Home

Mundo

Artículo

Qué pasa en Nicaragua?

La difícil situación de Nicaragua, demostrada por los combates en Estelí, explica la pretensión de ese país sobre San Andrés

23 de agosto de 1993

LA TOMA GUERRILLERA DE LA CIUDAD DE Estelí, al norte de Managua, pudo haber sorprendido a muchos en América Latina, pero no a los nicaraguenses. El miércoles esa población de 100 mil habitantes fue tomada a sangre y fuego por guerrilleros de un "Frente Revolucionario Obrero Campesino" (FROC), comandado por "Pedrito el Hondureño", antíguo mayor del Ejército Sandinista cuyo verdadero nombre es Víctor Manuel Gallegos. La situación fue controlada por los regulares en 24 horas de combates, con saldo de más de 40 muertos, y el hecho tuvo amplia repercusión internacional, porque pareció marcar el renacimiento de una guerra civil de casi 20 años y dos etapas: antes y después de la caída del dictador Anastasio Somoza.
Pero los nicaraguenses saben que a pesar del paso del tiempo y de la "democratización", su país está lejos de acercarse a la paz verdadera. Los hechos de Estelí son un síntoma de la situación que atraviesa Nicaragua, la misma que explica la insistencia del gobierno de Violeta de Chamorro por revivir un reclamo sobre San Andres que proviene del régimen sandinista.
Y es que Nicaragua está descuadernada. En el frente político, con mayor o menor identificación con los armados, coexisten el débil gobierno de la señora de Chamorro, los sandinistas, quienes pasaron de ser oposición a convertirse en un apoyo poco confiable para la presidenta, y la Unión Nacional de Oposición, o UNO, conformada por derechistas que llevaron a la señora al triunfo electoral y ahora son su oposición más combativa.
Muy pocos observadores habían oído el nombre del FROC, por la sencilla razón de que en el norte de Nicaragua actúan no menos de 32 grupos armados de las más variadas tendencias, desde los "Recompas", antíguos militares sandinistas, que abarcan, por ejemplo, al "Movimiento Armado para la Defensa Nacional" y las "Fuerzas Punitivas de Izquierda", hasta los "Recontras", rezagos de los antiguos guardas somocistas que se rebelaron contra los sandinistas después del triunfo de estos, y que tienen nombres variados como "Frente Norte 3-80" y "Fuerzas Democráticas de Salvación Nacional".
Todos tienen reclamos diferentes. La UNO exige que se devuelvan propiedades confiscadas por los sandinistas, la reducción del ejército, participar en el gabinete y la destitución del jefe militar general Humberto Ortega. Los ex Contras demandan el cumplimiento del plan de gobierno que tenía la UNO cuando estaba al lado de la Chamorro, y la renuncia de la presidenta y su ministro y yerno Antonio Lacayo. Y los ex sandinistas, como los que se tomaron a Estelí, alegan defender "los logros del período revolucionario," (1979-1989) como la reforma agraria, los servicios de salud y educación gratuitos y su integridad física.
Por encima de todo gravita una economía en estado crítico, en un país cuya infraestructura no se ha logrado reconstruir. Nicaragua ha visto decrecer sus exportaciones, de 1.200 millones de dólares en 1968, cuando tenía dos millones y medio de habitantes, a 200 millones en 1990, con cuatro millones de habitantes. El 70 por ciento de los nicaraguenses vive por debajo del nivel de la pobreza, el producto bruto interno es de sólo 1.460 millones de dólares, los servicios sociales sufren un deterioro insostenible y el país depende de la ayuda externa, que asciende a 700 millones de dó1ares anuales.
Con una población apta para trabajar de millón 400 mil personas, 700 mil están desocupadas, una cifra que se incrementa con la incorporación anual de 40 mil jóvenes. La producción agropecuaria está en niveles mínimos de productividad, no solamente por la destrucción de la infraestructura, sino porque los campos minados cobran semanalmente la vida o la mutilación a cuatro campesinos en promedio. Cuatrocientos mil incapacitados de guerra completan un panorama dominado por la miseria y la desesperanza.
Esa es la razón de la intempestiva campaña de la señora de Chamorro por las islas del archipiélago de San Andrés y Providencia, una aspiración que se caracteriza por la ausencia absoluta de títulos. El asunto es, sin embargo, tan sensible para su gobierno, que desde su propio comienzo hay un equipo de 12 especialistas trabajando en la cancillería de Managua para buscarle asidero jurídico.
La razón no sólo es correr una cortina de humo sobre los problemas del país, en la esperanza de galvanizar a una opinión pública tan dividida con un tema suprapartidista y nacionalista. También, como pudo entrever SEMANA en conversación con fuentes diplomáticas nicaraguenses, se trata de conseguir un pie de negociación para obtener derechos de pesca en aguas territoriales colombianas, con fines de exportación y consumo interno.
La Orden Real de 1803, por la cual se segregó de la Capitanía General de Guatemala, a favor del Virreinato de Santa Fe la isla de San Andrés y la costa de Mosquitos, la decisión soberana del cabildo de San Andrés de adherir a Colombia a la Constitución de Cúcuta en 1822, y la ratificación de todo ello en el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, no admiten ninguna duda. Tanto, que la ausencia de argumentos de Nicaragua subraya lo desesperado de su situación. Por eso la posición de la canciller colombiana sobre el tema, no puede ser más clara: sobre San Andrés no hay diferendo posible. ~