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| 6/6/1983 12:00:00 AM

¿PROHIBIDAS LAS COVER ACTIONS?

Aunque un Comité del Congreso aprobó suspender las acciones encubiertas en Nicaragua, la ley difinitiva está lejos de ser una realidad.


Aunque el jefe de la Casa Blanca virtualmente rasgó sus vestiduras el miércoles de la semana pasada ante la determinación el 3 de mayo, del Comité de Inteligencia de la Cámara de prohibir las acciones encubiertas en Nicaragua, el resultado neto de la decisión de dicho Comité no es tan fuerte para los intereses del Presidente, como aparece a primera vista.

Por una votación de 9 contra 5, el Comité de Inteligencia adoptó un proyecto de ley que, de ser aprobado por las dos Cámaras y por el Ejecutivo --lo que podrá tomar meses-- prohibiría todo apoyo secreto estadounidense a operaciones militares o paramilitares en Nicaragua y cortaría todos los fondos constituidos para 1983 y 1984 a la CIA y a otras agencias que pudieran ser utilizadas con ese fin.

Sin embargo, la misma votación asignó un presupuesto de 80 millones de dólares para acciones "descubiertas" de los regímenes pro-norteamericanos en Centroamérica destinadas a obstaculizar, en los mismos dos años, el suministro de armas a los grupos guerrilleros del área.

Aunque el proyecto de ley establece que los gobiernos destinatarios no podrán utilizar dichos fondos para respaldar a grupos que procuren "desestabilizar o derrocar" al gobierno nicaraguense del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) o a cualquier otro gobierno, agrega que tal uso sí podrá hacerse en caso de que se dé un ataque de Nicaragua contra ellos. Esta última argumentación es la que viene siendo empleada por el gobierno de Honduras para justificar su patrocinio encubierto de los comandos somocistas que desde su territorio infiltran y atacan a Nicaragua.

Desde luego que el Presidente Reagan fue molestado con tal definición del Comité de Inteligencia, pues solo una semana antes había pronunciado su comentado discurso sobre la crisis centroamericana. Por ello después de conocerse la votación del Comité, declaró que consideraba "irresponsable" la adopción de la Comisión y que las acciones de su gobierno en América Central eran "perfectamente correctas", por lo que seguirá luchando por sacarlas adelante frente al poder legislativo.

El arquitecto de la decisión del Comité de Inteligencia fue el Presidente de dicho Comité, el demócrata por Maryland, Edward P.
Boland, quien señaló que "lo que estábamos haciendo en esa región era contraproducente", sin que por ello excusara las actividades del gobierno sandinista, el cual, según Boland "está en violación de la ley internacional, del Tratado de Rio de Janeiro y de la carta de la OEA". Boland había sido autor, además, de la enmienda que prohibe a Washington apoyar acciones destinadas a derrocar al gobierno de Managua, o provocar conflictos militares entre Honduras y Nicaragua, enmienda que en concepto de la bancada demócrata está siendo violada por la administración.

De ser aprobada la ley acogida por el Comité, deberá darse un retiro de los agentes de la CIA de Nicaragua. Pero la fecha para poner fin al accionar de los mismos quedará en secreto e indefinida (el proyecto original hablaba de 45 días) "para impedir el tipo de notificación previa que pueda hacer imposible una retirada ordenada de las fuerzas que pueden encontrarse dentro de Nicaragua", explicó el demócrata por Georgia, Wyche Fowler.

Los grandes derrotados con la decisión del grupo encabezado por Boland fueron el director de la CIA, William Casey, y el Secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, Thomas Enders, quienes abogaron repetidamente ante el Comité intentando salvar las acciones encubiertas. Pero las "cover actions" podrán continuar desarrollándose de todas maneras en Nicaragua hasta que culmine el proceso parlamentario y venza, después, el plazo secreto que la ley establecería.

Considerado en últimas por la Casa Blanca como un revés, a la postura del Comité de Inteligencia se sumarían otros dos hechos que fueron vistos por los observadores como nuevos tropiezos del Presidente Reagan en su política para El Salvador. El primero fue que en la capital de ese país centroamericano, un magistrado del Tribunal de Apelaciones desestimó pruebas claves en el juicio contra los presuntos asesinos de dos norteamericanos de la reforma agraria, muertos por paramilitares a comienzos de 1981. Este juicio se ha convertido para los congresistas norteamericanos en elemento clave en la toma de decisiones sobre ayuda norteamericana adicional al gobierno de Magaña. La decisión del Tribunal reducirá, entonces, las posibilidades de éxito de Reagan en su campaña para asegurar la aprobación del congreso de 80 millones de ayuda militar para este año.

La otra derrota sufrida por el poder ejecutivo consistió en la decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara (16 votos contra 6) de que se conceda asilo, mientras dure la guerra civil en El Salvador, a los ciudadanos de ese país que procuren refugiarse en Estados Unidos. Esta orientación contradice la política de Reagan de regresar los refugiados salvadoreños ilegalmente ingresados en Estados Unidos, a El Salvador. No debe ignorarse, por lo demás, que el mes pasado otros dos páneles de la Cámara, le redujeron a 30 millones el pedido de Reagan de reasignar 60 millones para asistencia militar a El Salvador y que el Comité de Relaciones Exteriores había votado no conceder otros 50 millones de dólares con idéntico destino.

De todas formas, el proyecto de ley de Boland deberá enfrentar una intensa batalla en el Senado, instancia que es controlada por los miembros del gobernante partido republicano.--
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