Sangre en el río Bravo

En los tres años que lleva la guerra contra los carteles de la droga declarada por el presidente mexicano, Felipe Calderón, Estados Unidos, el vecino del norte, no había sentido como el sábado pasado las consecuencias de la violencia al sur del río Bravo. Ese día, tres personas vinculadas al consulado estadounidense en la fronteriza Ciudad Juárez fueron asesinadas a plena luz del día.

Lesley Enríquez, una funcionaria consular estadounidense, y su esposo, Arthur Redelfs, regresaban en su Toyota blanca de una fiesta infantil a su casa en El Paso, apenas cruzando la frontera, cuando la camioneta fue acribillada. Los dos murieron en el acto. En el puesto de atrás, vestida de rosado, quedó ilesa su hija de 7 meses.

A pocas cuadras, Jorge Alberto Salcido, el esposo mexicano de una empleada del consulado, regresaba de la misma fiesta con sus hijos de 7 y 5 años, casi al mismo tiempo, cuando también fue interceptado por sicarios. Salcido murió y sus pequeños quedaron heridos. Los motivos no son claros, pero hay quienes han visto en los crímenes un mensaje hacia los dos gobiernos.

Los impresionantes asesinatos hacen parte de una realidad cotidiana en Juárez, una ciudad de 1,3 millones de habitantes que sólo en este año ya suma unas 500 muertes violentas. Los 10.000 soldados que Calderón ha desplegado no han servido de mucho, pues la carnicería se ha intensificado de todos modos.

Juárez, que en algún momento fue un modelo para las metrópolis mexicanas, se ha convertido en una vergüenza. La ciudad fue pionera en el concepto de fábricas maquiladoras. Desde hace unos 10 años, se volvió tristemente famosa porque centenares de mujeres han sido violadas y asesinadas allí. Y más recientemente, como uno de los epicentros de la 'guerra contra el narco', se ha convertido en una de las ciudades más violentas del mundo.

La urbe ha sido el fortín del cartel de Juárez, que según explican los entendidos se ha fragmentado en una federación de empresas criminales y pandillas de sicarios, como los Aztecas, a quienes algunos atribuyen los crímenes de los funcionarios consulares. Otros grupos y carteles les disputan el mercado interno y externo de drogas. El gobierno mexicano muchas veces ha explicado que la mayor parte de la violencia corresponde a ajustes de cuentas entre el crimen organizado. Pero atribuir la violencia de Juárez exclusivamente a ese fenómeno puede ser un gran error, como comprobó hace poco el propio Calderón.

En efecto, el 31 de enero, 15 jóvenes estudiantes fueron masacrados en Juárez mientras asistían a una fiesta. El Presidente se apresuró a declarar que podía tratarse de rencillas entre bandas, lo que enfureció a los parientes. Unas 2.000 personas se manifestaron en la Marcha de Coraje, Dolor y Desagravio, encabezada por Luz María Dávila, la madre de dos de las víctimas, que se encaró a Calderón para recriminarle sus declaraciones, por las que se tuvo que disculpar.

A partir de ese episodio Calderón cambió el enfoque y ahora pretende atacar la falta de oportunidades. En Juárez la infraestructura está desbordada, las maquilas sólo ofrecen puestos mal remunerados, que además han disminuido por cuenta de la crisis económica, y más del 40 por ciento de los jóvenes, que ni estudian ni trabajan, encuentran que pertenecer a las bandas les da cierto estatus. "Hemos visto desarrollarse en los últimos meses un giro de la estrategia militar hacia una más integral enfocada en fortalecer las fuerzas policiales y los servicios sociales en barrios bajo riesgo", dijo a SEMANA Shannon K. O'Neil, experta en México del Council on Foreign Relations estadounidense. "Estos asesinatos reforzarán esta tendencia".

En cualquier caso, la categoría de empleados consulares de las últimas víctimas les da otra dimensión. El presidente estadounidense, Barack Obama, declaró que estaba "indignado" y el propio Calderón admitió la gravedad del hecho. "Se complican todavía más las cosas a partir de lo del sábado, porque eso le da una dimensión internacional", dijo el Presidente mexicano durante su visita a Juárez tras los incidentes, donde fue recibido con manifestaciones de rabia y rechazo. Muchos locales sienten que la llegada de los militares empeoró la situación, aunque Calderón declaró que están allí para quedarse.

Calderón lamentó también que los crímenes intensificaron la mala imagen que ha adquirido México, uno de los efectos más perversos por la importancia de la industria turística en la economía nacional, una de las más golpeadas por la crisis mundial. Los últimos 12 meses han sido fatales en ese tema, desde que se declaró allí el comienzo de la pandemia del virus AH1N1, y tras los asesinatos, tanto Estados Unidos como Canadá aconsejaron a sus ciudadanos no visitar el país a menos que fuera indispensable.

Pero, sobre todo, una vez más Calderón enfatizó que su vecino del norte se tiene que involucrar más en la lucha contra el narcotráfico. "El crimen organizado tiene su origen en dos fenómenos que afectan a ambos países. Son el consumo y el tráfico de drogas en y hacia Estados Unidos, y el tráfico de armas provenientes de Estados Unidos", dijo. En el pasado, Calderón se ha quejado muchas veces de que los estadounidenses ponen los compradores y las armas, mientras los mexicanos las drogas y los muertos.

El episodio ha vuelto a tensionar las relaciones entre los gobiernos de esos dos países. Janet Napolitano, la secretaria de seguridad interna norteamericana, alabó la lucha mexicana contra el narcotráfico pero cuestionó la estrategia. Y el lunes, un portavoz del FBI dijo que por lo menos siete agencias estadounidenses ayudarían a esclarecer los crímenes. Un anuncio como ese en un país que perdió un tercio de su territorio a manos norteamericanas no podía ser bien recibido, y las críticas al gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) no se hicieron esperar. Aunque se aclaró que ningún funcionario norteamericano trabajará en suelo de México, ambas cancillerías confirmaron que la ayuda se llevará a cabo en el nivel técnico.

A pesar de los roces, los analistas apuntan que la cooperación ha mejorado en forma sustancial. La iniciativa Mérida lanzada por la administración Bush entregó 1.300 millones de dólares en ayuda a México desde 2008. Pero ahora que las vacas están flacas, Obama ha propuesto reducir el presupuesto en un 30 por ciento. Como apuntó un editorial de The Washington Post, "Para Ciudad Juárez, y para el gobierno democrático de Felipe Calderón, este se ha convertido en un combate por su supervivencia. Una guerra tan sangrienta y tan importante como aquellas que se libran en Irak, Afganistán o Pakistán. Pero a pesar de que la estabilidad mexicana es un interés vital para Estados Unidos, la inversión del gobierno federal en el problema es mucho menos de lo que debería ser, en ambos lados de la frontera".

Juárez, de cierta manera, es una metáfora de las diferencias a ambos lados de un límite de más de 3.000 kilómetros, el más largo del mundo entre un país en desarrollo y uno rico. Mientras la ciudad se sumerge en la espiral de violencia, El Paso, a la vuelta de la esquina, es una de las más seguras de su tamaño en Estados Unidos. Sin embargo, a muchos estadounidenses les preocupa llegar a sufrir los crímenes del sur en carne propia. Los asesinatos del sábado podrían ser un campanazo de alerta para que Washington, a pesar de los importantes retos que afronta en lugares distantes, convierta la 'guerra contra el narco' en una prioridad y asuma responsabilidades. Tal como reclama Calderón.