A SALDAR LAS DEUDAS

Los soldados que han combatido en la guerra suelen sufrir más tarde un síndrome en el que
sus enemigos se les aparecen en sueños para revivir los horrores de la batalla. Pero para varios oficiales
argentinos de la dictadura ese fantasma aparece bajo la forma insólita de un bebé recién nacido, arrebatado a
su madre en oscuros calabozos y entregado a una familia extraña. Esos bebés desaparecidos se han
convertido en el único medio por el cual el poder judicial argentino ha podido echarles mano a los
responsables de la guerra sucia que asoló al país entre 1976 y 1983. La violenta represión desatada por el
régimen militar dejó, según algunos estimativos, más de 30.000 muertos. Allí, como dice el prólogo del
informe de la Comisión Nacional de Desaparecidos (Conadep), "todos los sectores cayeron en la red:
sindicalistas que buscaban mejores salarios, periodistas que no apoyaban al régimen, sicólogos y sociólogos
simplemente por tener profesiones sospechosas, (...) los amigos de esa gente, los amigos de los amigos,
más otros cuyos nombres eran dados por venganza...". Pero los militares fueron mucho más allá. Los jueces
que llevan las causas tienen la certeza de que en varios centros clandestinos de detención (cuya cifra exacta
no se conoce) numerosas mujeres allí retenidas dieron a luz niños que no se registraban y eran entregados a
familias casi siempre de militares.Esta semana se inicia la segunda parte del proceso, que podría llevar a
los tribunales, además de los ya presos, al presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri y al general (r)
Antonio Domingo Bussi, actual gobernador de la provincia de Tucumán. El último presidente de facto de
Argentina, general Reynaldo Benito Bignone, fue también el último al que se le ha declarado en detención
preventiva. La lista comienza por el ex comandante de la Armada Emilio Eduardo Massera, a quien se le
imputan 194 casos de sustracción y ocultamiento de menores.Massera acompañó en la primera junta militar
en el año 1976 al primer presidente de facto Jorge Rafael Videla, quien por orden del juez federal Roberto
Marquevich está con detención domiciliaria desde junio del año pasado. En total hay ocho militares retirados
detenidos: tres generales, dos almirantes, un vicealmirante, un capitán y un subprefecto (ver recuadro).A todo
estos episodios de declaraciones y privaciones de libertad que se vienen sucediendo en los últimos meses
hay que sumarle que el ex capitán de la Armada Alfredo Astiz es requerido por el gobierno francés, que en
Alemania se inició un juicio por 80 alemanes desaparecidos en Argentina en la década del 70, que en Suecia
se estudia la posibilidad de comenzar un juicio similar, que el juez español Baltasar Garzón, quien
investiga no solo la desaparición de españoles durante las dictaduras chilena y argentina, dio a conocer a
finales del año pasado una lista de 152 acusados argentinos y que una jueza de Suiza solicitó una orden de
captura a la Interpol contra Videla por la desaparición de una persona que tenía doble nacionalidad: suiza y
chilena. Un vasto sector de la opinión pública encuentra justificadas las detenciones de los ex militares. Pero
han nacido suspicacias en torno a que se trate de un juego político, especialmente en un año con
elecciones.En este sentido el importante analista José María Pasquini dijo a SEMANA que: "En primer lugar,
en Argentina hay un profundo espíritu de desconfianza en los poderes institucionales porque la sociedad se
siente defraudada con las clásicas mentiras de campaña electoral de los políticos, porque los procesos de
corrupción en buena medida han sido puestos al descubierto por la prensa y porque el tiempo de la dictadura
sembró terror y miedo". "En segundo lugar _dice Pasquini_ la dictadura alejó a la gente de la política porque
era considerada como una actividad peligrosa. Los partidos políticos no han logrado restablecer un contrato
de confianza con sus bases y viven dentro de su propio mundo, su propia agenda, ajena a la agenda cotidiana
del pueblo. Por todo esto la gente siente una profunda indignación por lo que sucedió en los años de la
dictadura, sobre todo por una situación tan sensible como el secuestro de bebés nacidos en cautiverio". El
presidente Carlos Menem ha aprovechado sus últimos viajes para enarbolar la bandera de los derechos
humanos y ha tratado de mostrar que durante su gestión es posible juzgar a los hombres de la dictadura,
varios de los cuales fueron indultados por él mismo cuando las circunstancias políticas eran diferentes. Pero,
según afirman los jueces que adelantan las investigaciones, la sustracción de menores es un delito que no
prescribe. Los procesos pasaron a la Cámara Federal, la cual tiene que resolver. Si la Cámara dice que los
pueden juzgar irían a juicio oral, última fase del proceso. Lo que queda claro es que los militares argentinos
perdieron prestigio hace muchos años, hay aceptación de que fueron represores y nadie los va a defender. A
ellos la sociedad argentina los condenó hace tiempo.
Amnistía forzada
Cuando cayó el régimen militar en 1983, tras la derrota de las islas Malvinas, se estableció la Comisión
Nacional para los Desaparecidos (Conadep), presidida por el escritor Ernesto Sábato. La comisión presentó
su informe al presidente Raúl Alfonsín y se iniciaron varios procesos judiciales. Pero, ante la presión militar,
Alfonsín proclamó la 'Ley de punto final', que dejó por fuera de los mismos a quienes hasta entonces no
hubieran sido acusados. No contentos con eso, los militares escenificaron cuatro levantamientos entre 1987 y
1990 (los famosos 'carapintadas') que obligaron al gobierno de turno a dictar la 'ley de obediencia debida', la
cual exoneraba a los subalternos por atrocidades cometidas por órdenes superiores. Por fin, en diciembre
de 1990, el nuevo presidente, Carlos Menem, completó la impunidad al decretar la amnistía para todos los
responsables de la guerra sucia, incluidos algunos ya condenados a cadena perpetua como Jorge Rafael
Videla, Emilio Massera y Roberto Viola. Los procesos actuales se basan en la tesis de que la desaparición
de niños no estaba incluida en ninguna amnistía y en que, por ser un delito de lesa humanidad, no
tiene prescripción.