Domingo, 22 de enero de 2017

| 1984/12/17 00:00

SE REBOTO EL ABISPERO

Disturbios con quienes no quieren que se esclarezcan los crímenes de la dictadura

SE REBOTO EL ABISPERO

"Es necesario empuñar las armas espirituales --y las materiales los que tienen esa misión-- para defendernos de esta democracia pornográfica y delictiva que nos quieren imponer", dijo el sacerdote Julio Triviño ante una iglesia colmada de militares (en actividad y retirados) en una misa recordatoria de los asesinados por la subversión en Argentina. La misa --auspiciada por FAMUS (Familiares de Muertos por la Subversión)-- culminó con gritos de "muera Alfonsín" y con amenazas de "que ahora serían M.M." o sea "Muchos más", en clara alusión a los N.N. cadáveres de "subversivos" no identificados enterrados clandestinamente durante el régimen militar.
Esta incitación y los incidentes que le sucedieron, han constituído quizás, la máxima provocación de aquellos sectores de la sociedad argentina que se resisten deliberadamente a que se esclarezcan los crímenes de la dictadura o que simplemente se niegan a considerarlos como tales. Lo que es aún peor, la presencia de decenas de militares en actividad y la actitud asumida por muchos de ellos, hace creer que pueda existir una conexión entre la reticencia militar a limpiar y transformar su institución y los grupos clandestinos que han venido perpetrando atentados terroristas, en su mayoría contra aquellos que, desde el gobierno o fuera de él, luchan porque se haga justicia. El mismo ministro del Interior, Antonio Trócoli--quien anteriormente había descartado estos ataques violentos como meros incidentes sueltos producidos por desempleados de los servicios de inteligencia del régimen de facto-- dijo después de lo ocurrido en la misa de FAMUS: "No es un hecho circunstancial. Tenemos que tomarlo como una hipótesis de una organización que está dispuesta a iniciar el período de intranquilidad, para incitar precisamente a lo que hizo el sacerdote".
Entre los militares retirados la resistencia se ha hecho patente. A pesar de que Alfonsín había brindado la oportunidad a los militares de que se juzguen a sí mismos --a traves del decreto 158 que ordena al Conseja Supremo de las Fuerzas Armadas juzgar a los integrantes de las tres primeras juntas militares que gobernaron el país entre 1976 y 1982 por su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos-- éstos "no se encontraron en condiciones de producir sentencias en el plazo fijado por la justicia". Además, con claras connotaciones ideológicas, el Consejo estimó como "inobjetables los decretos, directivas y órdenes-operaciones dados por los militares procesados, y que sólo se podría responsabilizarlos indirectamente por falta de control para impedir los excesos en el cumplimiento de las órdenes". Según el tribunal castrense, debe establecerse primero, cuáles de los delitos denunciados responden a la verdad --cuestionando así la validez de las denuncias formuladas ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas-- y luego verificar quiénes son sus autores y si siguieron en su accionar órdenes superiores, y en su caso de quién. Obviamente, tamaña tarea, que empezaria por investigar a las mismas víctimas, no se podría terminar ni en una decada.
"Las Fuerzas Armadas se están haciendo un daño a sí mismas, porque se han negado a reivindicarse", dijo Emilio Mignone, padre de una desaparecida y títular del Centro de Estudios Legales y Sociales, organismo que más casos sobre violaciones a los derechos humanos ha llevado a la justicia. Ante ese pronunciamiento y la airada reacción de la ciudadanía, la Cámara Federal de Apelaciones, siguiéndose por el Código de Justicia Militar recientemente reformado por el Congreso, consideró que el Consejo Militar "se había demorado injusticadamente en expedirse" y tomó a su cargo el juicio de los nueve ex comandantes. Los demás casos --entre los que se encuentran los de Camps, Chamorro y Luciano Benjamín Menéndez-- permanecen aún bajo jurisdicción militar. Con bastante discreción, la Cámara Federal ha avanzado rapidamente en los procesos, a pesar de que persiste la reticencia militar. Así, el ex Presidente de facto Jorge Rafael Videla se negó a someterse voluntariamente a juicio o a defenderse alegando que su juez "natural" es la Corte Militar. "Si los agravios inferidos a mi derecho de defensa no fueran reparados en la instancia extraordinadia, dijo Videla, aguardaré con serenidad el fallo genuino de la historia". La Cámara respondió adjudicándole un defensor de oficio, confirmando su prisión preventiva rigurosa ya dictada por el Consejo y trasladándolo a la unidad N° 22 del Servicio Penitenciario Nacional; una habitación chica con una antesala, cuya puerta de entrada tiene rejas.
Hasta el cierre de esta nota, los camaristas habían dictado prisión preventiva rigurosa, que contempla sentencias hasta de cadena perpetua, a todos los integrantes de la primera junta (Videla, Massera y Agosti) y a dos de la segunda (Viola y Lambruschini), confinándolos a todos en la misma cárcel. (Irónicamente, en esta misma unidad se encuentra detenido Ricardo Obregón Cano, miembro de la conducción del grupo guerrillero Montoneros). La corte civil también indagó a Lami Dozo, ex titular de la Fuerza Aérea bajo la presidencia de Galtieri, y no encontró mérito para su detención por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, tanto Lami Dozo, como Galtieri y Anaya (de la tercera junta), se encuentran presos en unidades militares por la causa que les sigue el Consejo Militar por su actuación durante la guerra de las Malvinas. Los juicios a los militares del régimen anterior no han sido todos iniciados por el gobierno. Decenas de procesos han sido presentados ante la justicia civil, por civiles, en su mayoría familiares de víctimas de la represión o miembros de organismos defensores de los derechos humanos.
A raíz de éstos, se encuentran detenidos varios militares. Algunos de ellos, entre los que se cuenta Benjamín Menéndez, han seguido los pasos de Videla, negándose a declarar ante jueces civiles. La mayoría de estos casos han ido a parar a la justicia militar.
Desafortunadamente esta resistencia a ser juzgados no sólo ha mostrado en el juego de los involucrados a mostrarse como víctimas sino que también ha tenido su expresión violenta. Se han conocido varios atentados contra los miembros de organizaciones políticas o de derechos humanos: dos catequistas atacadas en Quilmes; ex miembros de la CONADEP en Mar de Plata y Rosario sufrieron atentados con explosivos, una militante peronista fue secuestrada y torturada por un grupo que se dice ser "antisubversivo" y a un concejal del Partido Intransigente y un alcalde peronista les explotaron sendas bombas. Quizás el más alarmante de estos ataques fue el que se produjo en Rosario a principios de octubre. Quince personas armadas entraron al palacio de Justicia, armordazaron a los policías que lo custodiaban, penetraron al estudio de un juez y robaron la valiosa documentación que le había sido entregada por la CONADEP y que había posibilitado la confirmación de la existencia de un "centro de inteligencia" con información acerca de cientos de personas que fueron víctimas de la represión militar. Días después, el "comandante Federico" del grupo Clan (Comité de Lucha Antisubversiva), se adjudicó el atentado y devolvió las armas que le había quitado a los custodios. Aunque el Gobierno dice tener pistas que indican que fueron miembros de grupos paramilitares fuera de servicio activo, no se ha detenido a nadie, casi un mes despues. La investigación ha sido extremadamente lenta a pesar que se dijo que este hecho "golpeó muy duro a Alfonsín". Esto ha llevado a muchos a sospechar que "hay militares o policías en actividad involucrados".
La justicia que el nuevo régimen constitucional se ha propuesto llevar a cabo, también abarca la investigación de delitos económicos o irregularidades administrativas cometidas en este periodo en perjuicio del patrimonio público. El Congreso, a través de dos cómisiones investigativas, ha en contrado que tanto el fraude como el enriquecimiento ilícito fueron prácticas de muchos funcionarios en el anterior régimen.
Todas estas investigaciories y tal vez las de delitos económicos de una manera más contundente, ya que no hay manera de disfrazarlos ideologicamente, estan produciendo ansiedad entre las filas de uniformados. La actitud de resistencia que han tomado los oficiales retirados ligados con el gobierno militar ha influido en ciertos sectores de las Fuerzas Armadas en actividad, como quedó plasmado en la misa de FAMUS. Hay sin embargo, otros militares que creen que es un error no aprovechar la oportunidad que les brinda Alfonsín para "limpiarse a si mismos y desligarse de una vez por todas del deshonroso pasado".--
María Teresa Ronderos, corresponsal de SEMANA en Buenos Aires

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