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| 3/7/2009 12:00:00 AM

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La Corte Penal Internacional hace historia al ordenar el arresto de Omar al Bashir, presidente de Sudán. Pero al mismo tiempo se juega la consolidación de su prestigio.

El concepto de que los déspotas criminales no tuvieran dónde esconderse de la justicia es una vieja aspiración de los defensores de los derechos humanos. De ahí que cuando se creó la Corte Penal Internacional (CPI), acordada por el Estatuto de Roma de 1998 y en vigencia desde 2002, nació una esperanza que hoy atraviesa su bautismo de fuego.

La razón es que la semana pasada la CPI se jugó una carta crucial para su credibilidad futura al expedir por primera vez una orden de arresto contra un gobernante en ejercicio. El presidente de Sudán, Omar al Bashir, se llevó ese dudoso honor por cuenta de las atrocidades cometidas bajo sus órdenes en la región de Darfur, escenario de una guerra civil que desde 2003 ha causado la muerte, según algunos cálculos, a cerca de 300.000 personas, mientras más de dos millones han tenido que vivir en las condiciones más horrendas, hacinadas en tiendas de campaña que forman enormes campos de refugiados.
La catástrofe humanitaria de Darfur no podría configurar una razón más poderosa para que la Corte Penal Internacional entrara en acción contra Al Bashir. Sin embargo, no son pocas las dudas acerca de las posibilidades de que ese personaje comparezca ante su estrado, una condición necesaria para abrirle un juicio, pues la CPI no admite los procesos con reo ausente. De por medio están la posibilidad de que el caso de Sudán se convierta en un precedente poderoso en la lucha contra la impunidad internacional, y por lo mismo, el prestigio de la propia Corte.

El principal problema es que la CPI carece de medios coercitivos para conducir ante sí a los acusados. Por eso, el organismo sólo puede esperar que Bashir se presente por dos vías. Una, que el Partido Congreso Nacional de Sudán, (NCP, por su sigla en inglés) que gobierna un país que no es signatario de Roma, decida que su líder representa más costos que beneficios y que es necesario sacarlo del gobierno y entregarlo. La otra, que el Presidente cometa el error de pisar el territorio de los 108 países miembros, en cuyo caso debería ser inmediatamente detenido. Pero ninguna de las dos parecen posibles. En cuanto a la primera, aunque los observadores internacionales han identificado fisuras en el NCP, las manifestaciones populares en Jartum y el apoyo explícito de la dirigencia hacen descartar que sea derrocado. Y la segunda se cae de su peso.

Por eso, muchos observadores internacionales temen que Bashir pueda sentirse con las manos tan libres como para recrudecer las acciones violentas en Darfur, temores que él mismo contribuyó a agrandar al expulsar a varias ONG, cuya ausencia va a hacer la vida aún más dura para los refugiados. Pero lo que sería aún más catastrófico es que se descarrilara el Acuerdo Comprehensivo de Paz Norte-Sur (CPA, por su sigla en inglés), por el cual se detuvo la guerra principal y olvidada de Sudán, aquella otra que enfrentó desde los años 80 y hasta 2005 al norte árabe y musulmán, y el sur negro, animista y cristiano. Por el CPA, el partido de Bashir comparte el poder con el sureño Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán. Si el Presidente declarara un estado de emergencia, el CPA podría desintegrarse y recomenzar, ya no sólo la tragedia de Darfur, sino la del resto del enorme país.

De ahí que se plantea la posibilidad de que se ponga en marcha un procedimiento según el cual el Consejo de Seguridad de la ONU haría uso de su prerrogativa de diferir las detenciones hasta por 12 meses renovables, cuando el procedimiento de la CPI amenaza la paz del país involucrado. Por supuesto, hacerlo sólo se justificaría si el gobierno de Jartum se declarara dispuesto a detener sus acciones de Darfur y entrar en conversaciones serias de paz, que incluyeran, así no fuera inmediatamente, la salida de Bashir y el establecimiento de un poder judicial capaz de juzgar en forma independiente a los responsables de tanto sufrimiento.

Pero para ello sería necesario que todos y cada uno de los países miembros ejerzan suficiente presión sobre el gobierno sudanés, y que cuenten con el apoyo de Estados Unidos, China y Rusia, que no forman parte de la CPI, pero que tendrían el mismo interés en que la situación de Darfur llegue a buen término. Países que deberían también repensar el tema y, de paso, suscribir el Estatuto de Roma, para que, sin tantas dudas, casos como el de Darfur se vuelvan definitivamente cosa del pasado.
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