RENDICION POR HAMBRE

Margaret Thatcher puede frotarse las manos: la huelga de mineros que se inició el 6 de marzo del año pasado, podría cesar, según afirmó la National Coal Board (NBC), por falta de combatientes.
Esa sociedad, encargada de la explotación hullera advirtió que si el porcentaje de huelguistas que vuelven al trabajo supera el 50% del efectivo total, se podrá afirmar que los mineros "han votado con los pies" y efectuado así el sondeo que los dirigentes sindicales habían rehusado hacer al comienzo del conflicto.
No someter el principio de la huelga al voto de sus afiliados explica por que los 32.000 mineros de la región de Nottinghamshire, se abstuvieron de aplicar las consignas lanzadas por los responsables del sindicato National Unión Mineworkers y de Arthur Scargill, su presidente, en particular.
Fuera de esta división, los mineros han tenido que hacer frente a una intransigencia total del gobierno y de la NBC. Antes de abrir las negociaciones, se les dijo, el sindicato debe firmar una declaración según la cual acepta discutir el cierre de unas veinte minas "no rentables económicamente". Admitir esa condición significaba para Arthur Scargill y sus compañeros, decretar el fracaso de una huelga que se había iniciado con el ánima de evitar el cierre de las minas y la supresión de veinte mil empleos.
¿Resultado? Una huelga que en 5a semanas le cuesta a Inglaterra más de diez mil millones de libras, el equivalente de los ingresos del petróleo del Mar del Norte previstos en el presupuesto 84-85. ¿Cómo explicar que, a pesar del malestar de la opinión ante los frecuentes y violentos enfrentamientos entre la policía y los mineros y las voces que incluso en su propio partido preconizan la negociación, Margaret Thatcher no haya renunciado a su estrategia que se podría resumir en la fórmula "¿es urgente esperar?" Primero, porque la "señora de hierro" nunca ha ocultado la intención de servirse de cualquier oportunidad para reducir "el poder sindical". La crisis que ha resquebrajado la tradicional solidaridad obrera--como lo prueba el fracaso de la huelga nacional de solidaridad con los mineros--parece ser, en ese sentido una buena aliada. Enseguida, porque Inglaterra ya no depende --desde el punto de vista energético- únicamente de su carbón como fue el caso al comienzo de los años setenta.
El petróleo del Mar del Norte lo ha suplido, en parte. Los sindicalistas se equivocaron, pues, al pensar que una huelga larga y masiva podría terminarse, como sucedió en 1974 con el conservador Edward Heath, con la caída del gobierno.
La señora Thatcher podía esperar.
Así lo hizo, gracias a las reservas energéticas así como a las importaciones provenientes de Polonia y al carbón extraído por los rompehuelgas. Los sindicalistas no, porque las cajas de los sindicatos, sus economías personales, y la solidaridad tenían forzosamente un límite. Por último, si Margaret Thatcher no ha ofrecido, hasta ahora, una salida honorable al sindicato de mineros es porque ha sabido explotar la división del Partido Laborista y la impopularidad del líder sindical Arthur Scargill. La opinión no ha visto con buenos ojos su rigidez y sus métodos ni sus supuestas relaciones con el coronel Kaddaffi, en un momento en que una mujer policía era asesinada por balas disparadas desde la embajada libia, en Londres.
Los sondeos realizados hacia el 11 de febrero con motivo del décimo aniversario de la llegada de Margaret Thatcher a la cabeza del Partido Conservador indican, sin embargo, que una buena parte de ingleses no aprecia su actitud frente a la huelga de mineros. Esta figura, en efecto, con el desempleo (3,3 millones de personas) y la caída de la Libra, entre las causas de su actual impopularidad, la más importante desde hace tres años. Los ingleses parecen considerar que eludir un problema no es resolverlo. Y el conflicto de mineros suscita varios interrogantes. El más importante concierne al tejido social. ¿Cómo podrá Margaret Thatcher, se preguntan los observadores, luchar contra la crisis que sacude a su país--aún más que a Francia dirigida por un socialista- ¿si excluye dialogar y negociar con las personas más afectadas por la reconversión industrial, los trabajadores? ¿Cuál será la actitud de la comunidad de los mineros que, al cabo de un año de huelga y de enormes sacrificios, no le queda otra alternativa que volver al trabajo y aceptar el cierre de decenas de minas--ahora no se habla de veinte sino de 60--y la supresión de miles de empleos?- José Hernández, corresponsal de SEMANA en París -