A pulso y tinta

Ala oposicion venezolana ya casi se le acaba la tinta de tanto firmar, pero no disminuyen sus ganas de revocarle el mandato al presidente Hugo Chávez. Desde octubre del año pasado han salido a estampar sus rúbricas en dos ocasiones y en esta, del 28 de noviembre al primero diciembre van por la tercera y definitiva.

Pero así como la gestión presidencial puede ser rechazada por los electores que lo llevaron al poder, la norma constitucional también abre posibilidades para revocar el mandato de todos los cargos y magistraturas de elección popular. En el próximo 'reafirmazo' también están en la mira 33 diputados oficialistas a los que esperan sacar de la Asamblea Nacional.

Mientras el presidente Chávez reclamaba una salida al mar para Bolivia y el embajador chileno en Caracas era llamado a consultas en un signo de evidente molestia del gobierno de Ricardo Lagos, dentro del país el ambiente estaba cada vez más cargado.

De un lado el comando de campaña presidencial para el referendo, llamado Comando Ayacucho, denunciaba un exceso de propaganda opositora y conspiraciones internacionales. Del otro el G5, comando de campaña de la Coordinadora Democrática, pedía al Consejo Nacional Electoral (CNE) que regulara las transmisiones en cadena del Presidente para mantener el equilibrio en los espacios televisivos y radiales.

El Comando Ayacucho instaló más de 2.000 centros de recolección de firmas que funcionarán hasta el lunes de esta semana en todo el país, y aunque pronostican tener un éxito rotundo, los resultados oficiales se sabrán a partir del martes. Por cada diputado al que quieran revocar tendrán que conseguir que 20 por ciento de los electores inscritos estampen su rúbrica. Dependiendo de la circunscripción del legislador las cifras van desde 9.000 hasta casi 270.000 firmas, pero esperan recaudar más de 2.000.000 en total.

La que sí está clara es la cifra que le quita el sueño a más de uno: 2.405.856. Ese es el 20 por ciento de los ciudadanos del registro electoral permanente y el número de firmas requeridas para iniciar un largo proceso hacia la revocatoria presidencial (ver recuadro). Hacia allá ha enfocado todos sus esfuerzos el G5, su maquinaria está aceitada y en el último mensaje que dirigieron al país, antes de que se iniciara la recolección del viernes, pidieron paz y tolerancia de parte y parte.

El ojo de la comunidad internacional ha estado presente desde el sábado, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, está en Venezuela. La OEA, el Centro Carter y una misión con representantes de ocho países son observadores del proceso, además de 2.842 observadores venezolanos.

Todos contra todos

La Constitución que marcó en 1999 el inicio de la 'República Bolivariana' fue redactada por una Asamblea Nacional Constituyente en la que la mayoría era seguidora del proyecto chavista. Irónicamente algunos de esos constituyentes son ahora los diputados que pudieran ser revocados por iniciativa de la oposición. Pero son también quienes el pasado fin de semana impulsaron la recolección de firmas para sacar del Parlamento a 38 legisladores que consideran traidores e ineficientes.

Muchos de esos diputados apoyaban al gobierno de Chávez, hacen parte de la variopinta y a veces dividida oposición, y se les acusa de haber usado el portaaviones del chavismo para subir al poder y luego traicionar a sus electores por pasarse al bando contrario.

Desde hace meses, aunque con menos impacto mediático que la Coordinadora Democrática, los chavistas están movilizando a sus electores para recaudar firmas. Pero esas rúbricas quedaron en el aire porque ni el CNE ni el Tribunal Supremo de Justicia habían reglamentado la norma constitucional en lo que a procesos de referendo se refiere. Y esas no fueron las únicas firmas que se quedaron en el limbo.

El primer requisito para iniciar el camino hacia el revocatorio presidencial era que Chávez cumpliera la mitad de su período el 19 de agosto (ver recuadro), pero en octubre del año pasado esa fecha era poco menos que absurda para la oposición en vista del clima explosivo que vivía el país. Plantearon entonces la posibilidad de convocar un referendo consultivo, que según la Constitución venezolana tiene la función de preguntar al electorado "sobre materias de especial trascendencia".

En oficinas, barrios, universidades, entre amigos o por Internet comenzaron a circular las primeras planillas de recolección de firmas para preguntar si el pueblo estaba de acuerdo con la renuncia voluntaria del Presidente de la República. El 4 de noviembre del año pasado una accidentada marcha llegó hasta el CNE cargando con las cajas que contenían, según la Coordinadora Democrática, más de dos millones de firmas. Pero la esperanza les duró poco, porque el Tribunal Supremo dijo que era inconstitucional usar el referendo consultivo para revocar un mandato y además dejó de manos atadas al CNE hasta tanto no se nombrara una nueva directiva.

Inmediatamente la oposición activó un nuevo mecanismo al que bautizaron el 'firmazo'. No querían que la mitad del período presidencial los tomara desprevenidos, así que en febrero, y esta vez de manera más organizada, hicieron una nueva colecta en la que acumularon más de tres millones de rúbricas. Pero en septiembre un CNE renovado volvió a decir no. Esta vez el argumento fue la extemporaneidad, es decir, que el operativo se hizo mucho antes de que pudiera ser activado el mecanismo revocatorio.

Finalmente las reglas del juego se aclararon para unos y otros: fue promulgado un reglamento que causó controversia, pero que dibuja paso a paso el camino a las elecciones. La polarización de la sociedad venezolana parece tener un aliviadero democrático en el que no puede haber revanchas ni exclusión, pero está en manos de todos los actores que la violencia no vuelva a ser noticia de primera página.