Rebelión en la web

“Imagina un mundo sin el conocimiento libre”. Con esa frase abrió el 18 de enero la página en inglés de Wikipedia. Durante 24 horas la enciclopedia virtual bloqueó sus 3,8 millones de artículos, para sensibilizar a sus millones de usuarios contra los proyectos de ley SOPA y PIPA (por sus siglas en inglés). El sitio, vestido de negro, invitaba a conocer el contenido de las iniciativas legislativas a través de preguntas y respuestas.

Stop Online Piracy Act y Protect Intellectual Property Act, que cursaban en la Cámara y el Senado de Estados Unidos, pretendían atacar la piratería y el robo de derechos de autor. SOPA fue propuesta por el representante republicano Lamar Smith en mayo, y PIPA, en octubre, por el senador demócrata Patrick Leahy. La primera otorgaba poderes al Departamento de Justicia para ordenar a los sitios prestadores de servicios, como Wikipedia, Google y Facebook, que impidieran “el acceso de sus abonados en Estados Unidos o en el extranjero que infrinjan las leyes de derechos de autor”. En otras palabras, exigía darles muerte en internet a las cuentas, blogs y demás sitios que no respetaran esa legislación. Incluso las empresas también podían ser cerradas de incumplir la orden.

Y la segunda obligaba a los proveedores de internet a bloquear sitios que ofrecieran copias ilegales de música, películas o programas de televisión en el país o en el extranjero. Ambas buscaban dos cosas fundamentales: una, establecer un marco legal más restrictivo que el actual, pues hasta ahora los sujetos de la ley tienen la obligación de bloquear contenidos ilegales, pero no páginas ni cuentas de usuarios. Y dos, extender su jurisdicción más allá de Estados Unidos. Con este último aspecto, la discusión alcanzó una dimensión global, pues la mayoría de los sitios web están alojados o tienen licencias en ese país.

Las propuestas provienen de los sectores tradicionales de la industria: Fox, ABC, Universal; agremiaciones como Recording Industry Association of America (RIAA) y Motion Picture Association of America (MPAA), las cuales han sido intermediarias entre los autores y el público; y empresas farmacéuticas y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, entre otros. Argumentan que las pérdidas causadas por la piratería ascienden a 135.000 millones de dólares anuales en ese país y amenazan a 19 millones de trabajadores.

En la otra esquina están gigantes de internet como Google, Yahoo!, Amazon, Facebook y Mozilla, asociados en Netcoalition.com, quienes sostienen que si bien hay que combatir la piratería, las propuestas son tan radicales que desvirtuarían por completo el concepto de internet como pozo del conocimiento accesible a la humanidad. Esas empresas apoyaron el apagón, y al principio se especuló que también podrían cerrar sus sitios por un día. La sola idea resultaba tan sobrecogedora que el diario El País de España se imaginó “el fin del mundo en el siglo XXI”.

La Casa Blanca madrugó a atizar el debate y tomó partido a favor de las libertades. En un comunicado publicado antes del apagón, sostuvo que aunque era necesario atacar la piratería no aprobaría una ley en contra de la libertad de expresión ni el desarrollo de internet. Además del contenido pedagógico, varios sitios publicaron avisos de protesta susceptibles de ser bajados y distribuidos para demostrar el enfado. Otros recogieron formularios virtuales para enviar un mensaje de rechazo a los congresistas: casi 5 millones de internautas exigieron retirar los proyectos.

Mark Zuckerberg, cerebro de la red social Facebook, quien no escribía un trino desde 2009, al final escribió en Twitter: “Dile a tus congresistas que quieres que sean pro internet”. Y agregó en su propia red: “Internet es la herramienta más poderosa que tenemos para crear un mundo más abierto y conectado. No podemos permitir que leyes mal pensadas estén en el camino del desarrollo de la internet”.

Durante 24 horas las leyes fueron la discusión más importante de la red y los mensajes surtieron efecto. Republicanos como Marco Rubio, Roy Blunt, Mark Steven Kirk, Paul Brown y Darrell Issa se bajaron del bus y cuestionaron los proyectos. Al final, diez senadores y más de veinte representantes a la Cámara, que inicialmente los apoyaban, renunciaron a hacerlo.

Finalmente, en la tarde del viernes las iniciativas quedaron en el limbo. La Cámara Baja decidió aplazar la votación de SOPA “hasta que haya un consenso más amplio”, como anunció Smith. Y en el Senado, el demócrata Harry Reid dijo que la votación de PIPA, que estaba programada para el 24 de enero, quedaba pospuesta.

Así, el 18 de enero de 2012 pasó a la historia como el día en que internet se hizo sentir en la esfera pública global. Ya lo había advertido el escritor de ciencia ficción Cory Doctorow en su conferencia sobre la guerra contra la piratería a finales de diciembre en Berlín, cuando dijo con sorna que esas legislaciones estaban condenadas al fracaso y comparó su eficacia con la guerra contra las drogas. Para él, restringir el acceso a internet es como prohibir usar llantas porque los ladrones de bancos utilizan carros. “Sería tonto sacrificar los beneficios que la rueda ofrece para detener a los ladrones de bancos”.

La voz discordante en la red corrió por cuenta, cómo no, del magnate Rupert Murdoch, quien ha llamado a Google el líder de los piratas. En respuesta al apagón dijo en Twitter: “Pareciera que la blogosfera ha tenido éxito en aterrorizar a algunos senadores y congresistas que previamente estaban comprometidos. Los políticos son siempre los mismos”.

Y es que la legislación sobre los derechos de autor en la era tecnológica supone retos que apenas están aflorando. Alberto Arébalos, director de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Google para América Latina, dijo a SEMANA que “la compañía está de acuerdo con el propósito loable de combatir la piratería. Pero no se puede exigir a las empresas en internet que digan qué está bien y qué está mal”. Explicó que en Estados Unidos ya existen leyes que permiten retirar contenido que infrinja derechos de autor y que de hecho YouTube, que es de Google, lo hace.

El problema es que internet tiene un efecto multiplicador que no tiene ninguno de los medios de comunicación tradicionales. Mientras que a las cadenas de televisión y de radio, por ejemplo, se les puede controlar, a los usuarios no. A esto se suma el hecho de que los intermediarios como Fox quieren proteger su negocio, pues la producción de contenidos en internet los deja por fuera, ya que los autores pueden llegar directamente a su público y evitar los costos de distribución. Por eso, los activistas de la web consideran que el problema es más profundo: “Quieren controlar la publicación de contenidos de los usuarios, lo que es contrario a la naturaleza de internet”, dice Carolina Botero, experta en derechos de autor en la red.

La discusión ha revelado que hay dos modelos productivos y de negocios enfrentados: la industria tradicional y la tecnológica. Para el primer modelo –el de los proteccionistas-– el problema es la fuga del dinero. Para los segundos –los libertarios– internet es, más que un mercado, un foro global, y no se puede regular. Es decir, no se trata de una simple pelea entre Silicon Valley y los medios de comunicación. Lo que está en juego es el futuro de internet tal y como se le conoce hoy.

Es una era de cambio que, como ocurrió con la invención de la máquina, deja víctimas. Su regulación, sin embargo, exige creatividad y un cambio de chip. En ese sentido, el senador Camilo Romero, del Polo Democrático, quien ha propuesto alternativas para la legislación sobre derechos de autor en internet, considera que “la ley debe ponderar el derecho a la libre expresión de los usuarios con el derecho que tienen los creativos y los artistas a usufructuarse”.

El enfoque debería ser promover la producción en internet y no el aumento de las restricciones, que al final el pirata termina evadiendo. La nueva era también supone reinventar los modelos de negocio, en lo que los entusiastas de la web ya le han ido sacando ventaja a los jurásicos. Internet cambió las reglas de juego. Hay que aceptarlo.