Lunes, 23 de enero de 2017

| 1988/03/28 00:00

¿SIGUE SIENDO EL REY?

La permanencia del general Noriega en el poder en Panamá, más comprometida que nunca después de los sucesos de la semana pasada

¿SIGUE SIENDO EL REY?

"El que se va es otro" fueron las palabras que el coronel Marcos Justinés, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa Panameñas, dijo a la prensa a las 6 de la tarde del jueves, una hora después de que el hasta ese día presidente, Eric Delvalle apareciera en su propio canal de televisión, destituyera al general Manuel Antonio Noriega, máximo jefe militar del país, y nombrara al coronel Justinés en su remplazo. "El único comandante es Noriega y quien se va es el Presidente", agregaron los demás coroneles del Estado Mayor, echando al traste el intento de Delvalle por solucionar la aguda crisis institucional que vive Panamá desde hace más de 3 años y que tiene como protagonista central al general Noriega.
Poco después, envalentonados ante la actitud de sus superiores, los efectivos del ejército panameño salieron a las calles de las principales poblaciones del país y organizaron manifestaciones populares en respaldo a Noriega. Mientras Delvalle se veía obligado a abandonar la Casa de Gobierno y recluirse en su mansión rodeada de palmeras en los altos de la ciudad de Panamá, los civiles de clases media y alta,que horas antes habían salido de sus casas y oficinas para saludar con alborozo la destitución del general Noriega, lo imitaban, huyéndole a la represión de los uniformados.
"Durante algunos minutos hubo en el centro de la ciudad una gran confusión. Era difícil saber a ciencia cierta si la algarabía que mostraban algunos grupos de manifestantes, era por la destitución de Noriega o por el respaldo que las Fuerzas de Defensa le habían dado al general", dijo a SEMANA un colombiano que regresó a Bogotá el sábado en la mañana. Con el paso de las horas, las cosas se fueron aclarando. Al menos por el momento, Noriega se quedaba y Delvalle parecía adentrarse en un callejón sin salida. Esta impresión quedó confirmada en horas de la madrugada, una vez los amigos de Noriega lograron reunir a las carreras y poniendo a su servicio todos los helicópteros militares del país, a la Asamblea Nacional. De los 67 diputados del cuerpo legislativo panameño, los 34 pertenecientes al Partido Revolucionario Democrático (fundado en tiempos de Torrijos y actualmente controlado por Noriega) decidieron por unanimidad destituír a Delvalle y remplazarlo por su ministro de Educación, Manuel Solís Palma, quien hacia las 2 de la madrugada del viernes, asumió oficialmente el cargo.
El procedimiento fue calificado de abiertamente inconstitucional por la oposición que aunque aceptaba que la Asamblea tiene facultades para remover al Presidente, alegaba que debía haber nombrado en su remplazo al vicepresidente Roderic Esquivel. El problema es que Esquivel había a su vez abandonado el cargo tras la crisis de septiembre pasado, después de un agrio enfrentamiento con Delvalle. Según la Constitución, en este caso debía ser nombrado entonces uno de los ministros, como en efecto sucedió, más no por la Asamblea, sino por el Consejo de Ministros.
Es bueno recordar que Delvalle fue designado primer vicepresidente en las elecciones de 1984, como compañero de fórmula de quien entonces ganó la presidencia, el economista Nicolás Ardito Barletta, en una papeleta en la que el candidato a segundo vice presidente era Esquivel. Ardito fue removido por presiones de Noriega en el 85 y Delvalle asumió la presidencia.
Para cualquier observador desprevenido, puede resultar cuando menos curioso este sistema de elegir un presidente y 2 vicepresidentes para un período presidencial que no es particularmente largo. La explicación la han dado los mismos hechos: en Panamá ha habido, en lo que va corrido de los 80, casi tantos mandatarios como los que hubo en la inestable Bolivia a lo largo de toda la década de los 70. Pero como en el caso panameño, los cambios no se dan porque un general remplace a otro, pues el único general desde 1981 ha sido Noriega, sino por un sistema que permite remplazar un civil por otro, manteniendo permanentemente otro más en la suplencia.
Como quedó evidenciado el viernes pasado, este sistema no es sin embargo perfecto. De hecho, ese día hubo 2 gobiernos en Panamá. El de Delvalle, quien declaró telefónicamente desde su casa (ningún periodista pudo llegar hasta ella) que seguía siendo el presidente constitucional. Y el de Solis, que si bien se encuentra muy cuestionado desde el punto de vista jurídico, tiene a su favor la verdadera fuente del poder en el istmo: el estamento militar.
ERROR DE CALCULO
Pero más allá de toda esta filigrana jurídica, lo que muchos se preguntaron a fines de la semana pasada, era el porqué Delvalle, que más que nadie debía ser conciente de las grandes limitaciones de su poder, había decidido jugársela destituyendo a Noriega. Se llegó a especular con insistencia que, a sabiendas de que Noriega ya no lo quería y de que pensaba remplazarlo, el Presidente quiso sentar un precendente y, con un golpe de opinión, dejar en claro de una vez por todas, a costa de su propia presidencia, que en Panamá la democracia no existe.
Sin embargo, SEMANA pudo establecer con base en informaciones obtenidas en Panamá, Washington y Nueva York, que la verdad es otra. Un periodista del Washington Times había revelado desde principios de enero, que Delvalle tenía planes para sustituír a Noriega de la comandancia de las Fuerzas de Defensa, una versión que voceros del gobierno panameño se apresuraron a desmentir. No obstante, desde esos días hasta la semana pasada, jamás se logró una declaración suficientemente afirmativa o negativa de Delvalle sobre el asunto. Por el contrario, lo cierto es que, en un viaje no oficial y casi clandestino realizado el miércoles 16, Delvalle se entrevistó en Miami con el subsecretario de Estado para asuntos latinoamericanos, Elliot Abrams. Todo parece indicar que, en ese encuentro, se convino un plan para que Delvalle aprovechara supuestas fisuras internas en las Fuerzas de Defensa, para remover a Noriega. Una semana después de la entrevista, un periodista del opositor diario La Prensa, le preguntó al vocero presidencial José Hernández sobre esta versión. La respuesta no dejó dudas de que algo estaba pasando: "Ni lo afirmo, ni lo niego", dijo el funcionario.
Pero según pudo establecer esta revista con un alto funcionario diplomático panameño, el problema es que Abrams y Delvalle basaron su análisis en informaciones equivocadas. En efecto, funcionarios menores del departamento de Estado en Washington, se habían venido entrevistando con dirigentes empresariales de la oposición panameña, que desde noviembre venían sugiriendo la idea de que había fisuras en la cúpula militar de su país. "Eran personas que estaban pensando con el deseo", comentó a SEMANA el diplomático. De ahí surgió el desenfoque que llevó a Abrams a convencer a un incrédulo Delvalle de que se jugara la carta definitiva. El libreto concebido por el departamento de Estado preveía que el coronel Justinés y algunos de sus colegas del Estado Mayor, se sentirían atraídos por el cebo del poder, traicionarían a Noriega y respaldarían a Delvalle.
Nada más errado. De nuevo, como había sucedido con los casos de Irán, Libia, Nicaragua y el famoso episodio de la cumbre Reagan-Gorbachov en Reikjavik -cuando el Presidente norteamericano quedó fuera de base ante las audaces propuestas del mandatario soviético- la diplomacia de Washington hizo agua. Las informaciones fueron escasas y equivocadas. El departamento de Estado, que se había salvado en 1986 de ser salpicado por el escándalo Irangate ya que en esa ocasión nunca fue consultado, se quiso encargar solito del caso Panamá. Todo indica que el plan no contó con el respaldo de la CIA, agencia muy vinculada a Noriega en el pasado y que sabía del sólido respaldo con el que cuenta el general entre la oficialidad panameña.
No es esta la primera vez en que el Departamento de Estado y otros organismos del gobierno norteamericano, tienen diferencias de criterio en la cuestión Noriega. Hace 15 días, cuando Washington preparaba el anuncio de las sanciones comerciales a Panamá, un grupo de expertos de la DEA, la división de narcóticos del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, recomendó en un memorando no aplicar esas sanciones, porque no tendrían ninguna utilidad.
Tampoco era la primera vez que el gobierno norteamericano había tratado de negociar la salida del hombre fuerte panameño. Precisamente la última ola de presiones contra Noriega comenzó cuando José Blandón, cónsul de Panamá en Nueva York fue destituído por revelar un plan elaborado con funcionarios norteamericanos desde septiembre del año pasado, según el cual Noriega dejaría la comandancia en abril y habría elecciones generales en 1989. Según parece, la destitución del cónsul y el fracaso de su esquema, llevó a las autoridades norteamericanas a propiciar que Blandón desencadenara las acusaciones de conexiones con el cartel de Medellín, en un esfuerzo por desprestigiar, de una vez por todas y para siempre, al general y así cerrar el cerco en torno a él.

LO QUE VIENE
Lo grave de que se estén agotando las salidas diplomáticas a la crisis de Panamá es que, en opinión de algunos, cuando esto sucede es precisamente cuando más se comienzan a estudiar las opciones de facto. Aunque una intervención directa en Panamá de tropas norteamericanas -que ni siquiera tendrán que desembarcar pues hay 10 mil marines estacionados en las bases del Canal- es descartada por la mayoría de los analistas, es evidente que si Noriega sigue ganando las juegos que le propone Washington, al gobierno de Reagan, que tiene muy claro que Panamá es uno de los puntos de mayor importancia estratégica en el mundo, no le quedarán muchas opciones para escoger.
Una de esas opciones, que ya está siendo utilizada es la de las sanciones económicas. En junio del año pasado, el gobierno norteamericano suspendió la ayuda al gobierno panameño, que consistía en 32 millones de dólares en apoyo militar y en proyectos de desarrollo. A partir de la semana pasada, se viene aplicando además un bloqueo a las exportaciones panameñas que ya no podrán ser adquiridas por compradores de los Estados Unidos, así como los empresarios panameños ya no podrán importar bienes del vecino del norte.
Pero, como suele suceder, los efectos de este tipo de medidas no siempre son los más convenientes para obtener los objetivos que se buscan. De hecho, los más afectados con estas restricciones son precisamente quienes están más interesados en tumbar a Noriega, o sea los empresarios de la burguesía panameña. Que se sepa, Noriega y sus amigos poco o nada exportan -al menos legalmente- a los Estados Unidos. Por el contrario el destituído Delvalle va a tener que sufrir en carne propia las sanciones pues es el propietario de uno de los dos únicos ingenios azucareros de país.
Ante el agotamiento de las jugadas diplomáticas ideadas por Washington y la escasa efectividad de las sanciones económicas, el fantasma de la intervención militar asusta más. Es por eso que, en forma desesperada dirigentes y gobiernos de la región han estado buscando otras salidas políticas a la crisis panameña. Hace algunos días, los ex presidentes Alfonso López, de Colombia, Carlos Andrés Pérez de Venezuela, y Daniel Odúbe de Costa Rica, que como mandatarios fueron testigos y cosignatarios de los tratados Torrijos-Carter en 1977 se reunieron en Panamá con el general Noriega. En esa ocasión, firmaron un compromiso en el que Noriega aseguró que se mantendría la fecha de las elecciones generales para mayo de 1989, para las que se establecería mecanismos de verificación que garantizaran la pureza del sufragio, que se reestablecería la total libertad de expresión en Panamá. Así mismo, Noriega se comprometía a buscar la distensión en las relaciones con Estados Unidos "mediante el mutuo respeto del principio de no intervención". Este documento iba a ser presentado por los ex presidentes al secretario de Estado norteamericano, George Schultz, con el fin de obtener de Washington el respectivo respaldo a esta solución, cuyo cumplimiento sería verificado por Costa Rica, Venezuela, Colombia y los propios Estados Unidos.
Es obvio que el futuro de esta fórmula es ahora, después de los acontecimientos del jueves, muy oscuro. Pero otras salidas están siendo exploradas. La convocatoria de urgencia a la Organización de Estados Americanos para el sábado en la tarde, indicó que de parte de los gobiernos del área existe una gran preocupación sobre el desarrollo que puedan tener los acontecimientos. Indicó también que, como había sucedido ya con la declaratoria del grupo de los Ocho (Contadora y el grupo de apoyo) hecha el viernes y que no fue firmada por Panamá, cuyo canciller fue marginado de la parte final de las reuniones, el ambiente entre las democracias de la zona no es el más favorable a Noriega. Las declaraciones del gobierno colombiano, por ejemplo, apuntan a condenar la injerencia del poder militar en los asuntos civiles en Panamá.
En fin, Noriega se encuentra hoy más acorralado que nunca. Las acusaciones sobre sus vinculaciones con el cartel de Medellín le han socavado su ya deteriorada imagen internacional, y lo sucedido la semana pasada con el retiro del presidente Delvalle, le recordó a la opinión internacional que Panamá, simple y llanamente, no es un democracia. Pero Noriega tiene todavía una carta que jugar: apelar, como de hecho ya lo ha venido haciendo, al expediente nacionalista según el cual todo no es más que una patraña ideada por Washington para justificar el incumplimiento de los tratados sobre el Canal, que debe ser devuelto totalmente a manos panameñas en 1999. El general ha demostrado en más de una oportunidad que, gracias a las simpatías que aún sigue despertando un ejército autor de numerosas obras de desarrollo social entre los más pobres, puede apelar a estos cuando necesite una movilización popular. Como si fuera poco, estas mismas gentes no han logrado identificarse con la cruzada civilista emprendida por la burguesía de la capital, porque a pesar de que puedan saber que Noriega no es un santo, saben también que quienes se oponen a él no están en capacidad de ofrecerles nada mejor.
Este es el convulsionado escenario en el que deberá jugarse en los próximos días el futuro de Panamá. Por un lado, Noriega, con el monolítico respaldo de las Fuerzas de Defensa y con un nada despreciable ascendiente popular. Por el otro, la burguesía panameña, respaldada por Washington y, ahora quizá también, por los gobiernos democráticos del área. Las cartas están sobre la mesa y quien mejor sepa jugarlas, ganará la partida.

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