revolución bolivariana. Distracción o no, la estrategia para asfixiar a sus rivales políticos luce evidente.

Primero fueron las inhabilidades políticas que afectaron a algunos de los opositores más populares, como el ex alcalde de Chacao Leopoldo López. Después, la ofensiva para convertir las alcaldías y gobernaciones alcanzadas por la oposición en un cascarón vacío. Y por último, la persecución de Rosales.

Pero la nueva ofensiva podría ser contraproducente. El gobierno de la boina roja se expone a llevar el enfrentamiento entre chavismo y oposición al terreno del centralismo contra los estados, lo que podría alimentar los liderazgos regionales.

“Los procesos como el de Chávez necesitan casos ejemplarizantes para demostrar que el poder es suyo, es indiscutible y que el adversario puede recibir toda la fuerza del estado”, dijo a SEMANA el sociólogo Amalio Belmonte, profesor de la Universidad Central de Venezuela. “Para él, la oposición no tiene derechos”.

El gobierno parece darle cada día más la razón al sonado informe de Human Rigths Watch, que asegura que la discriminación política y el desprecio de la separación de poderes consagrado en la Constitución son las características definitorias de la presidencia de Chávez.

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