Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1983/05/02 00:00

SEGUNDO CAMPANAZO

En menos de cuatro meses, los sindicatos peronistas paralizan el país en demanda de mejores salarios.

SEGUNDO CAMPANAZO

El paro de protesta de 24 horas del 28 de marzo, dispuesto por las dos centrales obreras argentinas, fue masivamente apoyado por la población, confirmándose así, una vez más, el aislamiento político del gobierno militar.
Decretada por la "dialoguista" Confederación General del Trabajo (CGT) --Azopardo, y por la "radicalizada" CGT-- República Argentina, la huelga dejó desiertas las habitualmente populosas avenidas del centro de Buenos Aires, las estaciones ferroviarias y otros sitios céntricos de la capital. Lo mismo sucedió en las demás ciudades del país.
Calificando de insatisfactorio el aumento salarial del 11% propuesto por el gobierno, y criticando la ausencia de una política económica de efectivo contenido social, las centrales obreras optaron por la huelga para hacer también de ella una especie de plebiscito nacional que expresara "la voluntad de los argentinos de vivir en la democracia".
Esta ha sido la segunda gran confrontación sindical masiva que en menos de cuatro meses ha tenido que conocer el gobierno militar, a pesar de su reciente anuncio de que entregará el poder a los civiles el año entrante.
Más amplio que la huelga del 6 de diciembre pasado, a pesar de haber sido declarado ilegal por el gobierno, el paro obtuvo una respuesta favorable de un 95%, según sus organizadores, y de un 85% según las autoridades, con excepción de la provincia de Tucumán, donde la movilización alcanzó únicamente a ser de un 40%.
Tal paralización fue el resultado del cese completo de todo transporte en las ciudades, dada la vinculación, al llamado de las centrales, del poderoso gremio de los trabajadores ferroviarios y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Puede decirse entonces que el 28 de marzo sólo funcionaron en Argentina los servicios públicos más básicos, como la energía, el agua potable, los teléfonos y las emergencias hospitalarias. Hasta los vuelos de Aerolíneas Argentinas fueron suspendidos.
Desde tres días antes, la policía había comenzado a ubicarse en los sitios claves de la capital, como estaciones ferroviarias, fábricas, estaciones del metro, en prevención de incidentes, pero tal medida se hizo irrelevante ya que desde la víspera los transeúntes abandonaron las calles, refugiándose en sus hogares. En único lugar del país donde hubo pequeños disturbios fue en Tucumán, donde fue atacado un bus por un grupo de manifestaciones, sin mayores consecuencias.
Saúl Ubaldini, dirigente de la CGTRA y Jorge Triacca, su homólogo de la CGT-A, habían unido momentáneamente sus fuerzas para el efectuar el paro del 6 de diciembre pasado, en demanda de reivindicaciones semejantes a las erigidas por el paro de ahora: un reajuste salarial a partir del 1 de marzo por encima de los índices oficiales del costo de vida --29% en sólo el primer bimestre de este año-- un salario mínimo equivalente a 160 dólares mensuales el cese de las intervenciones en los sindicatos y la creación de un subsidio por desempleo.
Pero el ministro de Trabajo, Héctor Villaveirán, restó importancia a tal petitorio y atribuyó el paro a "la lucha interna del movimiento obrero argentino", lo que fue contestado por Ubaldini con la advertencia de que de no modificar esa posición indolente frente a la situación laboral del país, podría declarar una nueva jornada huelguística para los próximos días.
Argentina, en realidad, atraviesa por una de las peores crisis económicas de su historia. El desempleo, que hace sólo dos años era del 2%, hoy supera el 15%. La inflación ha traspasado el 100% anual en los últimos años, llegando recientemente hasta el 450%. Los salarios son un 10% más bajos que los devengados en 1950, y la deuda externa ha llegado a ser de 40 mil millones de dólares, la tercera más voluminosa en el Tercer Mundo.
De no modificar la política económica que desde 1976 ha sostenido, el gobierno corre pues el riesgo de arruinar definitivamente las débiles relaciones que viene tejiendo con el sindicalismo desde julio pasado, cuando asumió la presidencia el general Reynaldo Bignone. En desarrollo de esa estrategia, el gobierno había anunciado su intención de derogar la ley que anuló el derecho de huelga y reformar la ley sindical, logrando así que el hombre "máximo" dentro de la CGT-RA, Lorenzo Miguel, sostuviera numerosos contactos con altos jefes militares.
Observadores en Buenos Aires sostienen que dichos contactos con Miguel tendrían como objetivo gestar un acuerdo entre los militares y ese sector --considerado el mayoritario dentro del sindicalismo peronista-- en torno a un candidato presidencial "concertado" que pueda ser apoyado por éstos en las elecciones internas del movimiento justicialista.
En ese campo, son tres los precandidatos con alguna posibilidad de llegar a la presidencia de la República: Italo Luder, ex senador y presidente provisional del país, Angel Federico Robledo, ex ministro del Interior, y Antonio Cafiero, ex ministro de Economía.
Es obvio entonces que, de no manejar con tacto las actuales tensiones laborales, los militares corren el riesgo de ver derrumbarse los intentos de avanzar hacia la solución política encarnada en las anunciadas elecciones del próximo 30 de octubre.--

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