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| 3/4/2009 12:00:00 AM

Pronunciamiento del Centro Internacional para la Justicia Transicional sobre la decisión del CPI en Sudán

NUEVA YORK, 4 de marzo de 2009—La decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir una orden de arresto contra el presidente de Sudán, Omar Al Bashir (la primera contra un jefe de estado en ejercicio), es un gran paso para asegurar la justicia para todas las víctimas de Darfur y en el desarrollo de la justicia internacional, aseguró el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).

“La Corte dejó claro que los jefes de estado no están fuera del alcance de la ley. Es una forma de decir al mundo que los jefes de gobierno pueden y deben rendir cuentas de sus actos”, aseguró Juan Méndez, presidente del ICTJ.

Un panel de tres jueces emitió la orden de detención a petición del fiscal Luis Moreno Ocampo por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la región sudanesa de Darfur. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas había pedido en 2005 a la CPI investigar la situación. En julio de 2008, el fiscal Moreno Ocampo solicitó la orden de arresto contra el presidente Bashir, que se materializó hoy con el requerimiento de los jueces, que, sin embargo, rechazaron los cargos por genocidio.

“El primer paso indispensable para la paz en Darfur es prestar atención a las necesidades de justicia de las víctimas. La orden de arresto –así como la detención de Al Bashir y su posterior juicio– pondrán de manifiesto que el gobierno de Sudán no puede evadir la responsabilidad por sus actos”, agregó Méndez.

El gobierno de Sudán argumentó de manera errónea en el pasado que las acciones de la CPI socavarían el proceso de paz de Darfur y pondrían a las víctimas en un peligro mayor. “La realidad es que no existe un proceso de paz serio en Darfur. Sabemos, además de la historia, que el silencio ante las atrocidades no contribuye a evitar nuevos crímenes. La orden de arresto puede ser una oportunidad para un primer progreso real en Darfur”, aseguró el Presidente del ICTJ.

El Gobierno de Sudán debe cooperar con la comunidad internacional protegiendo a los civiles, permitiendo el ingreso de la ayuda humanitaria y asumiendo un serio proceso de paz, aseguró el ICTJ. El gobierno debe además cumplir con sus obligaciones de respetar la vida y la libertad de los ciudadanos sudaneses que han cooperado con la CPI o que creen que la Corte debe actuar en este país.

Sobre el ICTJ: El ICTJ (www.ictj.org) es una organización internacional privada fundada en 2001 en la ciudad de Nueva York, con el fin de apoyar a países que buscan salir de conflictos armados o de regímenes dictatoriales y consolidar la institucionalidad democrática sobre la base del ejercicio de la justicia. El Centro ha desarrollado proyectos en más de 30 países alrededor del mundo, cuenta con 13 sedes, incluida Colombia, y ha realizado alrededor de 500 misiones internacionales. Ha prestado apoyo a procesos penales y comisiones de la verdad; ayudado en la elaboración de programas de reparación y asesorado el diseño de reformas en los sectores de justicia y seguridad.

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