PINOCHET: DOS TRAGOS AMARGOS

En diversos barrios de Santiago aparecieron el martes pasada volantes injuriosos contra el presidente del opositor Partido Demócrata Cristiano y ex canciller chileno, Gabriel Valdés, quien salió en libertad incondicional la semana pasada, tras ser acusado de violar la ley de seguridad interior del Estado.
En los anónimos volantes aparecen caricaturas del líder demócrata cristiano, uno de los cuales lo muestra vestido de etiqueta, otra elaborando panfletos en una imprenta y la tercera en la cárcel, rezando ante un retrato con una hoz y un martillo.
El 6 de julio pasado, tres días antes de ser encarcelado, Valdés había denunciado la existencia de una "campaña difamatoria" en su contra que se inició en abril de este año y que lo movió a enviar cartas al ministro del Interior, general Enrique Montero, pidiéndole una investigación.
En esa ocasión, el ex canciller señaló que en varias ciudades del país se habían distribuido volantes que lo injuriaban, sindicándolo de "traidor a la patria", sin que los responsables de la acción "torpe e infame" fueran individualizados y castigados. Manifestó que un ambiente de odio y violencia, como el que advertía en Chile, podía conducir a cometer crímenes .
"Hago responsables a los más altos funcionarios del gobierno de cualquier accidente o atentado que yo pueda sufrir", subrayó en la conferencia de prensa.
Valdés fue encarcelado el sábado 9 y permaneció cinco días incomunicado, acusado de infracción a la ley de seguridad interior del Estado por una causa sobre emisión de panfletos que convocaban a la "Tercera Protesta Nacional " por "el retorno a la democracia ", realizada el pasado día 12. Tanto él como otras cuatro personas arrestadas y aisladas por la misma razón, salieron en libertad el miércoles 13 por decisión de la Corte de Apelaciones de la capital del país, en medio de los vítores de numerosos manifestantes.
El gobierno apeló el fallo y el respectivo recurso comenzó a ser analizado más tarde por la Corte Suprema de Justicia.
Un poco después, la Corte de Apelaciones de Santiago concedió la libertad bajo fianza al presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Rodolfo Seguel, quien está siendo procesado por infracciones a la ley de seguridad interior del Estado.
Seguel permaneció 35 días recluído en la cárcel pública de esa capital y el 19 de julio la Corte aprobó la resolución que había adoptado el día anterior el magistrado Hernán Cereceda.
El sindicalista fue arrestado el 15 de junio pasado, al día siguiente de la "Segunda Protesta Nacional" por el "retorno a la democracia", a la que convocó el Comando Nacional de Trabajadores (CNT), que él presidía
El gobierno acusó a los tribunales al dirigente tanto por esa "segunda protesta", como por la primera, realizada el 11 de mayo, que fue organizada por la CTC.
El arresto de Seguel originó una serie de críticas tanto a nivel nacional como internacional, y los mineros realizaron un paro parcial el 17 de junio, lo que originó nuevas querellas del ministerio del Interior contra los principales dirigentes de la Confederación.
Además del presidente, otros seis dirigentes nacionales de la entidad están "declarados reos" (sometidos a procesos) y en libertad bajo fianza: el vicepresidente Hugo Estivales, e] secretario general Roberto Carvajal y los consejeros Roberto Guerra.Manuel Rodríguez, José Pérez y Raúl Montecinos.
La semana pasada, la Corporación del Cobre (CODELCO), que administra los minerales, informó que Seguel había sido despedido de su trabajo en la mina El Teniente, a unos 110 kilómetros al sur de Santiago, ante lo cual la directiva de la agrupación calificó el despido de "arbitrario " y subrayó que Seguel sigue siendo su presidente.
Debido al paro en los minerales, CODELCO despidió a 850 trabajadores, entre ellos a 31 dirigentes sindicales, pero en los días recientes se anunció que muchos fueron reincorporados. En El Teniente fueron reincorporados 175 de los 298 despedidos, en el Salvador 953 de 1.358 despedidos y en Andina cinco de 130 despedidos. La CTC afirmó que para ser reincorporados, los obreros despedidos debieron firmar una declaración culpando a los dirigentes del paro, calificado de ilegal.