Lunes, 23 de enero de 2017

| 2006/11/11 00:00

Rumbo a la horca

La condena a muerte de Saddam Hussein, aunque sea justa, no contribuye a la paz de Irak ni responde las preguntas sobre sus viejos vínculos con Estados Unidos.

En el juicio, Hussein se mostró altivo y nunca expresó arrepentimiento. Tres abogados defensores fueron asesinados durante el proceso y uno de los jueces renunció alegando presiones políticas

Si la sentencia del Alto Tribunal iraquí creado para juzgar a Saddam Hussein se lleva a cabo, el final del sanguinario ex dictador ya está escrito: morirá en la horca como castigo por el asesinato en 1982 de 148 civiles chiítas en la ciudad de Dujail. Así, la sentencia cumplirá el deseo del presidente norteamericano George W. Bush, uno de los mayores defensores de este castigo -como gobernador de Texas firmó 152 ejecuciones-, quien a las pocas semanas de la captura de Hussein, en diciembre de 2003, en un hoyo cerca de Tikrit, su ciudad natal, manifestó que el castigo para el tirano debería ser la pena capital.

El republicano consideró la sentencia "un hito en los esfuerzos del pueblo iraquí para sustituir el imperio de un tirano por el de la ley". Pero para muchos, con las tropas norteamericanas todavía como un ejército de ocupación, el desenlace es "justicia de los vencedores". A eso se suma que el fallo se encargó de subrayar la creciente división del país, sumido en un espiral de violencia sectaria. Mientras la mayoría de los chiítas y los kurdos (las principales víctimas de Hussein) celebraron la decisión con disparos al aire, la minoría sunita que solía gobernar el país expresaba su ira en lugares como Tikrit.

La atrocidad del antiguo régimen está más allá de toda duda, pero el proceso ha estado lleno de irregularidades y cuestionamientos de la comunidad jurídica internacional. Para empezar, Estados Unidos no quiso un tribunal internacional, sino uno en Irak compuesto por iraquíes. Pero los pocos jueces y abogados idóneos habían sido eliminados por Hussein, de modo que ninguno mostró un entendimiento aceptable del derecho internacional. La mayoría de las ONG coincidieron en que no se alcanzaron los estándares necesarios. "La sentencia llegó después de un juicio injusto, con falta de independencia, y carencias de seguridad", dijo a SEMANA Nicole Choueiry, de Amnistía Internacional. Tres de los abogados defensores fueron asesinados en el camino (posiblemente por escuadrones de la muerte chiítas) y muchas veces no se compartió la información con la defensa, que no pudo confrontar a los testigos anónimos ni cuestionar su evidencia.

Por las reglas establecidas, los jueces sólo necesitaban estar "convencidos" de la culpabilidad, sin que ese convencimiento debiera estar más allá de toda duda razonable, como es habitual, y su independencia muchas veces quedó en tela de juicio. Por un lado, el Congreso norteamericano contribuyó con 130 millones de dólares a la creación del tribunal, y los magistrados fueron formados por personal norteamericano. Por el otro, el gobierno iraquí, dirigido por chiítas, pidió el veredicto de culpabilidad, y uno de los jueces, Rizgar Amin, renunció alegando presiones políticas. A eso se sumó que las sesiones fueron interrumpidas bien por fallas técnicas o bien por los boicoteos de Hussein, quien gritó a los jueces, blandió el Corán (a pesar de haber sido un gobernante laico) e incluso anunció huelgas de hambre durante el proceso.

El caso de Dujail fue escogido porque era fácil de probar y estaba bien documentado, pero incluía ingredientes políticos que pueden atizar la guerra. Se trató de una campaña de represión tras un fallido intento de asesinato en 1982, cuando el país ya estaba en guerra con Irán (1980-1988). Aunque sólo una decena de personas disparó contra la caravana presidencial, los habitantes fueron arrestados y enviados al desierto, torturados y, en los famosos 148 casos, sentenciados a muerte. Aunque fue un crimen contra civiles, el principal blanco de la represión fue el partido islámico Dawa, una importante fuerza política en el Irak de hoy a la que pertenece el primer ministro, Nuri al-Maliki. Para muchos sunitas, los líderes actuales, aliados de los ayatolas durante el conflicto, están castigando a Hussein por sus acciones en tiempos de guerra.

Para rematar, la sentencia fue polémica por el sólo hecho de que la pena capital divide al mundo. Fue mal recibida no sólo en los países árabes, sino también en Europa, donde es considerada anacrónica. Pero curiosamente, puso en la misma orilla a dos grupos normalmente enfrentados: tanto los conservadores norteamericanos, defensores de la guerra de Irak, que la ven como un paso para pacificar Irak, como los columnistas iraníes, que odian a Hussein, recibieron la noticia con beneplácito.

"Ningún tribunal internacional impondría la pena de muerte, que sólo puede ser interpretada como una expresión de primitiva venganza, más que de justicia, que desacredita todo el proceso", dijo a SEMANA Richard Falk, profesor de derecho internacional enPrinceton. "La sentencia refuerza la impresión de un ocupante agresivo que impone su narrativa histórica en una sociedad profundamente dividida, además de asegurar el estatus de Hussein como mártir sunita".

Los críticos también destacan que la sentencia se divulgó 48 horas antes de las legislativas en las que los republicanos necesitaban un envión que evitara el desastre electoral. En ese contexto, la tesis de que a Estados Unidos favorecía un proceso expedito donde Saddam no tuviera oportunidad de hablar sobre sus relaciones privilegiadas con Washington en el pasado, cobró fuerza. Christopher Dickey, en The Washington Post, se preguntó "¿Qué pasa con los norteamericanos -republicanos, de hecho- que ayudaron a Saddam a mantenerse en el poder todos estos años y entonces, cambiando de opinión cuando el monstruo probó estar fuera de su control, lanzaron la mal planeada y vergonzosamente ejecutada guerra para eliminarlo que continúa hasta hoy?"

Y es que fue precisamente Donald Rumsfeld, el arquitecto de la guerra de Irak, el enviado especial del presidente Ronald Reagan para estrechar lazos con Saddam. Muchos recuerdan la famosa imagen del hoy saliente secretario de Estado mientras estrechaba la mano de Hussein, el 20 de diciembre de 1983, una época cercana a la masacre de Dujail que probablemente le cueste la horca al dictador. Washington sabía que había usado armas químicas no sólo contra los iraníes, sino también contra los kurdos de su propio país, pero le ofrecía ayuda militar y financiera. Prefería al entonces laico y progresista Hussein al fanatismo religioso de los ayatolas, al punto de que cabildeó en la ONU para que no se condenara a Bagdad.

El segundo caso contra Hussein, actualmente en curso, trata de la operación Anfal, que lo llevó a gasear aldeas kurdas en 1988. Seguramente los halcones de Washington y otras potencias como Gran Bretaña y Francia, preferirían que sus lazos con el iraquí no se ventilaran. Mantenerlo con vida permitiría seguir adelante con los juicios, de ahí que el debate se centra en la fecha en que la sentencia se hará efectiva. Aún resta un recurso de apelación sin fechas muy rígidas, pero a partir del momento en que éste sea descartado, la ejecución se debe cumplir en 30 días.

Lo paradójico es que el juicio de Hussein generó grandes expectativas, pero en medio del desastre que hoy es Irak, ha perdido relevancia. Uno de sus abogados dijo antes de la sentencia que condenarlo a muerte abriría las puertas del infierno en Irak. Pero, como aseguró The Economist, "las puertas del infierno iraquí han estado abiertas por tanto tiempo, que abrirlas más puede no importar demasiado"

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