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| 6/21/2012 12:00:00 AM

Presidente Santos anuncia una moratoria para la minería en la Amazonía y en el Chocó

Así lo dijo en la Cumbre de Río+20, el evento de desarrollo sostenible más importante en décadas. En su intervención, el mandatario aseguró que el país va a declarar 17,6 millones de hectáreas como reserva estratégica minera. Esta declaratoria cubre 5 departamentos: Amazonas, Vaupés, Vichada, Guainía y parte del Chocó.

La influencia de la minería en esta región era un tema que generaba grandes preocupaciones entre los ambientalistas. Se trata de dos ecosistemas muy valiosos: la selva amazónica y lo que se conoce como el Chocó biogeográfico. La importancia de la Amazonia desde hace muchos años no tiene discusión.
 
El llamado pulmón del mundo es el principal regulador del clima global, tiene el 20 por ciento del agua dulce del planeta y produce una quinta parte del oxígeno que se respira en la Tierra. Colombia tiene una parte importante de esta selva y según diversos estudios sobre cambio climático es la que mejor se va a conservar con los estragos del calentamiento global.

A pesar de que la Amazonía colombiana está bien conservada, pues en el gobierno de Virgilio Barco más del 70 por ciento de este territorio fue declarado resguardo indígena o parque natural, la minería representaba una gran amenaza.
 
Según un reciente informe de Usaid y un grupo de organizaciones sociales, el aumento de títulos había sido exponencial en los últimos años. Mientras entre 1988 y 2005 se concesionaron 209 hectáreas por año, en 2006 se dieron 16.000 y en 2010 se llegó a 48.000.
 
Muchas de las licencias fueron concedidas ilegalmente dentro de Parques Naturales y otras forman un cordón alrededor de ellos en varios miles de hectáreas. Este es el caso del titulo minero que le fue otorgado a la empresa canadiense Cosigo Resources que luego tuvo que ser revocado por Ingeominas, pero alrededor del cual existe aun una demanda pendiente en la Corte Constitucional.

La locomotora minera también afectaba a los más de noventa resguardos indígenas (de 189 en el país) que están vinculados a desarrollos de bloques petroleros. Una situación que a pesar de ser legal, porque el subsuelo es de la Nación, es altamente discutible por el impacto que un proyecto de estos tiene en los grupos étnicos. También por las alteraciones que ocasiona en ecosistemas que llevan casi tres décadas protegidos por ley contra actividades a gran escala como estas. Y por la dimensión de esta figura que cubre más de 25 millones de hectáreas, es decir, casi una cuarta parte del territorio continental del país. A esto se suma el creciente tráfico ilegal de coltán y otros minerales en los departamentos de la Amazonía que ha alertado a las autoridades.

El caso del Chocó es mucho más complejo. A pesar de que más del 80 por ciento de ese departamento son territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes, la minería ilegal y la presencia de los grupos armados que la explotan ha generando un conflicto con casi un 40 por ciento de los habitantes locales que habían vivido tradicionalmente de la minería artesanal.
 
El tema había alertado a las autoridades, a tal punto que el general Naranjo dijo en una entrevista que el reto de la minería ilegal se concentraba en gran parte en ese departamento. Además, el departamento había despertado gran interés de varias multinacionales que empezaron a solicitar títulos mineros allí.
 
Ese es el caso de AngloGold Ashanti que según el portal La Silla Vacia tiene cerca de 180.000 hectáreas tituladas (unas a nombre propio y otras con una compañía asociada Exploraciones Chocó Colombia). Este auge minero sin control es una amenaza para el ecosistema chocoano que según la ONG Conservación Internacional es el punto 34 de biodiversidad del planeta.

Con el anuncio del presidente "sobre esas zonas ya no puede cualquier persona llegar y reclamar un título minero". Además, Santos agregó que esta medida “tiene como objetivo tener control sobre esas zonas para que no se conviertan en una feria de títulos donde hay corrupción, donde hay una pésima administración y donde hay un irrespeto por el medio ambiente”.

Decisiones de alto nivel
 
El presidente Juan Manuel Santos dijo este jueves que ha llegado la hora de tomar "decisiones políticas del más alto nivel" para poner en marcha los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una iniciativa de su país incluida en el documento final de la Río+20.

"Hoy celebro y el mundo debe celebrar que hayamos aprobado un mandato para establecer los Objetivos para el Desarrollo Sostenible en áreas críticas del planeta", manifestó Santos en su intervención ante el pleno de la cumbre de la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible Río+20.

Santos consideró "fundamental" acordar un proceso que se gestará después de la Río+20 para desarrollar esos Objetivos en un tiempo razonable en temas esenciales para la humanidad como el agua y la seguridad alimentaria.

"Debemos comenzar por definir las fases técnicas y asumir decisiones políticas del más alto nivel, guiados siempre por expertos", manifestó.

Los ODS, inspirados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de Naciones Unidas, buscan articular lo social, lo económico y lo medioambiental y, según el Gobierno colombiano, suponen "uno de los referentes de la agenda internacional y nacional de desarrollo de los próximas décadas".

El mandatario subrayó que, con la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, iniciativa activamente apoyada por Guatemala, Perú y Emiratos Árabes Unidos, así como por el Grupo de los 77 y China, se demuestra que el trabajo no ha sido en vano y que el legado de la Río+20 "debe seguir siempre vivo en beneficio de esta y de las futuras generaciones".

El presidente destacó que Colombia es guardián de "una buena parte del patrimonio mundial de agua, bosques y suelos fértiles que garantizan el bienestar de la humanidad", pero a pesar de esa riqueza natural que calificó de "extraordinaria", el país también es "frágil".

Recordó los desastres causados el año pasado por las lluvias que desbordaron numerosos ríos e inundaron la mayor parte del país, un fenómeno que afectó a más de tres millones de personas y causó pérdidas equivalentes al 1,5 por ciento del producto interior bruto (PIB), según dijo.

Para contrarrestar esos efectos, señaló que el Gobierno está desarrollando iniciativas como el plan de gestión y manejo integral de aguas del río Magdalena, el principal del país, y un modelo de compensación medioambiental para que los proyectos productivos no afecten la biodiversidad.

El presidente dijo que justamente este miércoles su Gobierno declaró la protección de un área de 17,6 millones de hectáreas para garantizar la minería sostenible en una zona de rica biodiversidad.

"Lo que se predica en el campo internacional debe traducirse en acciones concretas en nuestros países", puntualizó el presidente.

Con EFE
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