POR UN PUÑADO DE DOLARES

Las certificaciones de buena conducta expedidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no parecen bastar ya para convencer a los banqueros privados, especialmente europeos y norteamericanos, de soltar de buenas a primeras su dinero a los países deudores.
A esta nueva situación se ha tenido que enfrentar este año Colombia, que con su carpeta de diplomas de buen comportamiento de las entidades multilaterales de credito, no ha podido aún convencer a unos 160 bancos de que le presten 1.850 millones de dolares.

No es que los banqueros se nieguen a prestar. El problema es que han extendido los considerandos del estudio de una solicitud de financiación, así como las condiciones posteriores para la autorización y el desembolso de los fondos. Básicamente se exigen documentos que demuestren que la economía del país solicitante se está comportando bien.
La cuestión no ha tomado de sorpresa a los miembros del equipo económico del gobierno. Al fin y al cabo, muchos de ellos tuvieron la experiencia de negociaciones muy duras en los tiempos de vacas flacas del gobierno de Belisario Betancur, cuando se diseñó y aplicó el famoso plan de ajuste. Pero sea como fuere, lo que está claro es que la consecución de los US$1.850 millones no se está desarrollando fácilmente. Y todo esto a pesar de que, en las tres giras de presentación adelantadas, Colombia ha insistido en que "la cooperación solicitada a los bancos comerciales extranjeros se limita a refinanciar las amortizaciones que vencen en los próximos dos años, sin añadir un solo dólar adicional y sin aumentar el nivel de exposición de esos bancos en el país".

En honor a la verdad, los problemas que se han presentado para el otorgamiento de los créditos están relacionados mucho más con un clima internacional poco propicio a este tipo de negociaciones, que con el incumplimiento por parte de Colombia de las condiciones exigidas. Ese clima --cuyos indicadores no son exclusiva mente de tipo económico--puede resumirse en los siguientes puntos:
·En este momento, se está desarrollando un proceso de ajuste en la economía internacional, cuyo objetivo central es la colaboración de los países más industrializados para que la economía de Estados Unidos solucione, básicamente, dos problemas crónicos: el desbalance comercial, en especial con las naciones asiáticas, y el enorme déficit fiscal acumulado durante más de una década. La consecuencia inmediata de esta política es una relativa escasez de dinero para prestar, a lo cual se suma, como corolario, la elevación de las tasas de interés para mantener la competitividad del dólar.

Otro factor que complica la situación enormemente es el ambiente de distensión de la guerra fría entre las dos grandes potencias, a raíz de las dos cumbres Reagan-Gorbachov y de los acuerdos de desarme. La cuestión es de orden geo-político: si hay distensión, la amenaza de que un país latinoamericano abandone la órbita de Washington es infinitamente inferior y por ello mismo, es inferior el interés de los bancos comerciales de Occidente de respaldar a América Latina, del mismo modo que ese interés ha sido alto en épocas en que ha arreciado la guerra fría, como sucedió a principios de los sesenta, cuando se creó la Alianza para el Progreso. Para complicarle aún mas las cosas a los países latinoamericanos, los miembros de la OCDE, o sea las naciones más industrializadas, resolvieron recientemente darle el grueso de su apoyo económico a los países africanos, por considerar que Latinoamérica atraviesa un estadio de desarrollo que le permite caminar más solita.

·Otro aspecto que dificulta la asignación de los créditos, es que los grandes bancos comerciales del mundo no desean continuar haciendo parte de sindicatos de prestamistas y por el contrario, están explorando otras fórmulas como la asociación para invertir en los países deudores, lo que les otorga mayores garantías, pues les permite participar en las decisiones administrativas y financieras relacionadas con la inversión del dinero prestado por ellos.

·Finalmente, la conformación por parte de la mayoría de los bancos prestamistas, de "colchones de seguridad" o de provisiones para eventuales moratorias de deudores latinoamericanos, hace que la posibilidad de una moratoria ya no sea una amenaza esgrimible por parte del país deudor que está pidiendo nuevos créditos.

En fin, el panorama no es alentador. El propio ministro de Hacienda, Luis Fernando Alarcón, confesó hace pocos días que los problemas para confirmar la consecución del emprestito por US$1.850 millones le estaban causando un fuerte "dolor de cabeza". Por eso mismo, si los créditos se siguen demorando, es previsible que la palabra reestructuración--que había sido un tabú para la administración Barco hasta ahora-comience a ser usada con bastante frecuencia por parte de los miembros del equipo económico. --