Jueves, 23 de febrero de 2017

| 1993/10/04 00:00

Segundas partes ...

Más que un juicio a la corruptela, el despido de Carlos Andrés Pérez subraya el rechazo político hacia la reelección.

Segundas partes ...

EL DESTINO DE LA SEGUNDA PRESIDENCIA de Carlos Andrés Pérez estaba señalado desde su posesión, el 3 de febrero de 1989. Esa es la tesis que está haciendo carrera entre muchos observadores independientes, para quienes el proceso que terminó la semana pasada con la declaratoria de vacancia absoluta de la presidencia, más que un ataque contra la corrupción fue un síntoma de que, sobre todo en Latinoamérica, los presidentes reelegidos inician su segundo mandato con una carga demasiado pesada.
Es claro que la suspensión de Pérez por el Congreso y su posterior destitución se basan más en circunstancias políticas que en argumentos jurídicos sólidos. La suspensión inicial se desencadenó por denuncias hechas por un periodista, José Vicente Rangel, recogidas por un respetado escritor y político, Arturo Uslar Pietri, y puestas ante los estrados por el procurador Ramón Escovar Salom. Para nadie es un misterio que ellos formaban parte de un grupo que se dedicó a la empresa de evitar que Carlos Andres terminara su presidencia. Y lo lograron, aunque la destitución sigue en entredicho ante los anuncios de Pérez de que entablará ante la Corte Suprema de Justicia una acción de amparo para recuperar, si no sus funciones, al menos su investidura.
El oportuno destape de una "olla podrida" le dio a Pérez un puntillazo que no le dieron una insurrección generalizada (el "caracazo") y dos intentos de golpe en 1992. El hecho que motivó al escándalo se produjo pocos meses después de la posesión de Pérez, y sólo fue sacado a la luz pública cuando su posición era más vulnerable. Y lo cierto es que si se compara el hecho con otros de corrupción en este y en gobiernos anteriores, el asunto no pasa de ser un problema procedimental, pero en donde no se ha comprobado que dineros públicos hayan terminado en el bolsillo de Pérez.
El problema consistió en que, con conocimiento del mandatario o sin él, se trasladaron unos fondos del Ministerio del Interior al Ministerio de la Presidencia, con destino a una partida secreta de "Seguridad Nacional". La utilización de esos dineros como su nombre lo indica, es de la discreción del presidente, quien no tiene obligación alguna de revelar su uso. El caso es que la administración, para multiplicar los fondos, fue la última usuaria del mecanismo del Recadi, un sistema de venta preferencial de dólares para importaciones que facilitó la corrupción de la época de Jaime Lusinchi, y que el propio Pérez había anunciado eliminar.
Con ello se configuró una "malversación administrativa", una especie de peculado técnico, pero los fondos en realidad no salieron del erario.
En un país con tanta corrupción, un hecho como ese resultaba desproporcionado con la expulsión de un presidente, porque, por otro lado, aunque la utilización de los fondos es objeto de múltiples rumores que van desde el subsidio al derrocado presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide o el pago de viajes a dignatarios antillanos hasta el cubrimiento de parte de su fastuosa ceremonia de posesión, el presidente no tiene ninguna obligación de revelar el uso de esa cuenta.
Y la decisión tomada la semana pasada también revela el fondo político de todo el asunto. El Parlamento se basó en una norma constitucional prevista para casos de enfermedad, según la cual después de 90 días la ausencia del presidente pasa a ser absoluta. Pérez sostiene que el Congreso no puede aplicar esa norma, porque en su caso está siendo juzgado por la Corte Suprema y su destitución solo procedería luego de que ésta decida sobre su responsabilidad.
Se trata de una situación que, desde el punto de vista jurídico, es más que discutible, pero la celeridad del Parlamento para tomar su decisión evidencia que el punto central no es legal sino político. Una responsabilidad política que se basa, fundamentalmente, en las expectativas creadas por la reelección de Pérez. El presidente llegó con la promesa de revivir las épocas de vacas gordas de su primer período, una carga que resultó demasiado pesada a la hora de tomar decisiones acordes con las nuevas circunstancias de bajos precios petroleros, como el ajuste económico que desencadenó el "caracazo".
Lo más curioso es que los problemas de Pérez tras su reelección pueden dar paso a que otro ex presidente, Rafael Caldera, logre también ser elegido de nuevo. Las posibilidades de que el candidato independiente de 77 años sufra el mismo síndrome, son bien altas.
Por una parte, el ex presidente se acerca a las elecciones de diciembre con la más alta popularidad de su larga vida política, que comprende siete intentos por el poder. Ni siquiera en su primera campaña exitosa, cuando ganó por un margen pequeño y con sólo el 30 por ciento de los votos, había tenido Caldera tanto favor popular.
Pero esa popularidad se refleja en el apoyo de pequeños partidos que no tienen ni capacidad operativa a la hora de gobernar, ni una base popular sólida.
Eso, unido a las expectativas creadas, abre aún más la posibilidad de un nuevo intento golpista, o inclusive de un "fujimorazo". Esas probabilidades, que se comentan insistentemente en medios independientes venezolanos, confirmarían la tesis de que, sobre todo en la presidencia de Venezuela, "segundas partes nunca fueron buenas ".

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