Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2010/06/16 00:00

Promulgan polémica ley antisecuestros en Paraguay

El Estado bloqueará las cuentas de las víctimas de rapto y de sus familiares, para que sólo el Ministerio Público pueda negociar con los captores.

Promulgan polémica ley antisecuestros en Paraguay

El presidente Fernando Lugo firmó la controvertida norma que había sido aprobada por el Congreso en diciembre pasado.
 
La nueva ley modifica varios artículos del Código Penal, principalmente la restricción de disponer de bienes familiares de quien se encuentre secuestrado.
 
Además de limitar las operaciones bancarias que los familiares de las víctimas pueden realizar mientras dure el secuestro, la norma establece que la Fiscalía y los órganos de seguridad son los únicos autorizados a negociar con los captores.
 
Desde ahora, los bancos deben informar sobre toda solicitud de préstamos o retiro de dinero que familiares realicen, bajo pena de una multa.

Controversia
Como explica desde la corresponsal de BBC Mundo en el Cono Sur, Verónica Smink, la legislación se planteó en medio del resonante caso de secuestro del empresario ganadero Fidel Zavala, quien fue raptado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
 
Tras permanecer en cautiverio casi 100 días, Zavala finalmente fue liberado en enero tras el pago de un rescate de US$550.000.

Según la prensa paraguaya, algunas víctimas de secuestros y sus familiares objetaron que la ley no cambia mucho el panorama, porque los parientes de cautivos igualmente pueden ingeniárselas para negociar para salvar a sus seres queridos.
 
Por su parte, el diputado oviedista Óscar Tuma atacó duramente la norma afirmando que "es inconstitucional, absurda, mediática, inaplicable y no sirve absolutamente para nada".
 
Situación tensa
El secuestro de Zavala y de otros empresarios, además de otros casos de violencia atribuidos al EPP, llevaron al gobierno paraguayo a declarar el estado de excepción por 30 días en abril pasado.
 
También se lanzó una operativo militar en el norte del país en busca de los integrantes de ese grupo armado, que presuntamente fue entrenado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
 
Esta acción concluyó a fines de mayo sin que se haya capturado a los líderes del EPP.
Por su parte, el Congreso también aprobó otra normativa que habilita a las autoridades a disponer de fondos para pagar recompensas a personas que aporten datos sobre el paradero de los integrantes de la banda o de sus víctimas raptadas.
 
Según los observadores, el Gobierno de Lugo está sujeto a una gran presión del Parlamento, de mayoría opositora, para mejorar la situación de seguridad en el país, especialmente en la zona norte donde opera el EPP.

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