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| 7/25/2017 5:37:00 PM

¿Por qué la Constitución es tan importante para los venezolanos?

La Constitución Bolivariana de 1999 no era una patente de corso como Chávez pretendió, por el contrario, se convirtió en la última instancia para la defensa de los venezolanos que se oponen a dicho proyecto político. Análisis de Ronal F. Rodríguez.

La “moribunda” Constitución con la que se juramentó Hugo Chávez el 2 febrero de 1999 fue la más longeva de Venezuela, también fue la Constitución bajo la cual más presidentes gobernaron, la única en la que existió alternancia en el ejercicio del poder y la que depuso un presidente legalmente, Carlos Andrés Pérez. La Constitución de 1961 reunía la voluntad política de los sectores demócratas venezolanos antagónicos al militarismo dictatorial y la izquierda prosoviética.

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No obstante, a finales de los años noventa el pueblo venezolano la daba por agotada, la fallida Comisión presidencial para la reforma del Estado -Copre- de Lusinchi, y la ampliación de la participación política, con la elección de alcaldes y gobernadores a finales de los años ochenta, no lograban resolver la desconexión entre los partidos tradicionales, el social demócrata Acción Democrática y el social cristiano Copei, con la sociedad. Se había intentado modificar la Constitución por vías institucionales pero el resultado no lograba satisfacer las demandas de un pueblo agobiado por la corrupción de sus representantes políticos.

En dicho contexto un exgolpista trajeado de demócrata empezó a recorrer el país, pueblo por pueblo, municipio por municipio, prometiendo un cambio constitucional, una refundación de la república, una transformación del Estado.
En dicho contexto surge la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, después de ser electo presidente el 6 de diciembre de 1998 con 3’673.685 votos, el 56,2 por ciento, y una abstención del 36,55 por ciento. El presidente Chávez convocó a los venezolanos en torno de dos preguntas:

¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una Democracia Social y Participativa?

¿Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y modificadas por el Consejo Nacional Electoral en sesión de fecha marzo 24, 1999 y publicada en su texto íntegro, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela #36.669 de fecha marzo 25, 1999?

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Un total de 3.630.666, el 87,75 por ciento, dijeron que Sí a la primera pregunta y 3’382.075, el 81,74 por ciento, contestaron de manera afirmativa a la segunda pregunta, pero 6’850.747 el 62,34 por ciento de los venezolanos con posibilidad de participar se abstuvieron de hacerlo, casi el doble para la primera pregunta y más del doble para la segunda.

Lo que, en opinión de los opositores, de aquel entonces, minaba la legitimidad del proceso, menos de 4 millones cambiaban la carta constitutiva de más de 24 millones de venezolanos.

En la elección de los constituyentes o “constituyentistas”, como los denominan los venezolanos, el 95 por ciento fueron para el Polo Patriótico, coalición chavista, de tal manera que 125 de los 131 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente elegidos discutieron el proyecto propuesto por Chávez. No obstante, la fuerza política del entonces presidente solo había obtenido el 65 por ciento de los votos totales, un cambio en el sistema electoral incluido en la segunda pregunta del referendo anterior le permitió al oficialismo alterar la circunscripción nacional y establecer un sistema mayoritario. Los entonces opositores al chavismo criticaron la legitimidad del proceso por el cambio de las reglas de representación y alegaron nuevamente la abstención, que bajó respecto del proceso anterior al 53,74 por ciento, pero que continuaba siendo más de la mitad de los venezolanos con posibilidad de votar.

Durante las “discusiones” para la elaboración de la nueva carta la Asamblea Nacional Constituyente se proclamó poder originario y amparada en una sentencia de la Sala Plena de la entonces Corte Suprema de Justicia asumió funciones del Congreso Nacional, bicameral, como la designación de los magistrados del nuevo Tribunal Supremo de Justicia -TSJ-. Uno de los antecedentes más importantes para el proceso que se adelanta por estos días porque diferentes voceros del oficialismo han evocado la figura de poder originario de la Constitución de 1999 para advertir que una vez electa la ANC de Nicolás Maduro desaparecerá la Asamblea Nacional, el poder legislativo, hoy en manos de la oposición.

El 15 de diciembre de 1999 los venezolanos asistieron a las urnas para decidir si aprobaban la nueva carta:

¿Aprueba usted el proyecto de Constitución elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente?

3.301.475, el 71,78 por ciento, votó por el Sí y 1.298.105, el 28,22 por ciento, votó por el No. La abstención tuvo un pequeño repunte de tal manera que en la consulta no participaron 6.041.743, el 55,62 por ciento, de quienes podían hacerlo. La nueva Constitución de los 24.028.689 de venezolanos fue aprobada por menos de 3 millones y medio de ciudadanos. Antes de la publicación en gaceta de la Constitución Bolivariana de 1999, la ANC destituyó todos los poderes públicos: Legislativo, Judicial y Electoral, al fiscal y al contralor, menos al presidente de la república.

La entonces oposición criticó todo el proceso por cuatro cosas: La primera de carácter simbólico, la Constitución de 1961 era el pilar de la democracia venezolana en un país que pasó del caudillismo decimonónico a la dictadura militar y el temor de regresar a un ordenamiento promilitarista o despertar escenarios anárquicos, lo que explica la desconfianza ante el cambio. La segunda de legitimidad, los altos niveles de abstención, en los tres procesos: el referendo consultivo, la elección de los “constituyentistas” y la aprobación, en los cuales la abstención siempre fue de más de la mitad. La tercera de carácter procedimental por los cambios en la representatividad para establecer un sistema mayoritario. Y finalmente de carácter político, la evocación del poder originario constituyente para deshacerse de la participación adversa en el entramado institucional.

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La Constitución Bolivariana de 1999 involucró un cuarto proceso: las denominadas megaelecciones del año 2000, todos los poderes de origen electoral de carácter nacional y regional debían someterse a una nueva elección: presidente, Asamblea Nacional, Poder Legislativo ahora unicameral, gobernadores, etc. Así las cosas, Chávez se valió de la alta favorabilidad de haber cumplido su principal promesa de campaña, sumada a la ambición de iniciar su período presidencial con las nuevas reglas de juego las cuales incluían la reelección y la posibilidad de conformar un paquete electoral para sumar el Legislativo y los ejecutivos regionales. La victoria fue para el chavismo, e incluso la abstención del orden nacional disminuyó al 43,69 por ciento y en el regional al 43,55 por ciento.

Gozando de la mayoría política Chávez pretendió adueñarse del Estado y pronto descubrió que la nueva Constitución de 1999, su equilibrio de poderes y su estructura de carácter liberal limitaban su margen de acción. A pesar de contar con una mayoría política el presidente descubrió que era necesario negociar, llegar a consensos y acuerdos con la oposición o incluso con sus propios colaboradores.

Para liberar el entuerto decidió echar mano de la Ley Habilitante, suerte de ley excepcional que otorga la Asamblea Nacional al presidente para legislar ante una situación que requiera actuar con prontitud en materias que esta lo defina. La cual tenía origen en la Constitución del 61, pero que en la del 99 ampliaba los campos de acción más allá de los temas económicos. En sus 13 años al frente del poder modificó aproximadamente 215 leyes, entre las que se incluyen temas delicados como la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, que a la fecha y con la última reforma de Nicolás Maduro se ha modificado cinco veces.

La instrumentalización de la Ley Habilitante usada incluso contra la propia Constitución y con un TSJ cada vez menos autónomo le permitió al oficialismo evadir la construcción de consensos que caracterizan a los sistemas democráticos.

También ayudó la implementación de un vasto sistema clientelar sustentado en los altos precios del petróleo que le permitió contar con un amplio apoyo popular de orden electoral, que daba a su gestión una fachada de legitimidad. A lo cual se sumó, el accionar de sectores opositores no democráticos que perpetraron el Golpe de Estado del 11 de abril de 2002, lo cual creó la imagen de un líder popular respaldado por su pueblo que era víctima de las viejas “oligarquías” venezolanas y así contó con el apoyo de amplios sectores de la izquierda internacional, que también legitimaron su accionar.

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Pero no fue suficiente, después de superar los años de turbulencia política: el Referendo Revocatorio de 2004, las elecciones de 2005 de Asamblea Nacional, en las que no participó la oposición alegando falta de garantías y la elección presidencial de 2006 cuando logró 7.309.080, el 62,84 por ciento, contra los 4.292.466, el 36,9 por ciento, del opositor Manuel Rosales, en el año 2007 Chávez decidió reformar la Constitución, dejaba a un lado sus supuestas credenciales democráticas y buscó quitarse la camisa de fuerza que le imponía la carta del 99 e ir en dirección al Socialismo Bolivariano del siglo XXI.

Pero fue derrotada la intentona de reforma, los artículos a modificar se dividieron en dos Bloques A y B, en el primero ganó el No con 4.504.354, el 50,7 por ciento, contra 4.379.392, el 49,29 por ciento, del Sí y en el Bloque B el No obtuvo 4.522.332, el 51,05 por ciento, contra el Sí con 4.335.136, el 79,29 por ciento.

Cuatro causas han explicado la derrota de dicha reforma: La primera, la deserción de varios seguidores ante el giro al socialismo, una cosa era ser parte de un proyecto político democrático que se refrendaba en las urnas y otra era establecer un Estado de orientación socialista que emulaba la dictadura cubana, el casó más emblemático fue el de Raúl Isaías Baduel, pero no el único, de hecho varios “constituyentistas” de 1999 también dejaron el barco por considerar que traicionaba el espíritu de la carta magna e incluso rayaba en lo inconstitucional. La segunda causa fue el desconocimiento de los poderes regionales para intentar imponer el denominado poder comunal. Al presidente Chávez no le gustaba negociar ni siquiera con sus propios colaboradores, se sabía el depositario de la admiración de su pueblo y quería eliminar los intermediarios, buscó institucionalizar dicha relación y prescindir de los líderes regionales. La tercera causa fue: la reinvención de la oposición política permeada por los nuevos liderazgos del movimiento estudiantil, jóvenes con nuevas ideas y nuevas formas de acción política no violenta que minaron la imagen de Chávez, quien los amenazaba con darles “gas del bueno”. Y finalmente, pretender revertir el proceso de apropiación de la Constitución de 1999, Chávez había cifrado su legitimidad en el cambio de la Constitución de 1961 intentar revertirlo fue imposible con todos cargando el librito azul en el bolsillo.

No obstante, muchas de las propuestas de aquella reforma fueron introducidas en el sistema legal por el camino de la Ley Habilitante, pasando por encima de la voluntad popular expresada en las urnas. El presidente que creó, promovió y materializó la nueva Constitución también fue el mismo que más la transgredió. Para el año 2009, Hugo Rafael buscó asegurar su continuidad en la Presidencia para lo cual necesitaba modificar la Constitución, pero esta vez se aseguró de contar con líderes regionales incluyendo en la enmienda los otros cargos de elección popular. El Sí obtuvo 6.319.636, el 54,86 por ciento, ganando contra los 5.198.006, el 45,13 por ciento del No.

Hoy, 18 años después de aquel 1999, Nicolás Maduro pretende no solo reformar o enmendar sino cambiar la Constitución. En condiciones electorales, las cuales de por si ya eran cuestionables, iguales a las de aquel año le resultaría imposible hacerlo como quedó demostrado en la última elección de Asamblea Nacional. Es tal el desgaste del chavismo que los cambios en el sistema de representación le son insuficientes y la mayoría es antioficialista.

La Constitución Bolivariana de 1999 no era una patente de corso como Chávez pretendió, por el contrario, se convirtió en la última instancia para la defensa de los venezolanos que se oponen a dicho proyecto político. El discurso dicotómico populista del oficialismo afirma que la oposición que se negó a la Constitución de 1999 es la que hoy impide su “reescritura”. Pero ni la oposición es la misma, ni el chavismo es el mismo, la composición de ambas fuerzas políticas ha cambiado sus objetivos y sus métodos también distan mucho, hasta la sociedad venezolana no es la misma que la de finales del siglo pasado, ni siquiera el país es el mismo. Incluso la crisis social, económica y política que permitió el surgimiento de la llamada “Revolución Bolivariana” no se puede comparar.

Venezuela atraviesa la peor crisis de su historia, en los últimos cuatro años han perdido la vida de forma violenta más de 100.000 ciudadanos, se calcula que la inflación acumulada para el mismo período supera el 1.000 por ciento y la economía se ha contraído en más de un 28 por ciento, incluso algunas estimaciones aseguran que para 2017 la contracción del producto interno bruto -PIB- podría llegar al 25 por ciento.

7.535.259 de los 31.568.179 de venezolanos se expresaron en contra de la ANC. Así las cosas, la abstención o la anulación del voto se convierten en las últimas instancias que le quedan a los demócratas para impedir que Nicolás Maduro destruya la Constitución de los venezolanos.

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Profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Director de “Esto no es una frontera, esto es un río” de @urosarioradio y Presidente de la Fundación Surcontinente.

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