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| 10/21/1985 12:00:00 AM

"¿QUE HIZO EL ESTADO? SECUESTRAR, TORTURAR, MATAR"

El fiscal pide cadena perpetua para los generales argentinos

La subversión utiliza a los derechos humanos como elemento propagandístico al denunciar como violaciones a hechos ejecutados por los gobiernos", dijo el general retirado Alvaro Valencia Tovar, contestando un cuestionario que le mandó por vía diplomática la defensa del general Roberto Viola, uno de los ex comandantes militares acusados por la sociedad argentina de haber violado sistemáticamente los derechos humanos.
En la Argentina el secuestro clandestino, la tortura, los centros ilegales de detención, el robo y el homicidio, no fueron, como dice el General colombiano, un mero invento de la subversión. Desafortunadamente ocurrieron. Su irrefutable realidad ha sido demostrada por la cantidad enorme de pruebas presentadas por la fiscalía--709 casos documentados y ratificados por 850 testimonios--en el juicio que fuera ordenado por el presidente Raúl Alfonsín, sólo tres días después de haber asumido su mandato.
"¿Puede existir alguna organización diabólica que tenga el poder suficiente para lograr que profesores universitarios de Bahía Blanca campesinos cordobeses, banqueros de la Capital Federal, abogados mendocinos, empleados del Chaco, maestras tucumanas, médicos de la provincia de Buenos Aires, psicólogos de Neuquén, industriales, diplomáticos, paisajistas, sacerdotes, amas de casa, jóvenes de 16 años, periodistas, obreros, todos ellos se hubiesen puesto de acuerdo para denunciar hechos falsos?", preguntó la fiscalía en su alegato final, precisamente refutando este argumento de la defensa del "complot subversivo".
Adjudicando la responsabilidad de los crimenes cometidos por la dictadura a las juntas militares que gobernaron el país desde 1976 hasta 1982, el fiscal titular Julio Strassera, y su adjunto Luis Moreno Ocampo, desarrollaron en los ultimos días un impresionante alegato.
Impávidos, sentados frente a los seis magistrados de la Cámara Federal, los nueve ex comandantes escucharon a los fiscales durante cinco días. Haciendo obvia su resistencia a ser juzgado, el general Jorge R. Videla leía apaciblemente "Reflexiones del apocalipsis" y "Las siete palabras de Cristo". El almirante Emilio E. Massera se jalaba metódicamente los pelos de las cejas. El general Roberto Viola y el brigadier Orlando Agosti tomaban cuidadosa nota. El general Leopoldo F. Galtieri fumaba. Los demás, los almirantes Armando Lambruschini y Jorge Ananya, y los brigadieres Oscar Graffigna y Basilio Lami Dozo, miraban inexpresivamente hacia el Tribunal.
"Que pensarán estos señores de la guerra" dijo uno de los cientos de periodistas de todo el mundo que se agolparon a los lados de la sala de audiencias. Se resistía a creer, dijo, que los ex comandantes no se inmutaran al encontrarse frente a sus horribles crímenes, que la maldad no se les viera en la cara.
"No permitan que la apariencia de los acusados los confunda" dijo el joven fiscal adjunto. "Como ellos niegan que este cuadro macabro que fuimos mostrando pieza por pieza haya sucedido en realidad, ustedes podrían dudar".
La tranquilidad de los acusados quizás provenga de que como fieles -seguidores de la Doctrina de la Seguridad Nacional, estén convencidos que ésta es sólo una etapa más de la lucha contra el comunismo internacional.
Desvirtuando esta teoría de la guerra ideológica, la fiscalía puso como eje principal de su argumento un rotundo no a la violencia política: "Este acto de justicia sirve para condenar el uso de la violencia como instrumento político, venga de donde viniere, para desterrar la idea de que existen "muertes buenas" y "muertes malas", según sea bueno o malo el que las sufre".
La fiscalía abrió su alegato final situando históricamente el origen del terrorismo de Estado. Arrebatando el argumento de la defensa de cómo la violencia guerrillera era tan generalizada que obligó a las Fuerzas Armadas a participar en su represión, Strassera condenó duramente el terrorismo guerrillero que asotó la Argentina desde principios de los años setenta. No obstante, el fiscal explicó cómo los acusados no tomaron el poder para imponer el orden como ellos lo afirmaron, sino para someter a la población a un regimen de terror, aun peor que el instaurado por la guerrilla.
"Los guerrilleros secuestraban, torturaban y mataban. ¿Y qué hizo el Estado para combatirlos? Secuestrar, torturar y matar en una escala infinitamente mayor, y lo que es más grave, al margen del orden jurídico instalado por él mismo" dijo Strassera.
También los fiscales describieron el profundo daño que causaron los acusados a la sociedad. "La ferocidad y la mentira son las dos notas del sistema de represión que los acusados impusieron en la Argentina": dijo Moreno Ocampo.
Según la fiscalía, las juntas militares mintieron al desarrollar dos sistemas jurídicos simultáneos, uno público que no se cumplía y otro secreto que era el que se aplicaba; mintió Massera mientras decia en la Escuela de Mecánica de la Armada: "No vamos a tolerar que la muerte ande suelta en la Argentina", refiriéndose al accionar guerillero, mientras en ese mismo lugar decenas de personas eran asesinadas bajo sus órdenestodos mintieron a los ciudadanos al negar reiteradamente tener secuestrados a sus parientes; y mintieron también a las organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras al negar que en la Argentina se torturaba y asesinaba.
Documentos como la lista de franceses desaparecidos denotando bajo qué dependencia militar estaban, que le dio Massera al ex presidente francés Valery Giscard d'Estaing, y que éste entregó a la fiscalía, son testimonio claro de la gran hipocresía de la dictadura.
El sistema implantado fue feroz, según la fiscalía, no sólo porque se cometieron crímenes en contra de indefensos inválidos, embarazadas, adolescentes, ancianos y niños, sino porque nunca les dio la oportunidad de probar su inocencia. "Nunca se condenó a las miles de víctimas de la represión, sea lo que hayan hecho, murieron inocentes porque no hubo fallo que dijera lo contrario", dijo el joven fiscal.
También, alegó la fiscalía, los acusados atacaron a las Fuerzas Armadas y de seguridad, al convertirlas en bandas de delincuentes. "Cada niño que observó absorto cómo golpearon a sus padres es una prueba de la afrenta que soportaron las instituciones que deben ser el brazo armado de la nación", dijo el fiscal.
La mayor parte de las cerca de 30 horas que tomó el alegato final de los acusadores se fue en leer cada caso: relatar los hechos, las víctimas, los delitos, los testimonios que los comprueban, y los responsables, dependiendo de quiénes integraban la junta en el momento en que se cometieron.
Finalmente, los fiscales desarrollaron los argumentos juridicos para, una vez comprobados los delitos, establecer el nexo de culpabilidad con los ex jefes militares. "Este lazo es quizás lo más difícil de probar técnicamente", dijo a SEMANA un experto en el tema. "Ya que los acusados no cometieron los delitos personalmente ni hay pruebas escritas que éstos se cometieron por órdenes suyas".
La fiscalía ha utilizado básicamente dos argumentos para establecer la culpabilidad de los acusados, más allá de la responsabilidad política que de por si les cabe, por los actos perpetrados por sus subalternos.
Por un lado, al comprobar que las violaciones a los derechos humanos fueron parte de un método que se utilizó sistemáticamente en todo el país, es lógico que éste se implantó no sólo con el conocimiento de los jefes, sino bajo sus órdenes. "No puede concebirse que en un Ejército exista tal grado de insubordinación que permita que oficiales inferiores realicen, durante tanto tiempo, acciones contrarias a las que ordenaron sus comandantes", dijo el fiscal.
Segundo, el método represivo incluyó, como lo comprueban testimonios y documentos, una serie de operativos (acondicionamiento de lugares de detención, entrabar la acción de la Justicia, esfuerzos diplomáticos para negar la verdad, etc.) que, dada la rigida estructura vertical de las FFAA, sólo los comandantes podían autorizar.
Al cierre de esta nota, el fiscal acababa de pedir las penas de prisión perpetua para Videla, Massera, Agosti, Viola y Lambruschini. Para los tres primeros, integrantes de la primera junta, pidió además la degradación. Solicitó 15 años de cárcel para Galtieri y Graffigna, 12 años para Ananya y 10 para Lami Dozo. A los primeros se les acusa de ser autores mediatos de homicidio calificado y de ahi la severidad de la pena que se exige. A todos se les acusa de alguno de los siguientes delitos: aplicación de tormentos, privación de la libertad, falsedad ideológica de documentos públicos, encubrimiento, robo y sustracción de menores.
Strassera cerró su alegato con una sola frase: "Nunca más". Todos los presentes aplaudieron vigorosamente.
Videla se dio vuelta y miró al público durante un rato. Viola vociferó algún insulto .
Tal vez las exposiciones de las defensas que comenzarán el próximo 27 de septiembre no serán tan emotivas.
No obstante la sentencia del Tribunal, que se espera para fin de año, lo importante para la sociedad argentina ha sido llevar a cabo el juicio mismo.
"Hay necesidad de juzgar a los ex comandantes para que se restituya el significado de la ley en la conciencia de la sociedad", dijo Strassera. Esto es cierto aún para los acusados, porque como escribió el escritor Jorge Luis Borges, después de asistir al juicio, "es de curiosa observación que los militares que abolieron el Código Civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieran ahora acogerse a los beneficios de esta antigualla". --
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