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| 10/30/2000 12:00:00 AM

Revolución bolivariana

Con la reunión de la Opep como telón de fondo, Hugo Chávez se apresta a recibir una ley habilitante para gobernar como le gusta: solo

Por que un presidente que tiene al Congreso completamente bajo su control querría tener facultades para gobernar por sí y ante sí? Esa es la pregunta que acosa a muchos venezolanos ahora que, terminada la cumbre de la Opep y apagadas sus luces de colores, regresa al primer plano la petición de poderes especiales hecha por el presidente Hugo Chávez a la Asamblea Nacional para dictar una serie de leyes en los campos más variados de la vida del país.

No es la primera vez que Chávez solicita una ‘ley habilitante’ pero las circunstancias son completamente nuevas. Las condiciones del año pasado lo requerían porque el precio de su principal producto de exportación había caído entre siete y ocho dólares el barril, el PIB de su economía se había desplomado a un rojo de 7,2 por ciento y se puso en marcha el proceso constituyente que acabó con el viejo Congreso y dio a luz una nueva Constitución.

Pero este año la recuperación de los precios ha disparado el crudo venezolano hasta 30 dólares el barril —un valor inesperado—, la economía crecerá 2,5 por ciento y hay un nuevo Parlamento unicameral bautizado con el nombre de Asamblea Nacional, elegido en julio pasado junto con el presidente en votación popular.

Lo que sorprende es que Chávez había negado hace dos meses que pediría poderes especiales. Al fin y al cabo instalada la Asamblea, en la que cuenta con una mayoría absoluta para que le aprueben sin chistar cualquier ley, ir más allá resultaba exótico.

Pero, por lo visto, ya no lo es. Su argumento es que la “revolución bolivariana” inicia un nuevo tipo de democracia, que en su opinión es “protagónica” y “no representativa” del viejo sistema. Los pocos diputados de la oposición, que también fueron elegidos con votos, todavía no han asimilado a plenitud el significado de este término y se preguntan: “¿A quienes representamos nosotros y para qué fuimos elegidos entonces?”.

El paquete de leyes que quiere dictar el Ejecutivo durante un año es demasiado amplio y diverso: actividades financieras, bancarias, propiedad de tierras, asuntos tributarios, infraestructura, vivienda, comercio, educación, salud, seguridad social y código penal y policial, que abarcan un 80 por ciento de las 250 leyes de la Asamblea.

Pese al debate parlamentario suscitado el gobierno se saldrá con la suya pues dispone de 116 votos favorables de los 165 escaños de la Asamblea Nacional. Ni siquiera el principal partido de la oposición, Acción Democrática (AD), segunda fuerza después del oficialista Movimiento V República (MVR), puede hacer algo contra los deseos hegemónicos del mandatario.

Si acaso ejercer el derecho al pataleo, como lo hace el diputado de AD Henry Ramos Allup, quien como jefe parlamentario de los 31 diputados adecos dijo a SEMANA que “no se puede dejar la suerte y el destino de Venezuela en manos de una sola persona. El presidente no puede legislar, sentenciar y resolver todo él solo. Para eso elimina los otros poderes y nos ahorramos esta discusión. Una democracia se maneja con la división de poderes y no la concentración en uno solo. Además el gobierno se va a indigestar porque no tiene equipo para sancionar tantas leyes”.

El oficialista William Lara, presidente de la Asamblea, y el diputado Nicolás Maduro, del MVR, defienden la aprobación de los poderes especiales y alegan que el Ejecutivo necesita una vía rápida legislativa para modernizar el país y apuntalar la reactivación económica denominada “la sobremarcha”.

Pero el tema de los poderes especiales no ha caído bien en la sociedad en general, incluyendo los sectores pobres, que con sus votos lo llevaron a la presidencia. La encuestadora Eugenio Escuela en su reciente sondeo de opinión afirma que “el 63 por ciento de los encuestados considera innecesaria la habilitación legislativa de Chávez” aunque luzca todavía una alta popularidad.

En la calle la opinión generalizada es que el Parlamento debe cumplir con sus funciones de legislar, “para eso se le nombró” y no delegar en el Ejecutivo. Pero para éste, “la transición todavía no ha terminado”. Por lo que parece, Chávez quiere que su revolución bolivariana tenga solamente su firma.
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