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| 9/18/1995 12:00:00 AM

SI POR AQUI LLUEVE...

El manejo poco claro de una cuenta bancaria tiene en la cuerda floja al vicepresidente del Ecuador. Allí también campea el escandalo político.

LOS ECUATORIANOS NO HAN TENIDO POR estos días mucho tiempo para pararle bolas a la crisis política de Colombia. Esta apenas si alcanza a ser una noticia de segundo orden por el escándalo de corrupción que sacude a este país y que tiene cautivada toda su atención. El vicepresidente, Alberto Dahik, está siendo juzgado por manejo indebido de fondos del Estado.
En este proceso por corrupción, además de Alberto Dahik están vinculados sus dos secretarios privados: Juan Mario Prieto y Gladys Merchán. A nombre de estos dos funcionarios figura una cuenta corriente en el Banco del Pacífico con dineros destinados a financiar los gastos reservados de la vicepresidencia.
A la espectacularidad de los sucesos se ha sumado la rapidez con que se ha llevado el caso. A la Corte Suprema de Justicia le bastaron tres días para conocer la denuncia, sindicar y llamar a juicio. La celeridad tiene sorprendida a la clase política, hasta el punto de que el presidente Sixto Durán Ballén se refirió al tema. Al opinar sobre las denuncias, cuestionó la rapidez del proceso y deploró la politización de la justicia en su país. Y es que tras este enjuiciamiento parece haber una rivalidad entre el Partido Conservador, en el poder, y su mayor opositor, el Partido Social Cristiano.
La historia de este enfrentamiento se remonta a dos meses atrás, y tiene que ver con una aparente imprudencia del segundo al mando. En una reunión informal con periodistas, Dahik comentó muy a la ligera que el gobierno le había entregado a varios miembros del Congreso partidas extrapresupuestarias -auxilios-, para garantizar la aprobación ágil de los proyectos de ley sobre privatizaciones y modernización del Estado. Conducta que si bien aún no está tipificada como delito, sí quedó expresamente prohibida en la nueva Constitución. Como si esta develación no fuese suficiente, en su charla el vicepresidente también contó sobre pagos a los jueces de la Corte Suprema de Justicia para que fueran ratificadas algunas leyes.
Con semejante noticia entre manos, un periodista no se aguantó las ganas y la publicó, citando como fuente un miembro del alto gobierno. Las especulaciones sobre que Dahik era el informante fueron confirmadas cuando el comunicador declaró ante la Corte Suprema de Justicia.
El vicepresidente convocó a una rueda de prensa y, aunque con palabras menos reveladoras, acusó a los parlamentarios del opositor Partido Social Cristiano y a los miembros del Movimiento Popular Democrático de haber recibido los auxilios. Se abstuvo, sin embargo, de divulgar los nombres de los jueces involucrados. Simultáneamente, para tratar de bajarle el tono al escándalo, el presidente Durán Ballén lanzó una brigada de lucha contra la corrupción y anunció la conformación de un grupo de vigilancia 'manos limpias', para velar por el correcto uso de los dineros gubernamentales.
Lejos de obtener un reconocimiento por sus denuncias, Dahik pasó de acusador a acusado. En el Congreso de Diputados comenzó a caminar la idea de adelantarle un juicio político por corrupción, auspiciado por las colectividades por él señaladas. Incluso se propusieron dos procesos, pero las voces de que las partidas extrapresupuestarias eran necesarias, acallaron las acusaciones de cohecho.
La mecha se prendió nuevamente el miércoles de la semana pasada. Los diputados social cristianos Xavier Neira y Rafael Cuesta se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia, con datos de una cuenta en el Banco del Pacífico, y entablaron una denuncia en contra de Dahik y sus dos secretarios. Los parlamentarios señalaron que en 27 días en una cuenta a nombre de Crespo y Merchán se habían movido 1.100 millones de sucres (367 millones de pesos), operaciones que ellos consideraban sospechosas. Esa misma noche el ente judicial sindicó al vicepresidente y a sus funcionarios por manejo indebido de fondos del Estado.
El siguiente capítulo del escándalo se registró el jueves. Dahik señaló que desde las cuenta en cuestión se manejaban los fondos de la partida reservada de la Vicepresidencia y que éstas figuraban a nombre de sus secretarios, por ser personas de entera confianza. Añadió que la Contraloría podía dar fe del buen manejo de los dineros ya que había fiscalizado cada transacción. Su intervención ante la prensa no se limitó a la defensa, lanzó nuevas acusaciones en contra de detractores, aseguró que Cuesta y Neira habían sobornado a los empleados del Banco del Pacífico para que violaran el sigilo bancario y que, además, habían transgredido las normas de ley penal.
A pesar de sus alegatos, las cosas para Dahik no parecen estar muy claras. El viernes el diario El Comercio reveló que el reglamento sobre el manejo de las partidas reservadas prohíbe expresamente que éstas se manejen desde cuentas particulares. Estos dineros únicamente pueden ser consignados en el Banco Emisor. Además de estos hechos, el vicepresidente tiene la opinión en su contra, pues el 93 por ciento de los ecuatorianos tiene de él una imagen desfavorable.
Los hechos ocurridos la semana pasada dejan sensaciones encontradas entre los ecuatorianos. Por una parte, finalmente pudieron conocer un caso real de corrupción, fenómeno que ha permanecido latente; por otro, lo sucedido parece más producto del interés de los socialcristianos de recobrar el espacio perdido, al enfrentarse a un hombre impopular que ostenta el poder tras el trono, que de luchar por erradicar las viejas costumbres políticas. -
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