Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1983/09/19 00:00

SANTIAGO ENSANGRENTADO

La forma violenta como Pinochet encaró la cuarta protesta lo ha distanciado aún más de el único interlocutor que le quedaba: la Iglesia Católica

SANTIAGO ENSANGRENTADO

"Un niño de 12 años no puede ser acusado de violentista", dijo el 13 de agosto pasado un sacerdote en la iglesia de San Rafael, en Santiago, durante el oficio fúnebre por la muerte a bala de Jaime Andrés Cáceres Morales, una de las varias víctimas infantiles que dejara la balacera indiscriminada de la noche del 11 de agosto en el marco de la "Cuarta Jornada Nacional de Protesta" contra el régimen militar de Augusto Pinochet.
A diferencia de las tres anteriores -una cada mes- en esta oportunidad las autoridades ocuparon militarmente la ciudad de Santiago, tras las órdenes de actuar "duramente" impartidas por el jefe de Estado. Durante la jornada hubo manifestaciones antigubernamentales violentas, en las mayores ciudades del país, particularmente en Santiago, Valparaíso y Concepción. Y cuando a las ocho de la noche se inició el "ruido de las cacerolas", que duraría unas dos horas aproximadamente, las patrullas militares y de carabineros no vacilaron en lanzar ráfagas de ametralladoras, disparos de fusil y balas trazadoras luminosas, en señal de advertencia.
En una de esas acciones, cayó el pequeño Jaime, cuando se hallaba en la puerta de su hogar. Su madre, María Verónica Morales, de 30 años, llorando dijo a un diario local: "A mi hijo lo asesinaron. El no estaba haciendo nada, ni siquiera estaba en la calle", mientras se abandonaba desesperanzada e impotente por la absurda muerte de su pequeño hijo. Paradójicamente el padre del niño es un jubilado de la policía uniformado y el cuñado de ella es un soldado de un regimiento blindado.
Pero Jaime Andrés no fue el único niño muerto ese día. En la "Población la Estrella", en la pobre comuna de Pudahuel, de la misma capital, Sandra Henríquez Aguilar, de 14 años, recibió un impacto de bala de grueso calibre que la mató en forma instantánea, durante un operativo inusitadamente violento de carabineros respaldados por tanquetas.
EL CASO DE MARCELITA
El caso que es aún más atroz, el que ha sacudido más a la opinión pública chilena, fue el de Marcelita Marchant Vidal, una niña de sólo 8 años de edad que vivía con sus padres en el conjunto habitacional periférico "El Pinar", hacia el sur de Santiago. Ella estaba en el dormitorio de su hogar escuchando la radio acompañada por sus hermanos María Alicia, de 14 años, y Fernando, de 7. En ese instante una bala entró por la ventana del tercer piso y le dió en la cabeza matándola instantáneamente. A unas tres cuadras de su casa está la humilde escuela "San Marcelo", donde el viernes 12 habia una banca desocupada. Sus compañeras lloraban en silencio, sin poder explicarse por qué murió Marcelita "la más alegre, esforzada y responsable" de la clase, según su maestra.
Y la cuenta macabra no para ahí. En Valparaiso un niño de 9 años, Jaime Rojas Rojas, jugaba en las cercanías de su hogar cuando vió un paquete junto a un poste de la energía electrica. Era un explosivo dejado allí por desconocidos. Cuando él lo recogió le explotó en sus manos causándole la muerte.
Otros niños, como una pequeña de tres años, fueron heridos a causa de los disparos militares pese a que la mayoría de ellos al momento de los tiros estaban en el interior de sus hogares. Otros tuvieron más suerte, como Ricardo Manzo Flores, de 10 años, quien vive en la comuna de Conchali, de Santiago, donde la noche fue también de terror. Ricardo en un momento abandonó el lecho asustado por el tableteo de ametralladoras, disparos y cacerolazos, un minuto antes de que una bala perdida se estrellara contra su cama.
Tales muertes de niños y de manifestantes, fueron los hechos que suscitaron la violenta reacción del viernes 12 en toda la zona periférica de Santiago, incidentes en los que se registraron otras siete muertes a bala y 29 heridos por la acción policial.
El total de víctimas fatales en esos dos días de protesta habia aumentado el domingo a 27, según fuentes católicas. Sin embargo, otras fuentes aseguraron a SEMANA que la cifra a nivel nacional real podria ser del doble. "Fue una verdadera guerra civil de dos días" en Santiago, agregó la fuente.
¿SEIS AÑOS MAS?
Tras los sucesos del 11 y 1 2 de agosto, fue el nuevo ministro del interior, Sergio Onofre Jarpa, quien asumió la voceria del gobierno. Hablando a la prensa capitalina rechazó las peticiones de la oposición -las cuales habian inspirado la "Cuarta Protesta"- de retorno inmediato a la democracia y de la renuncia de Pinochet, advirtiendo que el régimen militar continuará hasta 1989, y ofreciendo tan sólo una vaga "consulta" a "todos los sectores" sobre algunos proyectos de ley que, se supone, ejecutarán en el futuro el Consejo de Estado. También habló de la posibilidad de convocar a un plebiscito que aprueba una reforma a la constitución de 1980, que le otorgó a Pinochet un nuevo mandato gubernamental de ocho años.
El nuevo ministro del Interior, ha sido presidente del disuelto Partido Nacional, y senador por dicha fuerza, que encarnó la derecha ortodoxa hasta el golpe militar de 1973. Durante el gobierno militar fue embajador en Colombia y hasta su nombramiento último se desempeñaba como embajador chileno en Buenos Aires. Desde su posesión se lo ve como el eventual autor de un "plan político" que le permita al gobierno "salir de la retaguardia para colocarlo en la línea de fuego", como dijeran algunos medios progubernamentales. Según el vespertino "La Segunda", Onofre Jarpa tiene grandes puntos de coincidencia con el presidente de la República. Uno de los mayores es "su posición firme en cuanto a no permitir la participación del Partido Comunista en Chile y tampoco aceptar posiciones ambiguas sobre este tema en cualquier diálogo o apertura política que se plantee".
EL PAPA INTERVINO
Pero el hecho de que Jarpa se entrevistara poco después de los últimos disturbios, el 13 de agosto, con el arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, para hacerle conocer sus planes políticos arriba reseñados, indica la renovada tensión que existe en estos momentos entre el régimen militar y la Iglesia Católica chilena, bastante descontenta con la forma como Pinochet manejó los hechos de la Cuarta Jornada de Protesta. Debe recordarse que después de concluida la "Tercera Protesta" del 12 de julio, el Papa Juan Pablo II habia respaldado públicamente al episcopado chileno reconociéndolo como una activa fuerza mediadora en el conflicto interno.
Pinochet, en vista de ello, envió una misiva personal al Papa, luego de lo cual se reunió con el arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, charla en la que el jefe militar dijo a sus interlocutores eclesiásticos estar dispuesto a "dar pasos decisivos en la consolidación de la institucionalidad que anhela la gran mayoría de los chilenos", tal y como decía en su carta al Vaticano.
Fresno y José Manuel Santos, presidente de la Conferencia Episcopal, quien también asistió a la reunión con Pinochet, le pidieron a este que para el renacer de Chile era necesario que el gobierno cumpliera al menos con tres condiciones: "respecto a la dignidad humana (la vida, la libertad y la opinión de cada chileno); el reconocimiento al valor del trabajo y el regreso a la plena democracia". Sobre este último punto los prelados fueron muy claros: este regreso significaría "abrir los cauces de la participación política (...) antes que el nivel de las tensiones provoque una posible tragedia ".
Pero en lugar de dar los prometidos "pasos decisivos" en ese sentido, Pinochet lo que. hizo fue tratar con mano de hierro la cuarta protesta, suscitando la tragedia advertida por la jerarquía eclesiástica dejando sin pie a la misma acción eclesiástica y cerrandose él mismo la oportunidad de negociar un tránsito político hacia la convivencia con ese importante sector del país.
Tal actitud está permitiéndole a la oposición continuar con su plan de protestas mensuales, y conservar así la iniciativa política. De hecho, estos sectores están desde ya preparando, para el próximo 11 de septiembre, una nueva protesta nacional, que podría ser no menos dramática que la del 11-12 de agosto. Todo ello a menos de que el ministro del Interior acepte sentarse a discutir con ellos pasos concretos hacia la normalización del país. Pero por los últimos signos dados por Onofre Jarpa es difícil predecir que tal reunión negociadora tendrá lugar a cortoplazo.

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