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¿A quién afecta que se cumpla parte del veto migratorio de Trump a seis países de mayoría musulmana?

Visto como "una clara victoria para la seguridad nacional" por el presidente de EE. UU., la Corte Suprema ordenó que se cumpla parcialmente el veto migratorio que en marzo se impuso a Irán, Irak, Siria, Yemen, Somalia, Sudán y Libia.

Alianza BBC
26 de junio de 2017

Después de meses de disputas legales, el segundo intento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir la entrada a ese país de refugiados e inmigrantes de países de mayoría musulmana ahora será analizado por la Corte Suprema.

La primera orden ejecutiva, que desató manifestaciones y generó confusión en los aeropuertos estadounidenses, fue detenida por los tribunales en febrero.

Apenas horas antes de que una versión revisada de ese primer veto entrara en vigencia en la medianoche del 16 de marzo, un juez en Hawái la suspendió a nivel nacional al concluir que violaba el derecho a la libertad religiosa contemplada en la Constitución.

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También fue obstaculizada en cortes de Maryland, Virginia y California. Pero este lunes la Corte Suprema permitió que se ponga en práctica parcialmente, antes de escuchar la apelación del gobierno estadounidense el próximo octubre.

Una decisión considerada como un triunfo para Trump, cuya política migratoria es una de las banderas de su gobierno.

"Es una clara victoria para nuestra seguridad nacional", dijo el republicano en un comunicado. "El fallo de hoy me permite usar una importante herramienta para proteger nuestra nación".

¿A quién afecta la medida?

La orden ejecutiva original prohibía durante 90 días la entrada a EE.UU. de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Irán, Irak, Siria, Yemen, Somalia, Sudán y Libia. También restringía por 120 días el asentamiento de refugiados y prohibía el ingreso a los refugiados sirios indefinidamente.

La nueva versión del documento removió a Irak de la lista, luego de que ambos países acordaron cooperar más, y también se levantó la prohibición indefinida de entrada para los refugiados sirios.

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Previamente, había confusión sobre las personas nacidas en los siete países afectados que también tuviesen residencia permanente en Estados Unidos (tarjeta verde), o visados o doble nacionalidad. La nueva versión deja en claro que aquellos con visados vigentes y residencias permanentes de los seis países de la lista tendrán permitido el ingreso al país, así como ciudadanos de doble nacionalidad viajando con un pasaporte de un país que no esté entre los señalados.

Algunas exenciones a esta regla pueden darse en casos como:

Personas empleadas por el gobierno de Estados Unidos.

Personas en necesidad de cuidados médicos urgentes.

Personas previamente admitidas en Estados Unidos por motivos de trabajo o estudio cuyas actividades estarían "perjudicadas".

Personas con la intención de vivir o visitar a familiares que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

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El número de refugiados para el año hasta octubre será limitado a 50.000, unos 35.000 menos que los 12 meses anteriores.

¿Qué pasa ahora?

Este lunes, la Corte Suprema estadounidense acordó escuchar los argumentos sobre la legalidad del veto migratorio durante su siguiente periodo de trabajo, que empieza en octubre.

Mientras tanto, los magistrados fallaron a favor de que algunas partes de la medida entren en efecto 72 después de haber tomado la decisión.

Esto significa que los ciudadanos provenientes de los seis países de la lista pueden viajar solo si "tienen un argumento creíble de una relación de buena fe con una persona o entidad en Estados Unidos".

La Corte Suprema explicó lo que considera como una relación de buena fe:
"Para personas particulares, se requiere una estrecha relación familiar".

"Para entidades, la relación debe ser formal, documentada y formada en el curso ordinario en lugar de con el propósito de evadir" la orden.

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Esto significa que un estudiante inscrito en una universidad estadounidense o un trabajador que aceptó una oferta de trabajo en EE.UU. (o alguien invitado, por ejemplo, a dar una conferencia) tendría permitido entrar al país.

Sin embargo, también significa que cualquiera que trate de entablar un vínculo con una organización estadounidense tendría prohibido entrar al país. Por ejemplo, "una organización sin fines de lucro dedicada a asuntos de inmigración no podrá contactar a nacionales de los países designados, añadirlos a listas de clientes, y luego asegurar su ingreso reclamando lesión por su exclusión".

El periodo de sesiones de la Corte Suprema va entre el 2 de octubre y el 21 de diciembre, así que los argumentos sobre la orden ejecutiva de Trump tendrán lugar entre esas fechas.

¿Qué podría decidir el tribunal? La corte está conformada actualmente por cuatro jueces liberales y cinco conservadores, incluido el que designó el propio Trump, Neil Gorsuch. Sin embargo, eso no significa necesariamente que la prohibición sea reintegrada en su totalidad.

Una victoria de Trump, análisis de Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en Washington

Esta decisión de la Corte Suprema debe marcarse como una victoria para Donald Trump. El proceso de ingreso a Estados Unidos para los inmigrantes y refugiados de las naciones afectadas, si no tienen lazos existentes con el país norteamericano —ya sea con familiares, empleadores o escuelas—, acaba de volverse considerablemente más difícil.

La sentencia judicial reafirma los amplios poderes que las cortes tradicionalmente han entregado al presidente en temas de seguridad nacional.

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En algunos sectores había temor de que la implementación torpe de la política migratoria del gobierno pudiese perjudicar las prerrogativas del presidente. Este parece no ser el caso.

El gobierno, escribieron los jueces, tiene "una necesidad imperiosa de procurar la seguridad de la nación". Eso incluye tener la capacidad de cerrar las fronteras sobre la base en una evaluación de potenciales amenazas extranjeras. Al menos por ahora.
Los magistrados considerarán todos los argumentos de ambas partes en octubre. Por supuesto, para entonces puede que ya no importe. El gobierno tiene tres meses para llevar a cabo una "revisión ejecutiva" de la política migratoria y definir así nuevas reglas.

Mientras tanto, las puertas de Estados Unidos se han vuelto un poco más pequeñas.